Durante décadas, México ha crecido bajo un modelo lineal: extraer, producir, consumir y desechar. El resultado está a la vista: rellenos sanitarios saturados, ríos contaminados, cadenas productivas altamente dependientes de insumos vírgenes y millones de personas sobreviviendo de la informalidad del reciclaje. Frente a este panorama, la nueva Ley de Economía Circular —impulsada desde el Congreso y respaldada por autoridades ambientales— busca dar un giro estructural: pasar del desperdicio al aprovechamiento, de la extracción al rediseño, y del descarte a la corresponsabilidad.
La ley no es solo ambiental. Es económica, social y cultural. Impactará a empresas, gobiernos locales, consumidores y trabajadores informales. Como ha señalado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “la transición hacia una economía circular no es una opción ideológica, sino una necesidad económica y social para el país” (SEMARNAT).
¿Qué es la economía circular y por qué ahora?
La economía circular propone mantener los materiales y productos en uso el mayor tiempo posible, reducir al mínimo los residuos y regenerar los sistemas naturales. A diferencia del modelo lineal, aquí los residuos se convierten en insumos y el diseño de productos considera desde su origen su reutilización, reciclaje o reparación.
México genera más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, según datos oficiales del INEGI, y recicla formalmente menos del 10%. La presión ambiental se combina con una oportunidad económica: el Banco Mundial y la OCDE han advertido que los países que adopten esquemas circulares podrán reducir costos productivos, crear empleos verdes y fortalecer cadenas locales.
En este contexto, el Congreso mexicano avanzó en la aprobación de la Ley General de Economía Circular, con el objetivo de establecer obligaciones claras, incentivos económicos y una nueva arquitectura institucional.
¿Qué establece la nueva ley?
La legislación introduce varios ejes clave:
1. Responsabilidad extendida del productor: Las empresas ya no solo responden por fabricar y vender, sino también por el destino final de sus productos. Envases, empaques, electrónicos y plásticos deberán contar con planes de recolección, reciclaje o reaprovechamiento.
Desde el Congreso de la Unión se ha insistido en que “no se trata de castigar a la industria, sino de alinear incentivos para innovar y competir mejor”.
2. Nuevas reglas para el diseño industrial: La ley impulsa el ecodiseño: productos pensados para durar más, ser reparables y reciclables. Esto impactará sectores como alimentos, bebidas, automotriz, textil y electrónico.
3. Compras públicas circulares: El Estado deberá priorizar productos reciclados, reutilizables o con menor huella ambiental, lo que puede transformar mercados completos y generar demanda estable para nuevas industrias.
4. Integración del reciclaje informal: Uno de los puntos más sensibles es el reconocimiento del trabajo de pepenadores y recicladores informales, quienes hoy sostienen buena parte del reciclaje en México sin seguridad social ni derechos laborales.
Impacto económico: costos hoy, beneficios mañana
Para muchas empresas, la ley implica inversiones iniciales: rediseñar procesos, cambiar empaques, establecer sistemas de retorno. Sin embargo, estudios del World Economic Forum señalan que la economía circular puede reducir hasta 30% los costos de insumos en el largo plazo.
La entonces titular de SEMARNAT, subrayó en foros públicos que “la economía circular es una estrategia de competitividad para México, no un freno al crecimiento”.
Sectores como el del plástico reciclado, el vidrio, el aluminio y los residuos orgánicos tienen alto potencial de generación de empleo formal, especialmente en regiones industriales del Bajío y el norte del país.
El reto social: dignidad para quienes viven del reciclaje
Juan Manuel Hernández tiene 52 años y desde los 14 trabaja como pepenador en un tiradero a cielo abierto en el Estado de México. “Nosotros reciclamos desde siempre, pero nadie nos ve. No tenemos seguro, ni apoyo, ni respeto”, cuenta.
La nueva ley abre la puerta a su formalización mediante cooperativas, contratos municipales y acceso a programas sociales. Organizaciones civiles han insistido en que sin este componente humano, la economía circular quedará incompleta.
El principio de la dignidad del trabajo es central: ningún modelo económico puede considerarse justo si excluye a quienes sostienen la base del sistema.
Gobiernos locales: la pieza clave
Aunque la ley es federal, su éxito dependerá de estados y municipios. La gestión de residuos es competencia local, y hoy existen profundas desigualdades: mientras algunas ciudades cuentan con plantas de separación, otras siguen dependiendo de tiraderos clandestinos.
Expertos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático advierten que sin financiamiento, capacitación técnica y transparencia, la implementación será desigual.
Empresas: entre la obligación y la oportunidad
Grandes empresas ya han comenzado a adaptarse. Algunas embotelladoras y firmas de alimentos han anunciado envases retornables o fabricados con contenido reciclado. Sin embargo, las pymes enfrentan mayores dificultades.
La ley contempla esquemas de apoyo, incentivos fiscales y acompañamiento técnico, aunque empresarios advierten que la clave será la gradualidad y claridad regulatoria.
Cultura del consumo: el eslabón olvidado
Ninguna economía circular funciona sin consumidores responsables. Separar residuos, preferir productos durables y exigir transparencia ambiental son actos cotidianos con impacto estructural.
Como señala la encíclica Laudato Si’, el cuidado de la casa común exige cambios en los estilos de vida, no solo en las leyes.
La nueva Ley de Economía Circular representa uno de los cambios estructurales más relevantes en la política económica y ambiental de México en las últimas décadas. No es una solución mágica ni inmediata, pero sí una hoja de ruta para transitar hacia un modelo más justo, eficiente y sostenible.
Su éxito dependerá de la corresponsabilidad entre gobierno, empresas y ciudadanos; de la inclusión de quienes hoy viven del reciclaje; y de una visión de largo plazo que ponga en el centro la dignidad humana, la legalidad y el bien común.
México tiene ante sí la oportunidad de demostrar que cuidar el ambiente también es una forma de cuidar su economía y a su gente.
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