Las campañas de los aspirantes a ministros, magistrados y jueces concluyen oficialmente este miércoles 28 de mayo, en donde podrán dar el último estirón para intentar convencer a la ciudadanía de sufragar por ellos el próximo domingo 1 de junio en la inédita elección judicial.
En estos comicios que se celebrarán por primera vez en México, la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir mediante voto directo a más de tres mil 400 cargos del Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales y estatales. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por una combinación de desinformación, escasa visibilidad de las campañas y una baja expectativa de participación ciudadana.
Las campañas judiciales han sido radicalmente distintas a las políticas tradicionales, toda vez que por las restricciones legales, los candidatos no pudieron utilizar espectaculares, spots televisivos ni propaganda financiada con recursos públicos, viéndose limitados a promoverse visitando casa por casa y utilizando medios alternos como las redes sociales para dar a conocer sus perfiles y propuestas.
Muchos candidatos hicieron enormes esfuerzos, pero ello no resultó tan exitoso para que los ciudadanos los identifiquen, entiendan sus propuestas y se decidan a asistir a las urnas el próximo domingo para, entre una larga lista, votar por quien los encontró en el camino para promoverse.
Según una encuesta del periódico El Financiero, el 58 por ciento de los encuestados manifestó poco o ningún interés en las elecciones judiciales, y sólo el 34 por ciento conocía la fecha exacta de los comicios.
Optimismo y el escepticismo
Las estimaciones sobre la participación ciudadana varían considerablemente. Mientras que una encuesta de la Fundación Konrad Adenauer sugiere que el 63 por ciento de los entrevistados planea acudir a votar, el Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta una participación mucho más baja, que oscila entre el ocho y el 15 por ciento del listado electoral.
Según el INE esta baja participación sería el resultado de varios factores entre los que se encuentran la complejidad de las boletas, que incluyen hasta seis papeletas diferentes; el tiempo estimado para emitir el voto, que podría superar los nueve minutos por persona; y la reducción en el número de casillas debido a limitaciones presupuestarias.
Cabe destacar que en un principio se planearon 160 mil casillas, pero finalmente se instalarán solo 74 mil.
La elección judicial ha generado un intenso debate sobre su legitimidad y la posible politización del Poder Judicial. Por un lado, el gobierno y los integrantes de Morena aseguran que este proceso es un paso hacia la democratización y la lucha contra la corrupción, por el otro, críticos argumentan que podría comprometer la independencia judicial, afirmación que sostienen porque algunos candidatos han incorporado en sus campañas el ideario de la “Cuarta Transformación”, lo que ha generado preocupaciones sobre la influencia partidista en el proceso.
Organismos internacionales, como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), han expresado su preocupación por el bajo interés ciudadano y la complejidad del proceso, aunque reconocen el esfuerzo del INE por garantizar la transparencia y la imparcialidad.
A pocos días de una elección que podría redefinir el sistema judicial mexicano, persisten dudas sobre la participación ciudadana y la legitimidad del proceso. La falta de información, las restricciones en las campañas y la politización del discurso han contribuido a un ambiente de incertidumbre. El próximo 1 de junio, México enfrentará un reto histórico: elegir a sus jueces y magistrados mediante el voto popular, en un contexto de escepticismo y desconfianza.
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