El Senado de la República ratificó con amplia mayoría a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR). La votación –97 a favor, 19 en contra y 11 nulos– ocurrió apenas unos días después de la inesperada renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo tras un acuerdo político que incluyó una embajada. El relevo, más que un proceso institucional ordenado, tuvo el aire de una transición ya pactada desde antes.
La renuncia de Gertz abrió un espacio que el gobierno federal llenó con rapidez. La presidencia envió al Senado una terna integrada únicamente por mujeres, pero desde el inicio era evidente que Godoy era la favorita. Su nombre comenzó a sonar incluso antes de que se formalizara el envío de candidaturas, lo que reafirmó la percepción de que la decisión estaba tomada desde Palacio Nacional.
La ratificación avanzó sin mayor debate. En cuestión de horas, la Comisión de Justicia dictaminó, el pleno votó y Godoy rindió protesta. Para la oposición, aquello no fue un ejercicio democrático, sino un “trámite disfrazado de proceso”. Para el oficialismo, era simplemente el cumplimiento de un mandato de “renovación institucional”. En cualquier caso, la rapidez del procedimiento dejó más dudas que certezas sobre la independencia de la nueva fiscal.
Ernestina Godoy es una figura conocida en el mundo jurídico y político. Abogada de formación, ha construido una carrera de décadas como defensora de derechos, legisladora local y federal, procuradora capitalina y, más recientemente, fiscal de la Ciudad de México. Antes de ser nominada a la FGR, se desempeñaba como consejera jurídica de la presidencia de la República.
Su trayectoria es sólida, pero su vínculo directo con el gobierno no pasa desapercibido. Para muchos analistas, la principal interrogante no es su experiencia técnica, sino su capacidad para actuar con independencia frente a un Ejecutivo que ha mostrado interés en influir en las instituciones de justicia.
Durante su comparecencia, Godoy prometió una Fiscalía “de puertas abiertas”, centrada en víctimas, alejada de la fabricación de culpables y comprometida con erradicar la tortura. También aseguró que no habrá persecución política. Sus palabras sonaron bien, pero para un sector amplio del país resultaron insuficientes frente a la pregunta más urgente: ¿puede una fiscal tan cercana al poder garantizar imparcialidad?
La designación de Godoy no sólo ha sido cuestionada por la oposición política, sino también por organizaciones civiles, académicos y observadores del sistema de justicia. La crítica principal se centra en la autonomía de la FGR, que nació con la promesa de ser un órgano independiente del poder federal. La forma en que se concretó este relevo parece ir en dirección contraria.
El procedimiento exprés, la falta de discusión pública y la selección de una figura abiertamente alineada con el gobierno alimentan la percepción de que la Fiscalía podría convertirse en un instrumento político. De hecho, varias voces han señalado que este relevo cierra definitivamente la aspiración original de una FGR autónoma y robusta.
Para la oposición, Godoy representa una continuidad del proyecto político en turno. Sostienen que la Fiscalía, bajo su mando, corre el riesgo de utilizarse para proteger a aliados y perseguir a adversarios, o al menos de no incomodar al poder. En términos prácticos, temen que los grandes expedientes –corrupción, crimen organizado, abusos de autoridad– se manejen con criterios políticos más que jurídicos.
Más allá del debate político, Godoy asumió el cargo en un momento particularmente crítico. La FGR enfrenta una crisis de confianza profunda y arrastra expedientes de enorme complejidad: casos de corrupción sin resolver, investigaciones contra funcionarios en activo, desapariciones masivas, delitos de alto impacto, agresiones a periodistas y ataques a defensores de derechos humanos.
La institución también carga con problemas estructurales: rezago en peritajes, carencias en servicios forenses, falta de coordinación con fiscalías estatales y un modelo de investigación fragmentado. La impunidad –que supera el 90 por ciento en delitos graves– es el indicador más claro de la magnitud del desafío.
El discurso de renovación institucional es frecuente cada vez que hay un cambio en la FGR, pero la realidad muestra que sus estructuras internas han cambiado poco. La pregunta ahora es si Godoy tiene margen suficiente para transformar un modelo que ha demostrado resistencia a cualquier cambio profundo.
Los próximos meses serán decisivos. Para ganarse la confianza pública, la nueva fiscal deberá mostrar, desde el primer momento, que sus decisiones no responden a intereses políticos. La forma en que maneje los casos que involucren a actores poderosos será una prueba crucial.
La oposición espera que no utilice la Fiscalía como herramienta de presión, pero tampoco ocultan su escepticismo. Señalan que si realmente busca demostrar independencia, deberá investigar incluso cuando las pesquisas incomoden al gobierno. Ese es el parámetro con el que será juzgada.
Lo cierto es que la llegada de Godoy inaugura un periodo de observación constante. No hay margen para discursos vacíos: la crisis de impunidad exige resultados palpables. Una fiscalía que funcione no necesita declararlo; lo demuestra con hechos.
Por ahora, el país observa con reservas. El relevo ofrece una oportunidad, sí, pero también un riesgo. Si Godoy rompe con la lógica de subordinación política y fortalece la autonomía real de la FGR, su nombramiento podría marcar un punto de inflexión. Si no, el país enfrentará una continuidad maquillada, donde cambia el rostro, pero no el fondo.
Te puede interesar: Anuncian aumento del 13% al salario mínimo
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
