Durante años, la pena de muerte pareció encaminarse de forma irreversible hacia su desaparición. La abolición se volvió una norma creciente en el derecho internacional y la mayoría de los países optó por eliminarla de sus leyes o dejar de aplicarla. Sin embargo, 2025 alteró ese trayecto. A pesar de que el consenso global contra la condena capital sigue fortaleciéndose, el número de ejecuciones volvió a crecer, impulsado por un reducido grupo de Estados que no solo mantuvieron este castigo, sino que lo ejercieron con mayor dureza y menor contención.
La señal de alarma llegó desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que el incremento observado en 2025 no es un hecho aislado, sino el reflejo de un uso cada vez más amplio de la pena de muerte, incluso en casos que no cumplen los estándares exigidos por el derecho internacional. La preocupación central no se limita a la cantidad de ejecuciones, sino al tipo de delitos castigados con la muerte y a las condiciones bajo las cuales se dictan y ejecutan esas sentencias.
Irán concentró buena parte de esa preocupación. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado, al menos mil 500 personas fueron ejecutadas en 2025, una cifra que coloca al país como el principal responsable del repunte mundial. Casi la mitad de esas ejecuciones se relacionaron con delitos de drogas que no implican homicidio intencional. Para la ONU, este patrón constituye una violación directa de las normas internacionales y demuestra que la pena capital se utiliza como un instrumento de intimidación estatal, con un impacto especialmente severo en minorías étnicas, migrantes y sectores socialmente vulnerables.
Arabia Saudita siguió una trayectoria similar. El país registró al menos 356 ejecuciones en 2025, la cifra más alta de su historia reciente. Tras reanudar de manera sistemática la aplicación de la pena de muerte en 2022, las autoridades saudíes ampliaron su uso, sobre todo en casos relacionados con narcóticos. El Alto Comisionado subrayó que entre las personas ejecutadas hubo condenados por delitos cometidos cuando aún eran menores de edad, una práctica prohibida de forma absoluta por el derecho internacional y que pone en entredicho el respeto a los derechos fundamentales dentro del sistema judicial saudí.
El aumento también se reflejó en Estados Unidos. En 2025 se ejecutó a 47 personas, el número más alto registrado en 16 años. Este repunte reavivó el debate interno y externo sobre la pena de muerte, especialmente por la expansión del uso del gas nitrogenado como método de ejecución, aplicado por primera vez en 2024. Diversos organismos de derechos humanos advirtieron que este procedimiento podría constituir un castigo cruel, inhumano o degradante, reabriendo una discusión que parecía superada en el sistema penal estadounidense.
En otros contextos, el problema no fue solo la cantidad de ejecuciones, sino su carácter público y simbólico. En Afganistán, bajo el control de las autoridades de facto desde 2021, continuaron las ejecuciones públicas en estadios y espacios abiertos. En algunos casos, la ejecución fue llevada a cabo por familiares de las víctimas, una práctica que, según Naciones Unidas, viola de manera flagrante las normas internacionales y busca generar miedo colectivo como forma de control social.
El uso de la pena de muerte también persistió en países donde la opacidad impide conocer su verdadero alcance. China y Corea del Norte mantienen un estricto secretismo en torno a las ejecuciones, lo que dificulta obtener cifras confiables, aunque organismos internacionales coinciden en que ambos Estados figuran entre los principales aplicadores de la condena capital a nivel mundial. En Somalia se documentaron al menos 24 ejecuciones y en Singapur 17, en un contexto de endurecimiento penal frente a ciertos delitos.
Europa, considerada durante años una región prácticamente libre de la pena de muerte, tampoco quedó completamente al margen. Bielorrusia amplió el catálogo de delitos castigados con la condena capital bajo nuevas leyes de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, alejándose aún más de los estándares europeos en materia de derechos humanos. En Medio Oriente, Israel analiza propuestas legislativas que buscan introducir la pena de muerte obligatoria para determinados delitos cometidos por palestinos. Naciones Unidas advirtió que estas iniciativas vulnerarían el derecho a un juicio justo y profundizarían un trato discriminatorio. A ello se suman las ejecuciones realizadas por Hamas en Gaza, calificadas también como graves violaciones de los derechos humanos.
Pese al panorama adverso, 2025 dejó algunos avances. Vietnam redujo el número de delitos castigados con la pena capital. Pakistán abolió este castigo para dos delitos no letales, aunque lo mantuvo para otros. Zimbabue eliminó la pena de muerte para los delitos comunes y Kenia inició un proceso de revisión legislativa que podría derivar en reformas de fondo.
El balance final resulta incómodo. La mayoría de los países del mundo ha rechazado la pena de muerte y el consenso internacional en su contra es hoy más amplio que nunca. Sin embargo, los Estados que aún la conservan la están utilizando con mayor frecuencia y menor apego a las normas internacionales. Para Naciones Unidas, el riesgo no es solo el aumento de ejecuciones, sino la normalización del uso de la muerte como herramienta punitiva. En un contexto global que proclama el respeto a los derechos humanos, 2025 dejó al descubierto una contradicción profunda que sigue sin resolverse.
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