La Franja de Gaza atraviesa una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas, marcada por el bloqueo prolongado, los enfrentamientos armados y la escasez de recursos esenciales.
Mientras que Israel argumenta motivos de seguridad para imponer restricciones, diversos organismos internacionales denuncian violaciones al derecho humanitario y señalan la necesidad de garantizar condiciones mínimas de vida para más de dos millones de palestinos.
Bloqueo y crisis humanitaria prolongada
Hace casi 18 años que Israel mantiene un bloqueo sobre la Franja de Gaza. Desde octubre de 2023, estas restricciones se intensificaron, limitando la entrada de alimentos, combustible y suministros médicos. Las consecuencias han derivado en una crisis humanitaria caracterizada por la escasez de recursos básicos y la amenaza constante de hambruna.
El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó miles de cohetes contra Israel y llevó a cabo una incursión terrestre, en la que murieron más de 1.000 israelíes y decenas de personas fueron tomadas como rehenes. En respuesta, Israel inició ataques aéreos de gran escala sobre Gaza que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud del enclave, han causado más de 61.000 muertes palestinas, entre ellas 18.000 niños, y al menos 151.000 personas heridas. La ONU ha documentado también la muerte de más de 500 trabajadores humanitarios.
La crisis sanitaria se agudiza con las muertes vinculadas a la desnutrición, pues hasta el 13 de agosto del presente año, las autoridades sanitarias de Gaza registraron 235 fallecimientos por esta causa, incluidos 106 menores de edad. La escasez de agua y temperaturas que superan los 40 °C han disparado los casos de deshidratación.
Restricciones y obstáculos a la ayuda humanitaria
El acceso de suministros está altamente condicionado por la política israelí en sus fronteras. El 9 de junio de 2025, fuerzas navales israelíes interceptaron en aguas internacionales al barco Madleen, parte de la Flotilla de la Libertad, que transportaba ayuda humanitaria con voluntarios de diversos países europeos y latinoamericanos.
Los cruces fronterizos presentan demoras considerables. En Rafah, conductores de camiones pasan semanas en espera y deben atravesar inspecciones que pueden durar hasta 18 horas. Entre el 6 y el 12 de agosto de este mismo año, trabajadores humanitarios intentaron coordinar 81 traslados con autoridades israelíes, incluyendo combustible y personal médico.
El Programa Mundial de Alimentos reportó que, de 1.012 camiones con 13.000 toneladas métricas de alimentos enviados desde los pasos de Kerem Shalom y Zikim, solo 10 lograron llegar a los almacenes; el resto fue detenido en el trayecto. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios advirtió que la prohibición de combustible amenaza con detener equipos médicos vitales como respiradores y salas de maternidad.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Thameen Al-Kheetan, señaló que al menos 1.857 palestinos murieron mientras buscaban alimentos desde que comenzó a operar la Fundación Humanitaria de Gaza, esquema respaldado por Estados Unidos e Israel. De ellos, 1.021 fueron asesinados cerca de centros de distribución y 836 en las rutas de los camiones.
Economía devastada y participación corporativa
Mientras tanto, la otra cara de la destrucción en territorio palestino indica que la economía de Gaza se encuentra en colapso. La ONU ha declarado la situación alimentaria en la fase 5 (catastrófica), el nivel más alto de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).
Informes recientes apuntan al papel de las corporaciones en el sostenimiento de la ocupación y la crisis. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, afirmó que corporaciones nacionales e internacionales han facilitado la represión contra el pueblo palestino. Señaló que en los últimos 21 meses la bolsa de Tel Aviv subió 213%, con ganancias de 225.700 millones de dólares, de los cuales 67.800 millones corresponden sólo al último mes.
Albanese identificó a 48 empresas — incluyendo tecnológicas, armamentísticas, financieras y de construcción — que han respaldado de forma directa o indirecta las operaciones israelíes. Destacó además que compañías de energía, turismo y universidades han contribuido a normalizar la ocupación y el apartheid en Palestina.
Necesidad de cooperación internacional
De acuerdo con estimaciones de la ONU, al menos 1,35 millones de personas en Gaza requieren refugio. Las tiendas de campaña disponibles se encuentran desgastadas y no ofrecen protección adecuada.
En la frontera egipcia, más de 5.000 camiones con ayuda esperan autorización para ingresar. Aunque el organismo militar israelí COGAT asegura facilitar el acceso sin restricciones cuantitativas, organizaciones humanitarias denuncian rechazos arbitrarios incluso a insumos previamente aprobados.
Israel transfirió parte de la distribución de ayuda a la Fundación Humanitaria de Gaza, creada en Estados Unidos y Suiza. El plan consiste en entregar cajas de alimentos y artículos básicos en cuatro puntos de distribución. Sin embargo, Naciones Unidas y otras instituciones / organismos han rechazado participar, al considerar que la estrategia militariza la ayuda y excluye a personas con movilidad reducida, lo que podría constituir un crimen de guerra.
¿Responsabilidad exclusiva de Israel?
Si bien las políticas de bloqueo y las restricciones impuestas por Israel agravan la crisis, la situación también se enmarca en décadas de conflicto, desigualdad y fallos en la gestión de recursos. Israel sostiene que las medidas buscan impedir que Hamás utilice alimentos, medicinas y combustible con fines militares.
Centros de estudios como INSS y UN Watch, han acusado a la ONU y a diversas organizaciones humanitarias de difundir una “narrativa engañosa” basada en datos incompletos o desfasados. En línea con esa postura, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha negado que exista una política deliberada de hambruna contra la población civil, calificando las acusaciones de “mentiras y calumnias”. Según el mandatario, el objetivo no es castigar a la población palestina, sino evitar que los recursos lleguen a Hamás.
No obstante, la comunidad internacional ha señalado la responsabilidad legal de Israel como potencia ocupante. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ordenó que se permitiera la entrada sin trabas de ayuda humanitaria para proteger a la población de Gaza del riesgo de genocidio. De acuerdo con el derecho internacional, Israel tiene la obligación de garantizar la supervivencia y el bienestar de la población civil, no de obstaculizarla.
La emergencia en Gaza refleja una realidad compleja y multifactorial que no puede atribuirse a un solo actor. Décadas de conflicto, restricciones políticas, intereses económicos y fallos en la gestión interna han convergido en una crisis de dimensiones catastróficas.
Ante este panorama, resulta fundamental promover el diálogo entre las partes, garantizar la entrada de ayuda humanitaria sin condiciones y asegurar el respeto a los derechos humanos. Solo mediante la cooperación internacional y un compromiso real con la protección de la población civil podrá aliviarse la crisis y abrirse la posibilidad de una solución sostenible para la región.
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