El derecho de la inocencia es algo que los mexicanos no logramos comprender por el trasfondo de este y afirmamos cosas que por más que las parezcan, no lo son.
Un concepto mal conocido, y pobremente aplicado en nuestro país. No porque sea algo complicado. En pocas palabras consiste en que todos tenemos el derecho a ser considerados inocentes hasta que se pruebe lo contrario, a satisfacción de un tribunal de justicia, con pruebas incontrastables y conforme a las leyes del país.
Un derecho humano fundamental, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU y la inmensa mayoría de sus miembros. Firmada, por supuesto, por México. Tristemente, como una buena cantidad de los acuerdos internacionales firmados por nuestros gobiernos, lo son para mantener una imagen internacional, pero no se aplican en el país en plenitud. De hecho, hasta la Reforma Penal del 2008 que debería entrar en vigor plenamente en 2016, la Constitución no reconocía este derecho.
Estrictamente, a la sociedad tampoco le importó demasiado. Las comisiones de derechos humanos, que se establecieron para vigilar el cumplimiento de dichos derechos, no han logrado comunicar por qué el tema es importante. Y así, cuando alguien es acusado de un crimen y el juez anula el procedimiento por haberse violado las garantías del acusado, la sociedad en vez de protestar contra quién no respetó la presunción de inocencia, la toman contra el juez. Tal parece que estábamos más tranquilos cuando las policías fabricaban culpables que ahora que se les exige comportarse conforme a derecho.
Esto, por supuesto, se refleja en los medios. Para ellos, el hecho de que alguien sea acusado o investigado ya es una señal segura de culpabilidad. Se difama simplemente diciendo: “ya lo están investigando”. Y la difamación funciona porque la sociedad acepta que eso ya es un hecho. Lo cual no debería ser así. El que alguien sea investigado o acusado no significa que sea culpable. La propia investigación podría demostrar la inocencia del acusado. Pero ¿funciona así? No, por desgracia. Tiene más credibilidad la acusación que el dictamen de un juez de que no hay materia para su comprobación. Los medios publicitan la acusación y no mencionan el dictamen de inocencia.
Supongamos que a un funcionario se le acusa de corrupción. Tras un linchamiento mediático, un tribunal dictamina que no hay sustento para la acusación. ¿Cómo reaccionan los medios? Con un total silencio. ¿Y la sociedad? Muchas veces con la frase que pretende ser ingeniosa: “Lo acusaron de corrupto, no de… imbécil”. La mancha queda y el daño no se repara.
¿Y a qué viene todo esto? Porque estamos en un momento de acusaciones sin sustento desde múltiples frentes. El EZLN acusa al presidente del asesinato del activista Samir Flores y, según se dice, la revista Proceso le hará eco. El director de la CFE acusa a varios expresidentes de destruir la institución. Cuando alguien es asesinado, se le acusa de nexos con el narco. Todo ello sin pruebas, sin acusación formal. El linchamiento ocurre en los medios y muchos de ellos, que viven del sensacionalismo, le dan cabida e impulsan la acusación, sin aportar pruebas.
¿Por qué se sigue haciendo esto? Porque funciona. Porque la presunción de inocencia no es valorada por la mayor parte de la sociedad. Si la exigiéramos, los difamadores se cuidarían bien de acusar sin pruebas. Pero saben que están seguros. Que la sociedad no les pedirá cuentas.
Lo que ocurre en este caso, como en algunos otros, es que se proclaman leyes que no reflejan los valores de la sociedad. Y por supuesto, se les puede violar impunemente porque no tienen el respaldo de la ciudadanía. Podemos, por supuesto, criticar a medios, funcionarios, policías, jueces y particulares de acusar sin pruebas, de condenar sin fundamento. Pero si no valoramos en nuestra vida diaria esa presunción de inocencia, la situación no cambiará. Y eso facilita el encono, las actitudes dictatoriales, el odio entre ciudadanos. Mientras la sociedad no valore y exija el cumplimiento de este derecho humano, muy pocas cosas cambiarán.
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