El costo mortal de la democracia en México

En pleno 2025, ser candidato o funcionario en México equivale, en muchos casos, a vivir con una diana en la espalda. Según el Reporte de Violencia Política del primer trimestre, publicado el 8 de mayo, 104 incidentes de violencia política se registraron entre enero y marzo, con un saldo alarmante: 50 homicidios, 24 amenazas, 15 atentados con arma de fuego y 11 secuestros. Y aunque esta cifra representa una reducción del 59.2% respecto al mismo periodo de 2024, los expertos advierten que la baja es engañosa: la violencia se ha reconfigurado, no desaparecido.

“Nos matan por servir al pueblo”, confiesa un regidor con voz temblorosa desde Guerrero, que ha preferido guardar el anonimato por miedo a represalias. “En mi municipio nadie se atreve a postularse si no tiene permiso del narco”.

El epicentro: el municipio como botín

El 81.7% de las víctimas son actores vinculados con gobiernos municipales —en funciones, exfuncionarios o aspirantes—, revelando que el nivel más débil del Estado mexicano es hoy también el más vulnerado. No se trata solo de ataques aislados: detrás hay una lógica de captura territorial, control presupuestal y cooptación de las policías locales. La violencia política, según el reporte, no solo busca influir en elecciones, sino imponer gobiernos criminales por la vía del terror.

Morelos encabeza la lista con 17 incidentes, seguido de Veracruz (13), Oaxaca (12), Puebla (11) y Guerrero (9), confirmando la geografía de la violencia en estados con fuerte presencia de grupos delictivos. En el plano municipal, Huitzilac y Cuernavaca concentran cinco casos cada uno, y otros municipios como Mexicali, Santiago Choapam y Aguascalientes reportan tres.

El partido con más víctimas: Morena

La mayor parte de los incidentes (30) afectó a militantes o funcionarios de Morena, el partido gobernante, seguido por PRI (10) y Movimiento Ciudadano (9). Esta tendencia responde a la distribución de poder político más que a afinidades criminales, aunque en 35 casos las víctimas no estaban afiliadas a ningún partido, lo que sugiere que la violencia política no distingue colores cuando se trata de controlar el poder.

Veracruz: radiografía de una batalla territorial

Con elecciones municipales programadas para junio, Veracruz es ya uno de los estados más golpeados por la violencia política. La explicación está en la disputa entre cárteles que, según informes locales, se ha intensificado en zonas clave del estado. En municipios como Paso del Macho o Camerino Z. Mendoza, directores de seguridad pública y aspirantes han sido amenazados, secuestrados o asesinados.

México: el peor lugar del continente para hacer política local

En comparación con el resto de América Latina, México es el país con más asesinatos de candidatos y funcionarios locales, incluso por encima de Colombia en su periodo más crítico posconflicto. De acuerdo con el informe V-Dem (Universidad de Gotemburgo, 2024), México ha retrocedido en 12 de 13 indicadores de calidad democrática relacionados con seguridad electoral.

En el mundo, la situación mexicana es única por su intensidad y sistematicidad. Mientras que en otros países los atentados políticos son episodios esporádicos, en México representan una estrategia organizada de captura institucional por parte del crimen organizado. Organizaciones como Insight Crime y Crisis Group han advertido que México vive una “narcodemocracia en construcción”, donde el crimen no solo corrompe, sino que postula, impone y gobierna.

Elecciones judiciales: la amenaza latente

Aunque el proceso extraordinario para elegir jueces no ha registrado aún violencia directa, el INE mantiene una alerta de inseguridad en 19% de las secciones electorales. Medios y organizaciones civiles han denunciado que algunas candidaturas están ligadas al crimen organizado, lo que anticipa que el silencio actual puede ser antesala del estallido.

Impactos: gobiernos cautivos y comunidades sometidas

Los efectos de esta violencia son devastadores:

  • Políticos: gobiernos municipales sometidos, programas alineados con intereses criminales.
  • Económicos: imposición de precios, extorsiones, destrucción del tejido productivo local.
  • Sociales: desplazamiento forzado de familias, desapariciones, censura y silencio.

“Mi papá era regidor en Oaxaca”, cuenta Teresa, hija de una víctima asesinada. “No solo nos arrebataron a él, también la fe en que este país puede cambiar en paz”.

No  es coyuntural, es estructural

La violencia política en México no es un subproducto de las elecciones, es el reflejo de una debilidad estructural del Estado frente al crimen organizado. Si no se interviene con políticas integrales —protección a candidatos, profesionalización municipal, persecución real a redes criminales—, la democracia será una ficción para quienes más la necesitan: las comunidades más pobres y vulnerables.

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