México se ha convertido en el país de las promesas encendidas y las verdades apagadas, el huachicol fiscal se ha convertido en el combustible sucio que alimenta campañas, privilegios y reformas sin consenso. Mientras la procuradora Fiscal, Grisel Galeano, estimó que el país ha perdido hasta 600 mil millones de pesos por contrabando de combustibles, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la cifra, alegando que aún no hay una base de datos oficial. Dos versiones del mismo incendio, pero con distinto humo.
La contradicción no es técnica, es política. Porque si el daño es tan profundo como se estima, estamos ante uno de los mayores saqueos fiscales en la historia reciente. Y si no lo es, ¿por qué los nombres que emergen de las investigaciones están ligados al círculo íntimo del poder?
El escándalo del huachicol fiscal no solo es una red de evasión tributaria, es también una puerta abierta del crimen organizado. El combustible robado se convierte en moneda de cambio, en financiamiento para armas, sobornos y expansión territorial. En estados como Tamaulipas, Veracruz y Baja California, cárteles locales han infiltrado empresas fachada que importan gasolina de forma ilegal, operan estaciones de servicio y lavan dinero a través contratos públicos.
Esta convergencia entre corrupción política y crimen organizado no solo erosiona el Estado de derecho: convierte al huachicol fiscal en una arteria más del poder criminal que respira dentro de las instituciones. El huachicol fiscal tiene rostro, apellido y padrinos. Veamos solo algunos ejemplos:
En Sinaloa, el hijo del gobernador Rubén Rocha Moya aparece vinculado a empresas que operan en el sector energético, presuntamente implicadas en esquemas de importación fraudulenta.
En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal enfrenta señalamientos por una red de contrabando que involucra a Tania Contreras, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, y a su cuñado Juan Carlos Madero Larios, exdirector de Aduanas.
En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda enfrenta una tormenta política tras la revocación de visas por parte del gobierno estadounidense, tanto a ella como a su esposo Carlos Torres Torres. Diversos reportes señalan que Torres y su hermano están bajo investigación en México y EE.UU. por presunta participación en esquemas de huachicol, lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas. Aunque la mandataria ha iniciado un proceso de divorcio y busca deslindarse, la sombra del escándalo se proyecta sobre su administración.
Pero el caso más emblemático es el de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador: Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán. Su cercanía con el empresario tabasqueño Amílcar Olán, quien obtuvo contratos millonarios en el Tren Maya y el sector salud, ha sido documentada por diversos medios de comunicación y organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Olán, señalado como operador clave en el huachicol fiscal, habría transferido 3 mil millones de pesos a Suiza y entregado sobornos a ingenieros militares para asegurar contratos en tramos del Tren Maya. Además, adquirió terrenos cerca de la refinería de Dos Bocas y celebró contratos con “mochaditas” que lubricaban la corrupción.
Y los excesos no se limitan a contratos. Se han documentado viajes, propiedades y lujos adquiridos por estos y otros personajes de la transformación que orgullosos muestran sus opulencias, como si con ello certificaran la impunidad oficialista.
Por si fuera poco, diversos analistas señalan que parte de estos recursos fueron canalizados a la operación electoral de Morena, lo que genera una cadena de delitos, pero además consolida una desventaja estructural para las oposiciones. Competir en estas condiciones es como correr un maratón con los pies atados donde la equidad democrática se convierte en una ilusión.
Y lo que está en juego no termina en las urnas. Morena busca impulsar más reformas constitucionales en materia judicial, electoral y energética. Si el huachicol fiscal consolidó territorios, financió operadores y compró lealtades, esas reformas podrían aprobarse sin contrapesos reales. Serían fogatas legislativas encendidas con gasolina robada.
La presidenta ha prometido, igual que su antecesor, “cero corrupción y cero impunidad”, el mensaje verbal es constante pero la realidad de los datos, muestra acciones contrarias a sus dichos. Y mientras, los barcos siguen llegando, las estaciones siguen vendiendo y los “operadores” siguen operando. El silencio institucional, las contradicciones en Palacio Nacional, y la opacidad en torno a los verdaderos beneficiarios del huachicol fiscal configuran un escenario donde la corrupción no solo roba dinero: roba democracia.
El huachicol fiscal es más que un delito económico. Es el combustible sucio que enciende el poder, es la gasolina que compra los votos. Y mientras no se investigue a fondo, mientras no se sancione a los verdaderos responsables, seguirá siendo también el combustible de la impunidad, de las reformas sin consenso y de las elecciones sin equidad.
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