El problema no es sólo constitucional

Esta consulta se convierte, de ese modo, en una auténtica “cacería de brujas”, como se dice.


Juicio a expresidentes


El empeño del presidente de la República de someter a consulta popular si los expresidentes deberían ser sometidos a juicio ha dado origen a diversas actividades que, a su vez, han sido inspiración para los periodistas, bloggers y youtubers. El Senado, por su parte, puso a trabajar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no poder decidir si la iniciativa del presidente López tenía o no carácter constitucional. La SCJN, en votación dividida, pareció tajar la cuestión con una decisión que a unos pareció un disparate jurídico mientras que a otros les pareció un veredicto salomónico. El supremo tribunal de la Nación decidió que la consulta no viola la Constitución, pero que la forma como estaba redactada la pregunta que deberá ser respondida por la ciudadanía ponía en riesgo los derechos humanos de los expresidentes, y por tanto ordenó que la misma deberá redactarse de distinto modo, más abierto, y sin mencionar nombres. Así que, velis nolis, la consulta se llevará a cabo, con el consiguiente dispendio financiero y humano, dando satisfacción a la voluntad presidencial.

Personalmente creo –e imagino que muchos otros mexicanos se mostrarán acordes conmigo– que la susodicha consulta es algo cuya naturaleza, lejos de ser debatida en los parlamentos o en los tribunales, debe ser simplemente tratada como lo que es: un asunto de ejercicio del derecho establecido y del simple sentido común.

Podríamos iniciar una reflexión al respecto preguntándonos: ¿Existe ya alguna acusación en contra de alguno o de cada uno de los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña? Si la respuesta es no, entonces convocar a una consulta popular para decidir si se enjuicia a alguno de ellos –o al mismo presidente actual, a algún servidor público o a un mero ciudadano de a pie– es invitar a que el pueblo decida que esa persona se convierta automáticamente en acusado y hasta proclamado culpable de algo de lo que aún ni siquiera se le acusa formalmente. Es como si la autoridad pidiera a la población que si sabe algo malo de alguien que lo diga para poderlo someter a juicio. El efecto pernicioso es inmediato: esa persona ya es culpable de algo, sin que haya mediado acusación formal, legal, alguna. Y como en el caso de los expresidentes sus nombres saltarán agigantados al público gracias al trabajo de los medios de comunicación, sus aún innominados crímenes serán considerados cometidos y juzgados. La presunción de inocencia, substrato indispensable de la aplicación de la ley, quedará arrinconada entre los cachivaches de la moral nacional. Esta consulta se convierte, de ese modo, en una auténtica “cacería de brujas”, como se dice. Los regímenes comunistas o tiránicos siempre se han acogido a ese tipo de actividades extrajudiciales para deshacerse de sus opositores, sin temer que cargar con la culpa de las consecuencias morales, sociales e históricas de esas acusaciones, la cual recaerá en el pueblo bueno y santo. Los kangaroo courts de Mao Tse-tung son un buen ejemplo de ello. Los miles de víctimas de las delaciones auspiciadas por Stalin y sus sucesores, son otro ejemplo.

Ahora bien, si la respuesta es afirmativa, o sea, si ya existen acusaciones en contra de alguno o algunos de los expresidentes, ¿hay necesidad alguna de pedir la opinión popular sobre si deben ser llevados a juicio o no? ¿No es algo que la misma acusación, si fue realizada en forma legal, apropiadamente, debe poner en marcha todos los movimientos de aprehensión, juicio, veredicto, sentencia y demás? ¿Quiere decir esto, entonces, que sí hay ya acusación pero que los encargados de aplicar la ley se han mostrado reacios a hacerlo? ¿Quiere decir que el mismo jefe actual del Poder Ejecutivo ha sido remiso en su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley? Él tendría que haber actuado ya, desde que tomó posesión, para hacer que las ruedas de la justicia se movieran y juzgaran a los acusados. ¿O acaso necesita de una orden expresa de la ciudadanía para hacer lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, en el momento en que lo debe hacer? De hecho, desde el mismo momento en que el actual presidente, siendo todavía candidato, manifestó que no tocaría judicialmente a los expresidentes (y que abrazaría a los mafiosos y demás criminales en vez de usar la fuerza pública contra ellos), debería haber sido descalificado como candidato, al proponer algo contrario a las obligaciones que pretendía aceptar y cumplir.

¿Qué deberá hacer el pueblo cuando se le diga que tiene que votar en la así llamada “consulta popular”? ¿Votar o no votar? La pregunta que se espera que el ciudadano responda sólo tiene dos respuestas posibles: sí o no. No habrá espacio para decirle al presidente que deje de hacer payasadas y se ponga a trabajar... o para incluirlo a él en la lista de los que deben ser llevados ante los tribunales.

 

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