Dejaron sus países, a sus familias y la seguridad relativa de sus hogares para ir a donde casi nadie quiere estar. Cruzaron fronteras devastadas por la guerra con la convicción de que su trabajo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, en los conflictos actuales, ayudar se ha vuelto una actividad letal. Trabajadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del sistema humanitario internacional han perdido la vida mientras intentaban asistir a poblaciones atrapadas en guerras cada vez más brutales.
Las cifras son contundentes. De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), 2024 fue el año más mortífero jamás registrado para los trabajadores humanitarios, con 383 personas asesinadas en contextos de conflicto armado. Lejos de revertirse, la tendencia continuó en 2025, cuando al menos 265 trabajadores humanitarios murieron antes de concluir el año, principalmente en Gaza y Sudán.
El secretario general de la ONU, António Guterres, no ha suavizado el diagnóstico. “Los trabajadores humanitarios están siendo asesinados en cifras récord”, advirtió públicamente, al señalar que muchos de ellos mueren “simplemente por hacer su trabajo”. En otro pronunciamiento, fue aún más directo: “Cuando atacan a quienes llevan ayuda, atacan la conciencia misma de la humanidad”.
Buena parte de estas muertes ocurrieron en escenarios donde el respeto al derecho internacional humanitario se ha erosionado de manera alarmante. Más de 170 trabajadores humanitarios murieron en Gaza durante 2025, mientras que Sudán registró al menos 36, según datos citados por agencias internacionales. Convoyes claramente identificados, hospitales y oficinas de la ONU han sido alcanzados por ataques armados, pese a su carácter civil.
Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en Sudán, a principios de junio de 2025. Un convoy del Programa Mundial de Alimentos (WFP) y UNICEF avanzaba hacia la ciudad de El Fasher, en Darfur, con camiones cargados de alimentos para comunidades al borde de la hambruna. La ruta había sido previamente notificada a las partes en conflicto, como marcan los protocolos humanitarios.
No fue suficiente. El convoy fue emboscado y cinco trabajadores humanitarios murieron, informó Al Jazeera. Algunos fallecieron dentro de los vehículos incendiados; otros, alcanzados por disparos mientras intentaban escapar. La ayuda nunca llegó a destino.
Tras el ataque, el WFP lanzó una advertencia sin rodeos: “Sin garantías de seguridad, no podemos salvar vidas”. La agencia recordó que sus colaboradores operan desarmados y dependen únicamente del respeto a los principios humanitarios. “Nuestros equipos no son combatientes. Son personas que llevan comida a quienes se mueren de hambre”, subrayó.
La violencia también ha golpeado directamente al personal de la ONU. Un recuento interno señala que al menos 21 integrantes del personal de Naciones Unidas murieron en ataques deliberados durante 2025, incluidos 12 cascos azules y nueve empleados civiles. En varios casos, las muertes ocurrieron mientras cumplían funciones de protección de civiles o apoyo logístico.
OCHA ha descrito el escenario con crudeza. “Nunca había sido tan peligroso ser trabajador humanitario”, reconoció el organismo en uno de sus informes más recientes. En 2024, además de los asesinatos, se documentaron más de 300 trabajadores heridos, 125 secuestrados y decenas detenidos arbitrariamente, una radiografía de la violencia sistemática contra quienes brindan ayuda.
Detrás de cada cifra hay historias personales. Médicos, conductores, intérpretes, ingenieros y logistas que dejaron sus países para servir en misiones internacionales. Personas que asumieron el riesgo de operar en zonas de guerra para asistir a civiles atrapados entre el fuego cruzado. Muchos sabían que podían no regresar.
Ante este panorama, la ONU ha iniciado una revisión profunda de sus protocolos de seguridad y estrategias de despliegue. Guterres ha insistido en que “atacar a trabajadores humanitarios es una violación flagrante del derecho internacional y puede constituir un crimen de guerra”. Pero también ha reconocido que las declaraciones no bastan frente a conflictos donde impera la impunidad.
Cada repliegue, sin embargo, tiene un costo humano inmediato. Menos personal significa menos alimentos, menos atención médica y menos protección para millones de desplazados. “Cuando la ayuda se detiene, la gente muere”, ha advertido la ONU.
Murieron ayudando. Murieron lejos de casa. Y su ausencia deja una pregunta que incomoda a la comunidad internacional: ¿quién protegerá a quienes arriesgan su vida para proteger a los demás?
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