“No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia”, aseveró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, mientras confirmaba los lamentables asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y jefe de asesores, respectivamente, de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.
Un día después, parte de las especulaciones públicas se confirmaban por la fiscal General de Justicia y el secretario de Seguridad Pública de la capital del país: el ataque fue directo, planeado y, según la autoridad, “implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos y materiales”.
La pregunta entonces es: ¿quiénes tienen el poder y los recursos necesarios para ejecutar tales acciones delictivas? ¿Cuáles fueron los móviles que tuvieron para esta ejecución, que ataca directamente al corazón de la cuarta transformación que gobierna la CDMX desde 1997?
El mensaje para los gobiernos morenistas, pero también para los mexicanos, es muy grave.
Tan solo en el primer trimestre de 2025 fueron asesinados 50 políticos en el país, lo que evidencia la enorme fragilidad institucional en la que vivimos. Llevamos ya mucho tiempo con alertas encendidas por la violencia que nos azota ante la ineficiencia gubernamental para detenerla. Las cifras de homicidios y desaparecidos caminan de la mano y por más que se intente maquillar la realidad, todos los días hay señales de que la estrategia en la materia sigue sin funcionar.
Se ha escuchado de muchos actores políticos, incluso de la oposición, que el gobierno de Claudia Sheinbaum cambió la estrategia y ahora sí, a diferencia del gobierno de López Obrador, se han visto decomisos y detenciones de líderes de los grupos criminales, lo cual es una verdad a medias, porque lo mediático contrasta enormemente con la realidad.
En principio, porque la negación del problema es una constante en el gobierno morenista, pero también porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana no tiene el control operativo de los cuerpos de seguridad, que hasta este momento están bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se ha filtrado incluso información sobre las diferencias en el gabinete de seguridad, especialmente entre los mandos militares y el mando civil, al grado de que el exaspirante a la jefatura de gobierno capitalino, Omar García Harfuch -luego de las crisis más evidentes que se dieron desde lo sucedido en Teuchitlán, Jalisco, así como las alertas que ha lanzado el gobierno de Estados Unidos sobre el dominio de la delincuencia organizada en el territorio nacional-, realizó una gira mediática para informar sobre los supuestos avances en la materia, que se desmienten con la realidad que viven los mexicanos.
Hablar de decomisos, detenidos y operativos no es necesariamente un cambio de estrategia, sobre todo cuando el poder político está más ligado que nunca al poder fáctico. Mientras los Rocha, los Ávila-Torres, los Monreal, los Villarreal, los López, los Salgado Macedonio, entre muchos otros, sigan bajo la protección del manto de la impunidad, la estrategia no funcionará.
El crimen de las personas más cercanas a la jefa de Gobierno de la CDMX no debió suceder, como tampoco el de las más de 200 mil personas asesinadas en los últimos seis años. Reitero, la impunidad es el signo de los gobiernos morenistas, que pretenden gobernar con la simple narrativa de una transformación que en los hechos se convirtió en una deformación institucional.
La presidenta de México, como ha sido costumbre de los cuatroteístas, pide detener las especulaciones y exige una “crítica responsable” lo que, dado el estilo de su gobierno, significaría guardar silencio y hacer como si no pasara nada, mientras convierten el velorio de sus cercanos en un lamentable mitin político en apoyo a los gobernantes.
Si la titular del Ejecutivo hace esa exigencia ¿por qué los ciudadanos no podemos exigirle, a ella y todo su gobierno, que sean responsables y den resultados en la política pública?
La próxima elección judicial pinta, además y como lo advertimos, para aumentar los riesgos para el país, pues la ambición morenista de mantener el control político para beneficio de unos cuantos no ha tenido límites. De hecho, en esta destrucción anunciada, el crimen organizado será el que haga fiesta el día 1 de junio, porque definitivamente no será la fiesta de la democracia y menos de los mexicanos.
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