Justicia Electoral

La imparcialidad y honestidad de quienes conforman el INE y el Tribunal Electoral son determinantes de la confianza que la sociedad da a las elecciones.



Como es bien sabido, la farsa de la democracia mexicana durante el priísmo tenía entre sus elementos fundamentales que el Gobierno-PRI era juez y parte en el proceso electoral. La Comisión Federal Electoral asentada en la Secretaría de Gobernación organizaba todo el proceso y lo calificaba, aunque la última parte de la calificación la realizaban los mismos legisladores que acababan de ser elegidos, con lo que era pan con lo mismo. Por eso, la transición política tuvo como uno de sus elementos principales la transformación del modelo.

Otro elemento importante de los años de la dictadura perfecta fue que el sistema judicial mexicano no intervenía para nada en el proceso. Los tribunales y la Suprema Corte permanecieron ajenos a la vida democrática y veían las elecciones de lejos, por más que resultara evidente la violación de la legislación electoral en muchos casos. No había, por tanto, justicia electoral.

Como consecuencia de la lucha de la sociedad y los partidos por cambiar este escenario de simulación democrática, fue la transformación del sistema electoral mediante sucesivas reformas constitucionales y legales que además de sacar la organización de la organización y calificación del proceso de Gobernación, mediante la creación del IFE, también se abrió el sistema judicial a la vigilancia de la legalidad del proceso. Por un lado, se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, adscrita a la Procuraduría General de la República en aquellos años y se estableció un tribunal especial para juzgar las violaciones de la Ley.

Fue así como se llegó a la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien no sólo analiza los delitos electorales sino, también, las denuncias respecto de las violaciones a la legislación electoral. Son numerosos los casos en los que los partidos políticos se han inconformado ante el Tribunal en relación con resoluciones del INE, como la aprobación de los nuevos partidos, y a la Sala Superior del Tribunal le corresponde la calificación final de la elección del Presidente de la República.

Las sucesivas reformas electorales, con sus avances y retrocesos, con sus limitaciones e imperfecciones lograron un cambio de fondo y de forma al proceso electoral y lograron, en gran medida, la autonomía del proceso, al menos por parte del gobierno en turno. La consecuencia de ello ha sido el fenómeno de la alternancia de quienes encabezan los poderes legislativo y ejecutivo en nuestro país. Gracias a ello México inició el difícil y tambaleante desarrollo de la democracia en México, que a muchos tiene insatisfechos, pero que es susceptible de mejoramiento en la medida en que los procesos para ejercer la vida democrática del país sean independientes, transparentes y legales.

Por ello ha sido tan importante y preocupante la designación de quienes son los responsables del proceso electoral, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. La imparcialidad y honestidad de quienes conforman estos dos organismos son determinantes de la confianza que la sociedad da a las elecciones. Por ello han resultado alarmantes las recientes noticias de quien, por diversos motivos, había sido puesto bajo la lupa acerca de su idoneidad como magistrado y, ahora, como Presidente del mismo.

Resulta que, como consecuencia de lo mismo, el magistrado presidente José Luis Vargas ha sido señalado por la Unidad de Inteligencia Financiara por el gasto de 36 millones de pesos en los últimos seis años, que no cuadran con los ingresos declarados al fisco, lo cual lo hace sospechoso de “enriquecimiento inexplicable”, como suele decirse y del origen de esos recursos.

Por supuesto que el magistrado José Luis Vargas se defenderá de los señalamientos de la UIF, quizá pueda volver explicables esos recursos. Y como la Judicatura Federal no tiene competencia sobre el Tribunal Electoral, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar Lalo de Larrea, exhortó al ministro Vargas a que aclare este asunto.

Se trata de que ha surgido el “sospechosismo” sobre la imparcialidad de uno de los encargados de la impartición de justicia electoral, asunto de gravedad en el momento en que se ha iniciado ya el proceso para las elecciones del año próximo, y en donde se han hecho señalamientos y críticas respecto de las últimas resoluciones del Tribunal en torno a la aceptación y rechazo de algunos de los nuevos partidos que habrán de contender en este proceso. Por lo pronto, y en tanto se aclara el asunto, lo más digno sería que el ministro pidiera licencia y se ausentara del cargo.

Esto resulta tanto más importante, por la complejidad política que estamos viviendo, en donde existen serias preocupaciones en torno a la cooptación de los otros poderes por parte del Ejecutivo. Si cuando el río suena agua lleva, los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera no son silenciosos, hacen mucho escándalo.

 

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