La lección del escándalo del lavado de dinero

La capacidad de reacción frente a lo inesperado no es materia fácil en política, y ante las acusaciones del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) que es una dependencia del Departamento del Tesoro, sobre el lavado de dinero del narcotráfico en tres entidades financieras, la actual administración no ganó muchos puntos iniciales.

Al día siguiente de la acusación, en la mañanera la titular del Ejecutivo se concentró en usar frases recicladas como “no somos piñata de nadie”, repetir hasta la saciedad que eran acusaciones sin pruebas y otras lindezas semejantes. Cabe resaltar, que se trata de tres instituciones privadas bastante menores en términos de cobertura en el sistema financiero mexicano (cercano al 1 por ciento). 

Por tanto, esa reacción tiene dos vertientes y ninguna es favorable. La primera tiene que ver claramente con el gobierno anterior; pero con el actual también, pues el dueño de la casa de bolsa Vector es Alfonso Romo, figura destacadísima en el gobierno de López; el actual secretario de Hacienda Édgar Amador trabajó en Vector. Además, las tres instituciones tuvieron crecimientos por encima de la media durante el sexenio pasado, lo que apuntaría tanto a favoritismo, como a poca supervisión que podría explicar que ese crecimiento sí se debió a prácticas como las que denuncia Estados Unidos. 

Y ahí va la segunda vertiente, en que la titular del Ejecutivo reaccionó de esta manera porque se repruebe desde el exterior a los mecanismos de control que se supone hay en las instituciones financieras del país como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —ambas dependientes del secretario de Hacienda que repitamos trabajó en Vector y que por tanto debió ya presentar su renuncia por potencial conflicto de intereses—. Ese control supondría además acciones que no tomaron, aunque como se ha demostrado después de la acusación de los Estados Unidos sí tenían investigaciones que le habrían dado “una pista”.

La presión por tomar acción resultó en que en pocas horas —luego de varios comunicados poco exitosos— sí se tomaran medidas de supervisión en las tres instituciones por parte de la CNBV. Esta medida busca contener los posibles efectos negativos que contagien a otras del sector, provocando una salida de los clientes que las ponga en riesgo de quiebra –la denuncia de EU va ligada a limitaciones en sus actividades operativas—. No resulta aventurado pensar que sólo compraron tiempo, pero que el daño a las tres instituciones es mayúsculo y pronto serán inoperativas. En particular la situación de CI Banco es de observarse pues es una de las instituciones fiduciarias mayores en el país, es decir, tienen los fideicomisos que permiten realiza ciertas operaciones internacionales muchas Afores y a varias fibras, y en menos de 14 días (les dieron 21 días), no podrán ya hacer nada en Estados Unidos. 

Por otro lado, llama la atención el silencio de Pablo Gómez, el titular de la UIF, quien fue nombrado en ese cargo originalmente por López a mitad de su sexenio y luego de escándalo de la boda de Santiago Nieto, y sobrevivió en su puesto con la venía de la actual administración. Si se buscan las noticias de Gómez, resulta por lo demás curioso que su última declaración pública fue en la mañanera del 23 de mayo pasado cuando aseguró que demostraría que García Luna lavó dinero del narcotráfico para financiar campañas políticas. La información revelada en estos últimos días apunta a que la casa de bolsa Vector podría haber sido instrumento de ese lavado, con la que la vinculación con Romo y con López es inevitable. 

La actual administración debería aprender de este evento, porque habrá muchos, en primer lugar que las reacciones de envolverse en la bandera ante cualquier declaración de EU por tanto usarse pierde efecto incluso entre su público más fiel; y segundo, que el momento de marcar distancia con el gobierno anterior está cada día más cerca si es que se quiere sobrevivir los próximos años porque el riesgo de ser acusados de complicidad y encubrimiento serán muy caros para la presidenta, y por desgracia, para todo el país. 

 

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