Guatemala enfrenta una de sus coyunturas de seguridad más delicadas de los últimos años, luego de que una escalada de violencia atribuida a pandillas derivara en el asesinato de al menos nueve elementos de la Policía Nacional Civil, una serie de motines carcelarios y un clima de temor generalizado que llevó al presidente Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio por 30 días en todo el país.
La crisis actual se asienta sobre un problema de violencia estructural que Guatemala arrastra desde hace décadas. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Gobernación, el país cerró 2024 con dos mil 869 homicidios, apenas por debajo de los dos mil 944 registrados en 2023, lo que equivale a una tasa aproximada de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes. Aunque la cifra muestra una ligera disminución respecto a años anteriores, organismos de análisis de seguridad advierten que el descenso no ha ido acompañado de una reducción real del poder del crimen organizado.
La violencia en Guatemala no se limita a los asesinatos. Según el Observatorio de la Violencia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la extorsión, el sicariato y el control territorial de barrios enteros por parte de pandillas como Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 continúan siendo los delitos de mayor impacto social, especialmente en zonas urbanas y periféricas de la capital. Transportistas, pequeños comercios y familias viven bajo amenazas constantes, mientras que la impunidad en delitos graves supera el 90 por ciento, según estimaciones de organizaciones civiles especializadas en justicia.
Uno de los factores que ha vuelto cada vez más incontrolable la violencia es el control que las pandillas mantienen dentro del sistema penitenciario. De acuerdo con la Dirección General del Sistema Penitenciario, líderes criminales continúan operando desde prisión, ordenando asesinatos y extorsiones, lo que ha convertido a las cárceles en centros de mando del crimen organizado. Esta debilidad quedó expuesta a mediados de enero de 2026, cuando internos vinculados a Barrio 18 protagonizaron motines simultáneos en al menos tres cárceles, tomaron a decenas de custodios como rehenes y desafiaron abiertamente a las autoridades.
Tras los operativos para recuperar el control de los centros penitenciarios, la violencia se trasladó a las calles. Según confirmó la Policía Nacional Civil, comandos armados atacaron de forma coordinada a agentes en distintos puntos de Ciudad de Guatemala y municipios cercanos, dejando nueve policías muertos y varios más heridos en un lapso de pocas horas. Las autoridades reconocieron también que ciudadanos quedaron atrapados en medio de los ataques y que se registró un repunte de asaltos armados durante esos días.
La gravedad de los hechos llevó al presidente Bernardo Arévalo a anunciar, el 18 de enero de 2026, la declaratoria de estado de sitio por 30 días, una medida excepcional contemplada en la Constitución. De acuerdo con el Ejecutivo, la decisión busca frenar acciones que “ponen en riesgo la gobernabilidad y la vida de la población”. El decreto, avalado por el Congreso, permite detenciones sin orden judicial, restricciones a la libre reunión y movilidad, y un despliegue ampliado de fuerzas de seguridad en todo el territorio.
El gobierno informó que, como parte de esta estrategia, se reforzó la presencia de policías y militares en calles y carreteras, se activaron operativos especiales en zonas consideradas de alto riesgo y se suspendieron clases de manera preventiva en distintos puntos del país, ante el temor de nuevos ataques. Las autoridades sostienen que las pandillas actúan como estructuras criminales organizadas con capacidad de desafiar al Estado.
La percepción ciudadana frente a estas medidas es dividida. Encuestas recientes de opinión pública y sondeos difundidos por universidades locales muestran que una parte significativa de la población respalda acciones más firmes contra la delincuencia, cansada de años de extorsiones y violencia cotidiana. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores académicos advierten sobre el riesgo de abusos de autoridad y de que las medidas extraordinarias no atiendan las causas de fondo del problema.
Aunque las cifras oficiales indican que los homicidios no se han disparado en términos estadísticos, analistas en seguridad coinciden en que la intensificación de ataques directos contra policías y autoridades marca un punto de inflexión. Para amplios sectores de la sociedad, la violencia en Guatemala ya no es sólo un fenómeno criminal, sino un desafío directo al Estado, cuya solución requiere algo más que operativos temporales: implica reformar el sistema de justicia, recuperar el control penitenciario y atacar las condiciones sociales que siguen alimentando la delincuencia.
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