El presidente, ha “perdonado” a los corruptos del pasado.
Para que la Cuarta Transformación tenga éxito, como pretende su líder Andrés Manuel López Obrador, es necesario realizar cambios, y algunos ya están en marcha, para bien o para mal. Sobre lo primero habrá que esperar y respecto de lo segundo, ya se avizora que no serán buenos. Los cambios sólidos y con aspiración a permanecer, serían aquellos que tengan fundamento legal. En cambio, desde el principio del sexenio hemos observado que cuando la ley estorba, no se le hace caso bajo el argumento de que “no es justa” y se le viola con la mano en la cintura. Por eso ya hay amparos en puerta, que por supuesto molestan al morenismo.
Ante las violaciones a las leyes por parte de la 4T, habrá que ver quiénes tienen interés jurídico y son afectados y a quiénes les corresponde su aplicación. La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, debe tener un plan de trabajo anual para revisar el comportamiento del Sector Público y sus programas, y aunque es un proceso lento –ya lo hemos visto en el caso de la Estafa Maestra– tarde o temprano se detectan las irregularidades y hasta las faltas y delitos. En ese sentido la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es muy amplia y se aplica, incluso, a quienes no sean funcionarios o burócratas, pero han manejado recursos del Estado.
El segundo camino para los cambios, las reformas legales, ya se empieza a transitar, pero con las dificultades que representa reformar o cambiar leyes; pero existe toda una técnica legislativa y un referente que es la Constitución, que de no tomarse en cuenta, abre las puertas a los amparos y exhibe a quienes han actuado mal, por desconocimiento o por falta de pericia, y finalmente no progresan en medio del descrédito.
Hay, sin embargo, quienes con más valor que ciencia, empiezan a impulsar reformas legales que van de lo simple a lo complejo, con grave riesgo para el país, ya sea que afecten al sistema político, a la vida del Congreso, a la vida de los estados o a los ciudadanos.
Hemos podido observar cómo las autoridades de la 4T toman decisiones a modo en el caso de los órganos autónomos a fin de neutralizarlos, con ganas de desaparecerlos; las reformas que proponen los ahora mayoritarios para reducir los subsidios a los partidos –que sí son muy altos– porque saben que ellos en cualquier caso tendrían muchos recursos, en tanto que sus adversarios apenas podrían subsistir y hacer campañas de poco impacto. Los presidentes de ambas Cámaras están felices con aparecer al frente de sus colegas, que no quieren dejar las sillas. Un gobernador electo que jugó por un periodo de dos años no está contento y promovió la ampliación de su mandato.
Resulta alarmante que se pretenda la creación de una nueva Sala de la Suprema Corte, “para combatir la corrupción”, cuando el presidente por su ronco pecho, sin documentación que lo soporte y en un acto de generosidad, ha “perdonado” a los corruptos del pasado, y por decreto decidió que a partir del 1 de diciembre pasado ya no hay corrupción en el país. ¿Entonces para qué una nueva sala? Los malos pensamientos indican que se trata de aumentar el número de ministros y simpatizantes de Morena, que puedan votar y, en caso de necesidad, apoyar a la 4T.
En cuanto a los particulares, han botado por ahí alarmas respecto de las intenciones del nuevo gobierno de expropiar los bienes ajenos, como corresponde a la mentalidad socialista, que dizque para distribuir la propiedad, empieza por concentrarla en los altos dirigentes del partido o del gobierno.
En fin, simular que se hace un Plan Nacional de Desarrollo con un rollo político, es parte de ese proceso de ajustar las normas a los deseos, no sólo del Ejecutivo que lo presentó, sino del legislativo que lo aprobó, apoyados en la resurrección de la mecánica de los levanta dedos que se practicó con singular alegría durante el siglo pasado.
Este es parte del esquema que se aplica en el camino sinuoso de la 4T y respecto del cual tenemos que estar alerta, para no ser víctimas del mismo.
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