En México, el desafío político para impulsar el cambio mediante regulación y gobernanza es un llamado que va más allá de lo técnico: implica reconectar con la dignidad humana, la solidaridad y el bien común. La transición del modelo lineal —extraer, producir, desechar— hacia uno circular, donde los recursos se valoren y se reutilicen, es urgente. Este reportaje examina cómo instrumentos como el impuesto al carbono, tasas por residuos, estándares ecológicos y subsidios a la innovación sostenible podrían reconstruir no solo un sistema económico, sino una nación que viva conforme a sus valores más hondos.
Contexto y diagnóstico
Desde enero de 2014, México cuenta con un impuesto federal al carbono, aplicado a la producción, importación o comercialización de combustibles fósiles destinados a la combustión —exceptuando el gas natural—. A pesar de tener posibilidad de compensación, en la práctica estas no reducen la base gravable de manera significativa, ya que la deducción se calcula por valor monetario, no por toneladas de carbono evitadas. Como resultado, la recaudación es menor al 0.1 % del PIB, sin esquemas claros de incentivos efectivos
Paralelamente, en julio de 2025, el gobierno federal promulgó dos decretos que impulsan seriamente la economía circular a través de los denominados Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi). El primero otorga deducción inmediata del 100 % en activos fijos nuevos hasta 2030, créditos fiscales para infraestructura circular y deducción adicional del 25 % para inversión en capacitación e innovación; el segundo establece los criterios de elegibilidad, operativos y responsabilidad frente a SEMARNAT.
Además, la Ley General de Economía Circular, promovida en 2025, integra criterios claros: reducción de huella de carbono e hídrica, eficiencia, reutilización, reciclaje, compostaje y otros mecanismos de valorización; también incorpora indicadores como huella hídrica, huella de carbono y eficiencia en uso de materiales.
Y, en mayo de 2025, el Plan Nacional de Desarrollo reafirma la necesidad de abandonar la “economía del descarte”, enfatizando la circularidad como eje para mitigar el impacto ambiental causado por productos de un solo uso.
Recientemente, la Semarnat actualizó la Estrategia Nacional de Cambio Climático (mayo 2025): se compromete a reducir 140 millones de toneladas de CO₂ para 2030 (una reducción del 35 % frente a las 758 millones anuales actuales), apostando por energías renovables, reforestación, economía circular y descarbonización del sistema eléctrico.
Para entender el impacto real, conversamos con Laura Sánchez, emprendedora y activista ambiental en Guadalajara, que desde su taller crea productos sostenibles con materiales reciclados: “Veo cómo muchos dedican pasión y creatividad al reciclaje, pero sin apoyo gubernamental real, luchar contra el modelo lineal consume tiempo y recursos que podríamos invertir en escala, calidad y bien común. La circularidad no es ajena a nuestra historia como mexicanos, lo llevamos en el alma.” Su testimonio encarna la urgencia de que las políticas públicas no solo existan en papel, sino que sean tangibles para quienes trabajan por el futuro desde abajo.
Profundizar en los instrumentos
1. Impuesto al carbono mejorado
El modelo actual carece de incentivos reales. Se necesita reformar el esquema de compensaciones para que reduzcan efectivamente la base, no simplemente el monto monetario —es decir, que generen valor verdadero por tonelada de CO₂ evitada—. Este cambio haría que pagar por contaminar realmente sea más costoso, mientras limpiar o innovar se vuelve económico.
2. Tasas por residuos y estándares ecológicos
Imponer tasas progresivas por generación de residuos, especialmente plásticos y no biodegradables, podría estimular el reciclaje y diseño más ecológico. La Ley General de Economía Circular permite este tipo de regulaciones con indicadores claros como huella de carbono e hídrica. Esta acción, además, dota de responsabilidad económica a quienes contaminan más.
3. Incentivos fiscales como palanca de cambio
La estrategia de Podecibi es un ejemplo disruptivo: deducción total en activos nuevos, créditos fiscales y apoyos extra para capacitación e innovación. Este tipo de incentivos públicos deberían ampliarse a otros sectores, como la agroindustria circular, la manufactura reutilizable y energías limpias, para fomentar inversión privada en cadenas de valor circulares.
4. Colaboración público–privada
El éxito exige órganos mixtos donde gobierno, empresas, academia y sociedad civil actúen en conjunto. Por ejemplo, SEMARNAT debe coordinar con universidades, startups, comunidades rurales y cámaras empresariales para que proyectos circulares cumplan con criterios técnicos, justicia social, equidad y respeto al entorno.
Una visión humanista ofrece fundamentos sólidos: promueve el bien común, la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiaridad —el Estado promueve pero no suple, acompaña sin imponer—, y el destino universal de los bienes. Aplicado a esta agenda, significa que:
- Las decisiones políticas deben honrar la dignidad de cada trabajador, evitando que la innovación sea solo rentable, pero también justa, inclusiva y cercana.
- El bien común se alcanza cuidando los recursos que son de todos y deben permanecer disponibles para futuras generaciones.
- La solidaridad exige que las comunidades marginadas no queden fuera del potencial de reciclaje o producción circular, sino que sean beneficiarias reales de esa transformación.
La transición hacia una economía circular en México no es un lujo, es una necesidad moral, ecológica y social. Para lograrlo:
- Modernizar el impuesto al carbono, vinculando las compensaciones a reducciones reales y no solo monetarias.
- Implementar tasas por residuos y promover estándares ecológicos claros con indicadores específicos y seguimiento público.
- Expandir los incentivos fiscales circulares como los Podecibi a múltiples sectores productivos y territorios para escalar oportunidades.
- Fortalecer la gobernanza público–privada, con estructuras que integren a la sociedad civil, comunidades y academia en decisiones estratégicas.
- Anclar cada política en los valores de la DSI: dignidad, solidaridad, justicia y bien común, para que los incentivos no solo calculen ganancias, sino transformen vidas.
La circularidad no es solo una ventana ecológica sino una apuesta por nuestro futuro como nación de jóvenes, creativos y solidarios. México puede liderar este camino porque ya tenemos el corazón dispuesto y las raíces firmes para construir un modelo sustentable, justo y profundamente humano.
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