El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por el gobierno mexicano, señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”
Por otro lado, el primer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”
Pues para nadie es ajeno darnos cuenta de que, a lo largo y ancho de nuestro México, esas disposiciones legales no se cumplen, y que los diversos órdenes de gobierno, pues cada uno de ellos tiene sus atribuciones, no han cumplido con el mandato constitucional.
Con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sabemos que, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) ocurrieron 67,525 homicidios, en el de Ernesto Zedillo (1995-2000) fueron 79,759 los homicidios reportados, en el de Vicente Fox (2001-2006) sucedieron 60,073, durante el mandato del entonces Presidente Felipe Calderón (2007-2012) ocurrieron 122,319, en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron 156,066 homicidios y en el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fueron 199,619 las personas asesinadas en forma violenta hasta octubre de 2024.
Las cifras oficiales durante el mandato de Claudia Sheinbaum son inciertas, pues, aunque el gobierno presume una notable disminución de homicidios de hasta el 24% en lo que va del 2025, la realidad es que las cifras mostradas no son claras, pues se presentan comparativos de un mes con otro diferente en otro año, lo que presupone una manipulación de la información, “comparan peras con manzanas”, dice el dicho.
Recurriendo a la información presentada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), sabemos que, México registró 13 mil 90 víctimas de asesinato en el primer semestre de 2025, con focos rojos en varios estados y municipios en donde la violencia se ha multiplicado, como en Sinaloa, que fue la entidad federativa con más víctimas de homicidio en el mes de junio de este año, con un aumento del 360% respecto al mismo mes en 2024.
Otro de los delitos que nos señala COPARMEX que se encuentran sin control en el país es la extorsión, también llamado popularmente como cobro de piso, que ya ha alcanza cifras récord, con 5 mil 887 víctimas registradas solo en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento de 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiendo al 2025 en el año con el nivel más alto desde que hay registro. Y bien es sabido que la mayoría de estos delitos no son denunciados por temor a las represalias de los delincuentes.
El propio gobierno federal afirma que, a pesar de la tendencia general a la baja de los delitos, los homicidios se concentran en ciertos estados, entre ellos Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, y Guerrero.
En el caso de nuestro estado, Baja California, la inseguridad es un problema persistente, aunque las cifras que los diversos órdenes de gobierno nos presentan varían, pero sí sabemos que, en 2024, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI estimó que el 37.2% de la población mexicana de 18 años o más se siente insegura en su entorno cercano, mientras que en nuestro estado esta percepción se eleva a un 73.5%.
BC enfrenta altas tasas de criminalidad, los homicidios que alcanzaron su nivel más alto en 9 años en 2023, y aunque existen informes oficiales de una disminución en la tendencia de dichos delitos a nivel estatal, las percepciones de inseguridad siguen siendo elevadas, pues nos encontramos posicionados en el lugar 29 entre las entidades menos pacíficas, de acuerdo con el nuevo Índice de Paz México, que establece que sigue prevaleciendo en el estado la presencia de grupos criminales y actos violentos; y como si estuviera repitiendo el refrán de “mal de muchos, consuelo de tontos” el gobierno del estado presume que antes se ocupaba el lugar 32.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoce que la violencia letal sigue siendo uno de los principales retos en Baja California, expresando “logramos una disminución del 2.9% en la tasa de homicidios dolosos entre 2023 y 2024 y esta reducción representa un primer paso en la contención de un problema que durante años ha afectado al estado.” Pero… dicha disminución no se nota, pues todos los días se conoce de hechos violentos con víctimas fatales, mermando aún más la credibilidad de la gobernante.
Hace unos días, el joven empresario ensenadense Moisés Muñiz, anunció el cierre de su negocio restaurantero ante el cobro de piso que le hacía el crimen organizado en este puerto bajacaliforniano. Ello en medio de una seguidilla de 5 homicidios perpetrados por el crimen organizado en contra de empresarios del sector pesquero en Ensenada, sin que exista una sola investigación concluyente y ni visos de solución.
Y no puedo dejar de comentar la vergonzosa actitud del Secretario de Seguridad Ciudadana en el estado, el General Laureano Carrillo, quien tal vez pensando que sus palabras serían de aliento a los pobladores del poblado de La Rumorosa que ha vivido años de violencia por parte de criminales ante una nula acción policiaca, dijo que ya todo estaba bien, señalando: “tienen al caballo blanco que ya pasó por ahí, se casó el huitlacoche y regresaron los extraterrestres a la rumorosa”. Estas palabras muestran a los altos mandos de la seguridad con una actitud displicente e irresponsable.
En BC los asaltos a mano armada por las carreteras del estado son denunciados casi a diario por ciudadanos víctimas de los criminales, y es de llamar la atención el número de los cometidos por la carretera Tecate a Ensenada, pues pasa por la turística ruta del vino, en donde delincuentes en automóviles se le cierran al paso a familias para despojarlos de sus bienes, y si pretenden retirarse del lugar y evitarlos, son agredidos con arma de fuego.
Así las cosas en Baja California, en donde para el gobierno a quienes se debe combatir es a quienes denuncien o cuestionen los temas que incomodan a quienes detentan el poder, como el caso del periodista Jorge Heras del medio informativo Ciudad Capital, que señalando cotidianamente los casos en que el gobierno no protege a los ciudadanos fue golpeado por unos individuos que fueron llevados al lugar de los hechos por un policía municipal en activo.
O la denuncia penal interpuesta por el Gobierno del Estado en contra de la reportera Dianeth Pérez, corresponsal de AFN en Mexicali, quien recientemente cuestionó durante una conferencia “mañanera” a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, respecto a licitaciones de la obra conocida como “La Nopalera”, en Tecate, misma que ya fue citada ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que dé explicaciones de lo que estaba preguntando.
Es mi opinión, hoy en día los ciudadanos nos encontramos en manos de los criminales ante la pasividad de un gobierno apático ante las necesidades de los mexicanos, quienes no vemos el interés de los gobernantes en garantizarnos el derecho humano a la seguridad, por eso, la percepción ciudadana de inseguridad y los avances descarados del crimen organizado que actúa con toda impunidad, nos demuestran una confabulación entre el gobierno de la 4t con los capos.
Queda pues a los ciudadanos la opción de continuar en el mismo rumbo o decir un “hasta aquí” a un gobierno que solo ve por los intereses desmedidos de sus integrantes.
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