Hace apenas unos meses, la región de la Comunitat Valenciana abrió un nuevo capítulo que está generando inquietud y polémica nacional. En el marco de los presupuestos autonómicos de 2025, el grupo parlamentario de Vox exigió y consiguió el apoyo del Partido Popular para imponer medidas que cambian varias líneas de su modelo social y cultural. Entre ellas destacan la eliminación de subvenciones relacionadas con la propuesta global de la Agenda 2030, la supresión del lenguaje inclusivo en las instituciones y la eliminación de la comisión LGBT+ y de cuotas de género.
Esa acción política plantea una tensión esencial: ¿cómo se garantiza el respeto a todas las personas —incluyendo minorías o grupos vulnerables— sin caer en la imposición de una visión determinada sobre la mayoría? Este modelo requiere un ejercicio de equilibrio que no siempre parece presente en este debate.
El presente reportaje profundiza en las razones de este giro, su impacto en la Comunitat Valenciana y su repercusión en el panorama español, con especial atención a lo que opinan figuras como Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. También pone foco en lo que está ocurriendo en otros territorios y en el valor de respetar “a todas las personas”, incluso cuando no se comparta su visión.
¿Qué sucede en la Comunitat Valenciana?
En marzo de 2025, el grupo parlamentario de Vox en las Les Corts Valencianes presentó una lista de exigencias al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para dar su apoyo al presupuesto autonómico: eliminar subvenciones a lo que calificaban de “inmigración ilegal”, suprimir financiación para entidades de la Agenda 2030 y para la memoria histórica, eliminar comisiones LGBT+ y reducir la promoción del valenciano.
El 31 de mayo de 2025, se dio luz verde al presupuesto con el apoyo del PP y Vox, con partidas que incluyen la “zer0” financiación para la Agenda 2030, y recortes para la “Agencia Valenciana del Cambio Climático” o la financiación de organismos que promueven la igualdad de género.
En octubre de 2025 se aprobó además la reforma del reglamento de Les Corts para eliminar comisiones de igualdad y derechos humanos, eliminar “lenguaje inclusivo” y remover la comisión LGBT+, lo que generó acusaciones de retroceso en derechos civiles.
Impactos principales
- Se deja de subvencionar programas que se alineaban con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 alineados al adoctrinamiento e ideologización.
- Se elimina o reduce la utilización del lenguaje inclusivo institucional
- Se cuestiona el papel de las cuotas de género (por ejemplo para asegurar representación) al considerarlas “imposición” de usos de minorías sobre mayorías y no considerar al talento como lo más importante para ocupar un puesto
- Se plantea un nuevo eje de política: priorizar deducciones fiscales por nacimiento, ayudas directas a familias y recortes de subvenciones a cooperaciones internacionales.
¿Por qué se ha abierto esta ofensiva política?
Para Vox, la Agenda 2030 – acentuada mediante el Pacto Verde Europeo – representa una “imposición” desde Bruselas que perjudica al sector primario, limita la soberanía nacional y encamina a “una forma de vida sin explicación adulta”. En la Comunitat Valenciana han argumentado que eliminar la Agenda 2030 y sus ayudas es “defender al campo”, “no al lobby globalista”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, ha criticado la Agenda 2030 al considerarla parte de políticas “impuestas” que crean “desigualdades profundas entre los dos sexos”. En abril de 2023 vinculó su argumento diciendo que “los políticos 2030 tienen abandonados los bosques y están al servicio de un lobby que nos impone forma de vida y consumo”.
Esto ejemplifica que dentro del PP el enfoque no es homogéneo: mientras algunas facciones defienden el marco de desarrollo sostenible, otras lo ven como una carga. Incluso Álvarez de Toledo critica tanto a Vox como al PP, afirmando que “su agenda 2030 es que Sánchez siga en el poder”.
Principios como la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. El problema surge cuando se percibe que algunas políticas interpretan “quién debe decidir” qué constituye el bien común, más allá del diálogo social. Aquí se genera tensión entre:
- El respeto a las mayorías (los valores tradicionales, la soberanía local)
- La protección de minorías (género, colectivos LGTBI, migrantes)
El reto, desde esta óptica, es garantizar que ambas dimensiones se respeten sin sustituir una por la otra.
¿Cómo se mueve la cuestión en otras comunidades españolas y en Europa?
Aunque la situación de la Comunitat Valenciana es especialmente visible, otras regiones y países también muestran ese pulso entre políticas de igualdad/derechos y sucesos de reactivación conservadora.
- En la Comunidad de Madrid, ya se ha señalado cómo el PP, con mayoría absoluta, mantiene subvenciones a sindicatos y políticas relacionadas con la Agenda 2030, incluso si en coalición con Vox esas se reducen.
- A nivel europeo, partidos de extrema derecha como los representados en Francia, Italia o incluso América Latina, cuestionan los marcos globales como la Agenda 2030, alegando que implican pérdida de soberanía o imposición de “vidas homogéneas”.
Así, la Comunitat Valenciana se inserta en una tendencia global donde la polarización entre “desarrollo sostenible y derechos humanos universales” versus “soberanía local y valores tradicionales” gana espacio.
¿Qué implicaciones tiene eliminar comisiones, cuotas y lenguaje inclusivo?
Las cuotas de género y diversas políticas de igualdad buscan asegurar representación y trato justo para mujeres, colectivos LGTBI, migrantes, etc. Su eliminación o cuestionamiento, como en el caso valenciano, abre interrogantes: ¿Se reduce discriminación o simplemente se deja sin protección a colectivos vulnerables? Porque hay otra realidad, al imponer cuotas no estamos privilegiando el talento ni la meritocracia y pudiéramos llegar al ridículo que sucedió en Francia, de por una cuota poner como directora de seguridad en el museo de Louvre a una mujer, y meses después llevarse a cabo el robo del siglo, ¿por qué? Porque no tenía las cualificaciones necesarias para tener ese puesto.
Eliminar el lenguaje inclusivo o las comisiones específicas implica que instituciones se alinean con el lenguaje español reconocido por la Real Academia Española . En los valores humanistas y de la ética social, reconocer la diversidad no es imponer una visión, sino trabajar de forma institucional y todos por el bien común, asegurando que todos nos comuniquemos con claridad, transparencia y sin equívocos provocados por el uso de palabras no comunes a los ciudadanos.
La eliminación de subvenciones vinculadas a los ODS y al desarrollo sostenible puede acarrear efectos a largo plazo: menos inversión en educación, medioambiente, igualdad de trato, cooperación internacional. Como nota la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los objetivos de la Agenda 2030 son un desafío de derechos humanos globales. Sin embargo, se ha aclarado, que la reducción y eliminación de subvenciones están relacionadas con temas de promoción de ideologías para reenfocarse en la educación y la salud primordialmente
Siempre debe respetarse hasta quien no está de acuerdo que se impongan los usos y costumbres de las minorías a las mayorías. Es una cuestión clave: la democracia implica que las mayorías gobiernen, pero también que las minorías tengan protección. ¿Dónde está el límite entre lo que las mayorías deciden y lo que las minorías demandan? Ese equilibrio es legítimo y necesario sin afectar nunca al bien común
Reacciones públicas y contestación social
- El desbloqueo de los presupuestos en Valencia con los apoyos de Vox supuso señalamientos de los grupos de la oposición que advirtieron un retroceso en libertades y derechos.
- En Madrid, Ayuso llevó al debate público la crítica a las “políticas impuestas” señalando desigualdades entre sexos.
- En el Congreso, la diputada Álvarez de Toledo acusó a Vox de tener una agenda que busca “que Sánchez siga en el poder”.
Estos hechos muestran que el asunto no es solo institucional, sino que moviliza a jóvenes, movimientos sociales, redes de activismo y provoca cuestionamientos sobre el tipo de sociedad que se desea.
¿Qué valorar desde los valores que importan?
Desde el humanismo y los valores democráticos mexicanos podemos extraer tres reflexiones clave:
- Dignidad de cada persona: Cualquier política que elimine reconocimiento o protección explícita de grupos vulnerables debe tener una justificación muy clara y un mecanismo alternativo para que esa dignidad no quede sin respaldo. Sin embargo, las decisiones tomadas no atentan contra la dignidad de nadie ni les quita derechos de ningún tipo. Los tienen por el simple hecho de ser personas
- Bien común: No basta que una mayoría decida algo; su decisión debe contemplar el impacto sobre todos los sectores de la sociedad, incluidas las minorías. Si se suprimen comisiones o ayudas sin plan B, se corre el riesgo de que ciertos colectivos queden excluidos. Para ello, la educación es un arma esencial de tal forma que todos tengamos claro, que todos somos iguales y todos merecemos los mismos derechos, no importa nuestra condición social, de género o de ubicación o religión
- Libertad y participación: Debe respetarse la libertad de quienes no compartan ciertas formas de vida o discurso, pero eso no significa que no tengan derecho a protección cuando enfrentan discriminación. Inversamente, tampoco significa que las mayorías deban imponer modos de vida a minorías sin debate o consenso.
Al respecto, la estrategia de la Comunitat Valenciana plantea preguntas abiertas: ¿se está decidiendo desde abajo, con participación ciudadana, o desde arriba, con imposiciones ideológicas? ¿Se favorece un modelo de convivencia plural, o se prioriza un bloque mayoritario que elimina voces disidentes?
El giro político en la Comunitat Valenciana, impulsado por Vox y apoyado por el PP, que elimina subvenciones vinculadas a la Agenda 2030, revoca comisiones de igualdad, supprime lenguaje inclusivo y cuestiona cuotas de género, plantea un debate crucial para la sociedad española. No se trata únicamente de una disputa sobre recursos o terminología, sino de quién define los valores de convivencia, quién representa a quién y cómo se garantiza la protección de todas las personas.
Para el joven de 18 a 35 años que busca participar activamente en la vida pública, este momento puede ser una llamada de atención: la democracia no se reduce a votar una vez cada cuatro años, implica estar pendiente de cómo se definen los marcos normativos, cómo se protegen los derechos de unos y otros, y cómo se construye un bienestar común que no deje fuera a nadie.
En este contexto, respetar a todas las personas —como exige el mandato ético más profundo— no significa negar el derecho de una mayoría a decidir, sino garantizar que esa decisión no vulnere la dignidad de la minoría.
Este debate seguirá desplegándose en España y en Europa, en las comunidades autónomas y en la cultura política de la generación que viene. Porque, en definitiva, hablamos de quién queremos ser como sociedad: un espacio donde todos tenemos voz
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