Buscan frenar “empresas patito” de seguridad privada

A fin de establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en el país, los diputados aprobaron un dictamen para adicionar el artículo 73 constitucional.



El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen que adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general en materia de seguridad privada. De esta manera los legisladores buscan homologar criterios, requisitos, mecanismos de control y de vigilancia, para evitar la aparición de “empresas patito” y de espacios para la delincuencia.

De acuerdo a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario de Morena, en México existen alrededor de seis mil empresas que se dedican a la prestación de servicios de seguridad privada que emplean aproximadamente a 500 mil personas; sin embargo, más de mil 500 empresas no cuentan con permisos, lo que vulnera obligaciones tributarias, de prestaciones de seguridad social y traslada el costo al Estado.

Con la reforma los legisladores buscan dar certeza a los ciudadanos, a los tres órdenes de gobierno y a los particulares que ofrecen estos servicios de seguridad privada, subrayó Alavez Ruiz al fundamentar el dictamen que fue aprobado en lo general con 332 votos a favor, 61 en contra y una abstención y que fue enviado al Senado para su análisis y votación.

La legisladora morenista agregó que de la adición a la fracción XXIII Bis del artículo 73 señala que dicha ley deberá establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.

Asimismo, señaló que fijará las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública.

También, la coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, y los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país.

Alavez Ruiz aclaró que “la facultad conferida al Congreso de la Unión de ninguna manera implica la posibilidad de autorizar la prestación de servicios a particulares que ofrezcan asistencia y asesoramiento de carácter militar y otros servicios militares”.

La diputada aseguró que para la elaboración de esta reforma se escuchó a especialistas, servidores públicos, empresarios del ramo, además de que se mantiene un diálogo permanente entre los legisladores de las bancadas representadas en la Cámara de Diputados.


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