El 22 de octubre de 2023, una primaria autogestionada sin apoyo del árbitro oficial otorgó a María Corina Machado más del 90% de los votos y un mandato opositor indiscutible. Días después, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió ese proceso y exigió los padrones completos, reactivando el fantasma del amedrentamiento a los votantes.
El ciclo se cerró —y a la vez se abrió— el 28 de julio de 2024: el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro en un boletín oral sin publicar las actas mesa por mesa. La Unión Europea advirtió que, “sin evidencia que la respalde”, la publicación del 2 de agosto no puede ser reconocida; la OEA, por su parte, habló del “manual completo del manejo doloso del resultado electoral”.
Desde entonces, el país entró en una fase de represión sistemática: al menos 24 personas asesinadas en protestas, más de dos mil detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En paralelo, la diáspora venezolana roza los 7.9 millones. En octubre de 2025, el Premio Nobel de la Paz a MCM volvió a encender los reflectores sobre la crisis.
Este reportaje revisa hechos, cifras y testimonios bajo el prisma de la Doctrina Social de la Iglesia (dignidad humana, solidaridad, subsidiariedad, justicia y bien común), y extrae claves para entender el presente y los posibles rumbos de Venezuela.
De la primaria a la proscripción: legitimidad social vs. cerrojo institucional
La primaria de 2023 no fue sólo una elección: fue ingeniería cívica. Con más de 2 millones de participantes y MCM rozando 93%, el mensaje político fue inequívoco. La reacción oficial llegó el 30 de octubre: el TSJ suspendió los efectos de la primaria y exigió las listas de votantes.
En enero de 2024, el TSJ ratificó la inhabilitación de MCM por 15 años, vaciando de contenido práctico el Acuerdo de Barbados que prometía condiciones competitivas. El resultado fue una candidatura sustituta (Edmundo González) y una oposición obligada a competir en cancha inclinada.
28-J-2024: la noche sin actas
El rasgo distintivo del 28-J fue la opacidad. El CNE anunció porcentajes sin exhibir actas; la UE advirtió que sin actas no puede reconocerse el resultado. La OEA acusó un proceso sin garantías y describió “la manipulación más aberrante” del resultado electoral.
Mientras el oficialismo se proclamaba ganador, la oposición difundió copias de actas de la mayoría de mesas; Estados Unidos reconoció a Edmundo González como vencedor y pidió proteger a la dirigencia opositora. Informes técnicos y misiones especializadas subrayaron la falta de publicación mesa por mesa y la necesidad de una verificación independiente.
Represión, criminalización y “mensaje al terror”
Desde la noche electoral, HRW documentó abusos generalizados: 24 homicidios en protestas, más de 2,000 detenciones y denuncias de tortura. Un informe posterior, ya en 2025, sistematizó el patrón de persecución política “desde las elecciones”.
Amnistía Internacional concluyó que las desapariciones forzadas formaron parte de una política de Estado contra la disidencia (15 casos analizados entre julio de 2024 y junio de 2025).
Un nuevo patrón escaló la alarma: detenciones de familiares de opositores para generar miedo y control social. La Misión Independiente de la ONU describió la práctica; Reuters recogió el mismo hallazgo y citó el caso de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González.
Testimonio humano. HRW reconstruye la odisea de Mariana González, esposa de Tudares: recorrió centros de detención para preguntar por él; a veces le aceptaban ropa, después negaban su presencia; finalmente supo que lo presentaron ante un juez semanas después. No hay metáfora que alcance: dos niños abandonados en la calle cuando su padre fue interceptado camino a la escuela.
Este relato encarna el principio de dignidad humana de la DSI: ninguna “razón de Estado” justifica arrancar a un padre de sus hijos ni ocultar su paradero.
El costo humano: éxodo, vulnerabilidad y redes de solidaridad
El éxodo venezolano es hoy el mayor de la historia reciente regional: casi 7.9 millones de personas fuera del país, más de 6.7 millones acogidas en América Latina y el Caribe. La mitad enfrenta inseguridad alimentaria o vivienda inadecuada.
Aun así, la solidaridad emerge: regularizaciones en países vecinos, comedores de Cáritas y casas de paso en rutas como el Darién. El principio de subsidiariedad —comunidades organizadas que suplen vacíos— convive con la exigencia de justicia y verdad: sin actas, sin debida investigación de abusos, no hay reconciliación posible.
El Nobel de la Paz 2025: símbolo y blindaje parcial
El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio de la Paz 2025 a MCM “por su incansable labor promoviendo derechos democráticos y una transición justa y pacífica”. Más allá del reconocimiento, el galardón eleva el costo internacional de reprimir a la figura que hoy encarna la esperanza de millones, pero también puede incrementar la hostilidad del régimen.
El Nobel tensiona a la comunidad internacional entre dos deberes: proteger a la lideresa y no normalizar la represión. Es, al mismo tiempo, escudo simbólico y espejo ético.
México y la región: entre prudencias y exigencias
En América Latina, la postura ha sido heterogénea. Estados Unidos reconoció a González; la UE pidió publicar actas; voces regionales exigieron verificación independiente. Otros gobiernos, en cambio, llamaron a la prudencia y a no precipitar reconocimientos mientras no hubiera “pruebas de fraude”, aunque reclamaron transparencia plena del CNE.
Para México —país con profunda tradición diplomática— la legalidad exige lo elemental: publicar las actas y garantizar el derecho a disentir sin castigo. Es el estándar mínimo para hablar de elecciones y paz.
- La voluntad popular necesita actas, no relatos. Sin publicación detallada mesa por mesa, la aritmética electoral es indecidible; por eso la UE desconoció la credibilidad del boletín oral.
- La represión no es episódica, es política de Estado. Lo documentan HRW y Amnistía: homicidios, detenciones masivas y desapariciones —incluida la tendencia a detener parientes para sembrar terror. La verdad y la justicia (DSI) exigen preservar evidencia, investigar y sancionar.
- El Nobel reconfigura el tablero. Premiar a MCM aumenta el costo de la represión y obliga a definiciones diplomáticas. La solidaridad internacional debe traducirse en recursos para la emergencia humanitaria y en condicionalidades claras: levantar inhabilitaciones, liberar presos, y publicar actas con auditoría independiente.
- El bien común pide reconciliación con verdad. Sin garantías mínimas, la crisis se “cronifica”: más pobreza, más diáspora y una juventud forzada a irse. Reconstruir Venezuela implicará subsidiariedad —fortalecer redes locales, comunidades y observación ciudadana— y legalidad efectiva.
En suma, la lucha de MCM no es sólo una contienda de poder: es una disputa ética por la dignidad del voto y de la persona. Si la región cree en la paz, deberá creer primero en la democracia verificable.
Citas clave verificadas
- UE (04/08/2024): “Sin evidencia que la respalde, la publicación del CNE no puede ser reconocida”. Consilium
- OEA (30/07/2024): “El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela”. OEA
- HRW (30/04/2025): “Abusos generalizados desde las elecciones del 28 de julio de 2024”. Human Rights Watch
- Amnistía (15/07/2025): “Las desapariciones forzadas forman parte de su política de represión”. Amnesty International
- Comité Nobel (10/10/2025): Premio a MCM por su labor democrática y transición pacífica. NobelPrize.org
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
