Las causas que generan la inseguridad en el territorio nacional no son uniformes, pues cada región del país tiene sus propias particularidades y los grupos delictivos que operan en cada entidad, no necesariamente tienen que ver entre sí. Sin embargo, en todas partes la gente está temerosa ante el cúmulo de delitos que día a día se presentan y de los cuales cualquiera persona puede ser víctima.
El factor común que se comparte en todo el país son la presencia de cárteles, la utilización de armas de fuego, muchas de estas de gran calibre, la violencia y la siembra del terror entre la población. La falta de seguridad y el miedo se acrecientan debido a la impunidad y la debilidad institucional que hay tanto en el norte, como en el centro y el sur del país. Conocer esas particularidades es indispensable para diseñar respuestas eficaces que reduzcan la violencia y devuelvan la paz a la ciudadanía.
Las cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ayudan a dimensionar la magnitud del reto para prevenir y combatir a los criminales. Las autoridades federales indicaron que en 2024 se registraron, de forma preliminar, 33 mil 241 defunciones por homicidio en el país, lo que equivale a una tasa nacional cercana a 25.6 homicidios por cada 100 mil habitantes; además, la victimización y la percepción de inseguridad permanecen altas en hogares y zonas urbanas.
El norte del país concentra algunas de las dinámicas más visibles de la violencia que se disputa rutas de contrabando y tráfico (incluida la cocaína, metanfetamina y precursores), confrontaciones entre cárteles con armamento de alto poder y una fragmentación que ha multiplicado los episodios de violencia en varias entidades.
Estados como Baja California, Chihuahua y Sonora presentan elevadas tasas de homicidio y episodios de enfrentamientos abiertos que afectan con especial severidad a municipios fronterizos y corredores de tránsito hacia Estados Unidos. Organizaciones civiles y mapeos criminales identifican al noroeste y noreste como polos de concentración de homicidios, con municipios que acumulan una proporción muy superior de la violencia nacional.
Las consecuencias son tangibles en lo social y económico, negocios que reducen actividad, desplazamientos internos y una ciudadanía que experimenta la normalización de la violencia. En este contexto las incautaciones de armas y laboratorios que reporta el gobierno, conviven con la percepción de inseguridad y la falta de resolución de carpetas de investigación, una combinación que perpetúa la impunidad.
En cuanto a las entidades del centro de la República como Guanajuato y el Estado de México concentraron un porcentaje muy elevado de homicidios absolutos. Guanajuato, por ejemplo, registró en 2024 más de cuatro mil homicidios, colocándose entre las entidades con mayor carga de asesinatos del país. Esa concentración demuestra que la problemática no es homogénea: en el centro confluyen cárteles locales, bandas delictivas que disputan control territorial y una combinación de violencia rural y urbana que impacta fuertemente a municipios intermedios y zonas industriales.
Esa configuración central está asociada también a impactos económicos a cadenas productivas y logística que son severamente afectadas, así como a ataques recurrentes a centros de rehabilitación, comercios y transporte. Los episodios de gran impacto mediático en municipios como Celaya o Irapuato muestran la violencia dirigida tanto a rivales como a la población civil, un patrón que exige respuestas focalizadas que combinen combate a grupos armados y fortalecimiento de justicia local.
Por otra parte, en el sur, la inseguridad se mezcla con conflictos sociales y violencia política. Estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz reportan altos niveles de agresiones a actores políticos, desapariciones y violencia comunitaria ligada a disputas por recursos, tierras y control local. Informes recientes documentan que la violencia política y las agresiones contra servidores públicos y candidatos se concentran en buena medida en el centro-sur del país, complicando procesos electorales y el gobierno municipal.
Además, en muchas zonas del sur la pobreza, la marginalidad y la presencia de economías informales ofrecen caldo de cultivo para redes criminales que se apropian de rutas o mercados locales; la falta de capacidad forense y de procuración de justicia agrava la percepción de que los delitos no se investigan ni sancionan con eficacia.
Puntos comunes
Hay elementos que todas las regiones comparten como son los altos niveles de impunidad, el uso de armas de fuego en una proporción elevada de homicidios, la presencia organizada de grupos criminales y un sistema de procuración de justicia con respuestas desiguales. Estas constantes explican por qué la violencia se reproduce.
Al mismo tiempo, las particularidades regionales, como pueden ser las rutas de tráfico en el norte, focos de violencia intermunicipal en el centro, y la violencia política y social en el sur, obligan a políticas diferenciadas: despliegues policiales y cooperación transfronteriza en el norte; estrategias de inteligencia y prevención comunitaria en el centro; y programas de desarrollo social, protección de derechos y fortalecimiento institucional en el sur. La uniformidad de respuestas es una receta para el fracaso: la seguridad exige diagnósticos con enfoque regional y acciones alineadas con las causas locales.
La inseguridad en México es compleja pero no inmutable. Los datos oficiales y los estudios independientes muestran que, mientras persistan la impunidad y el control territorial de grupos armados, la violencia seguirá cobrando vidas y socavando la vida económica y política del país. Si la meta es devolver tranquilidad a la ciudadanía, los gobiernos deben combinar operativos con reformas de justicia, inversión social y programas específicos por región que atiendan las raíces locales del crimen. Sólo así podrá empezar a cerrarse la brecha entre cifras, percepción y vida cotidiana.
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