En un contexto marcado por sequías regionales, lluvias atípicas y una creciente presión sobre los recursos hídricos, México aprobó una nueva Ley General de Aguas que redefine la gestión, distribución y control del vital líquido.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno Federal y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca garantizar el derecho humano al agua, ordenar el sistema de concesiones y frenar décadas de acaparamiento y uso irregular. Sin embargo, el alcance real de la reforma ha generado un debate nacional, especialmente entre sectores agrícolas, grupos opositores y especialistas que advierten riesgos políticos, vacíos técnicos y posibles impactos patrimoniales.
Un nuevo marco legal para garantizar el derecho humano al agua
La nueva Ley General de Aguas, impulsada por el Gobierno Federal y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca sustituir la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992. El proyecto de decreto tiene como eje central garantizar el derecho humano al agua, ordenar el sistema de concesiones y asegurar un acceso equitativo, sustentable y transparente al recurso.
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, calificó la reforma como “un acto de justicia para el pueblo de México”. Afirmó que el nuevo marco permitirá proteger el acceso al agua para consumo personal y doméstico, promover la cultura del agua, y establecer mayor claridad en el otorgamiento y vigilancia de concesiones.
La propuesta reconoce al agua como un bien público y no como mercancía, por lo que limita su transferencia entre particulares y refuerza la rectoría del Estado. También incorpora sanciones más severas contra el robo del recurso, conocido como “huachicoleo”.
El panorama hídrico actual: sequías, lluvias y contrastes regionales
El contexto en el que surge esta reforma está marcado por un escenario climático mixto. Con corte al 15 de septiembre de 2025, la sequía nacional disminuyó a 9.3 % gracias a lluvias abundantes durante el verano. Sin embargo, el sureste reportó un incremento en la sequedad, con 86 municipios en categoría moderada.
La disparidad es amplia: estados como Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Morelos, Zacatecas y Tlaxcala ya no presentan condiciones anormalmente secas. En contraste, entidades como Jalisco, Tabasco y Yucatán mantienen niveles de sequedad más elevados.
Hasta el 22 de septiembre, el país acumuló 116.5 mm de lluvia mensual, 9.5 mm por encima de lo habitual, y un total anual de 597.6 mm, lo que representa un ligero superávit. Estas variaciones evidencian la necesidad de una legislación que regule el uso del agua con base en condiciones cambiantes, de riesgo y disponibilidad.
Del control estatal a la transparencia en concesiones
La iniciativa plantea cambios estructurales orientados a combatir el acaparamiento y la sobreexplotación del agua. Según autoridades, se han detectado regiones con concentración excesiva del recurso, mientras que productores carecen del volumen necesario para sus actividades.
Entre las disposiciones más relevantes se encuentran:
- Reforzar al Estado como único regulador del uso del agua.
- Eliminar la transferencia de derechos entre particulares.
- Reintegrar a Conagua las concesiones mal utilizadas o subutilizadas.
- Crear un Registro Nacional del Agua, sustituyendo el actual Registro Público de Derechos.
- Establecer criterios de “responsabilidad hídrica” para distinguir a buenos usuarios.
- Modificar el esquema de cuotas para desalentar la acumulación de grandes volúmenes.
- Establecer reglas específicas para concesiones agrarias, priorizando la soberanía alimentaria.
- Ampliar la supervisión para detectar usos irregulares.
- Incluir un catálogo de delitos hídricos, con nuevas sanciones y medidas de control.
Además, la Ley pretende incorporar perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad en las políticas hídricas, ampliando la visión social y comunitaria del manejo del agua.
Riesgos de uso político y debilidad técnica
El debate legislativo reveló objeciones de diversos grupos opositores. La senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, advirtió que la reforma podría convertir el agua en “un instrumento de manipulación política”, al permitir decisiones discrecionales sobre concesiones y volúmenes asignados. Señaló riesgos para la democracia, la seguridad alimentaria y la estabilidad de comunidades que dependen del recurso.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas expresó preocupaciones sobre un diseño que, a su juicio, “abre la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales”. Consideró que la iniciativa crea incertidumbre para el sector agrícola y desincentiva inversiones.
Más críticas se dirigieron al fundamento técnico del proyecto. La senadora Carolina Viggiano Austria señaló que la ley “no cuenta con análisis de impacto financiero ni estudios técnicos”, y que no garantiza presupuesto suficiente ni consulta a pueblos originarios. Según la legisladora, estas carencias ponen en duda que el derecho al agua pueda materializarse en el territorio.
Rechazo del sector agrícola: patrimonio, herencias y temor a la incertidumbre
La reforma también provocó una fuerte respuesta del sector agropecuario, uno de los actores más sensibles al manejo del agua. Agricultores y productores manifestaron su inconformidad debido a que la ley prohíbe la transmisión de concesiones, lo que genera incertidumbre jurídica y patrimonial. Señalan que, sin el permiso de uso del recurso, las tierras pierden valor y viabilidad productiva, afectando directamente su actividad económica.
Históricamente, la transmisión de derechos de agua — ya fuera mediante compraventa entre particulares o vía hereditaria — permitió sostener la continuidad productiva entre generaciones. Con la nueva prohibición, advierten los agricultores, este mecanismo queda limitado.
Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, afirmó que la iniciativa afecta los derechos de los agricultores bajo el argumento de combatir la corrupción en la entrega de concesiones. Señaló que la ley “es regresiva”, pues en lugar de ampliar derechos para los usuarios, “retrocede y sanciona” con base en presuntas irregularidades en la gestión hídrica.
Ante estas críticas, la presidenta negó que la reforma impida heredar concesiones. Aseguró que las modificaciones buscan frenar el acaparamiento del recurso, un fenómeno que, dijo, se arrastra desde 1992. “Ahora están queriendo decir que un ejidatario no va a poder cederle, si tiene un pozo en su parcela, esa agua a sus hijos, falso. Claro que se puede hacer, pero lo que ya no es ese acaparamiento”, aclaró.
Entre la promesa de equidad y los retos de implementación
La nueva Ley General de Aguas representa un giro decisivo en la forma en que México concibe y administra su recurso hídrico: deja de verse como mercancía y se coloca como un derecho humano esencial. No obstante, los desafíos señalados por legisladores, expertos y productores muestran que la efectividad de la reforma dependerá menos de su texto legal y más de su capacidad operativa.
La centralización de las concesiones puede brindar orden y transparencia, pero también abre interrogantes sobre discrecionalidad y contrapesos institucionales. La prohibición de transferencias responde al combate al acaparamiento, aunque genera incertidumbre en el sector agrícola y patrimonial. Y mientras el Gobierno apuesta por una visión social y sustentable, la falta de estudios técnicos y presupuestales anticipa dificultades en su ejecución.
El verdadero desafío será traducir el marco legal en soluciones que garanticen acceso equitativo, seguridad hídrica y sostenibilidad. La reforma abre un nuevo capítulo, pero su impacto dependerá de la capacidad del Estado para equilibrar justicia hídrica, eficiencia y transparencia.
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