La disputa por los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 en Venezuela abrió una etapa de represión sostenida. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó oralmente la reelección de Nicolás Maduro sin publicar las actas de mesa; la Unión Europea advirtió que, “sin evidencia que la respalde”, esa proclamación “no puede ser reconocida” y exigió la publicación completa de las actas y una verificación independiente. La Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que los resultados no eran confiables por la “opacidad” y documentó incumplimientos legales del propio árbitro electoral.
En paralelo, Estados Unidos reconoció a Edmundo González como ganador legítimo, lo llamó “presidente electo” y pidió resguardar a la oposición. Las protestas se multiplicaron y la respuesta estatal escaló en detenciones, torturas y desapariciones forzadas, según informes de Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional.
Este reportaje documenta ese patrón –con testimonios y estándares internacionales– y lo enmarca en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia (dignidad humana, verdad, justicia, solidaridad y bien común).
Muertes en protestas y detenciones masivas
Tras el 28J, HRW describió un “brutal” operativo de control social: asesinatos de manifestantes, miles de detenciones, desapariciones forzadas y torturas. En abril de 2025 publicó un informe de 104 páginas que detalla al menos 24 muertes en protestas y más de 2,000 arrestos arbitrarios desde la jornada electoral.
La cronología confirma un patrón: protestas la noche del 28–30 de julio; anuncios del CNE sin actas; pronunciamientos de OEA y UE; y, en paralelo, operativos de inteligencia y seguridad contra líderes locales, testigos y ciudadanos que difundieron actas o videos.
Un principio básico de la DSI –la dignidad humana– se vulnera cuando el Estado responde a la exigencia de verdad electoral con fuerza letal y encarcelamientos masivos. La protesta pacífica es una forma de participación cívica que debe ser protegida, no criminalizada.
Desapariciones forzadas y tortura
Amnistía Internacional concluyó en julio de 2025 que las desapariciones forzadas “forman parte de la política de represión de la disidencia” y analizó 15 casos ocurridos entre el 28J de 2024 y el 15 de junio de 2025. La organización subraya que personas detenidas fueron mantenidas incomunicadas por días o semanas, negando su paradero a familiares y abogados.
HRW, por su parte, documentó torturas –golpizas, asfixia con bolsas y descargas– para obtener confesiones o castigar la protesta. “Las autoridades y grupos progubernamentales han cometido abusos generalizados desde las elecciones del 28 de julio de 2024”, resumió.
El derecho a la integridad y la prohibición absoluta de la tortura son pilares de la ley internacional y de la ética cristiana —ningún fin político legitima esos medios. La solidaridad exige acompañar a víctimas y familias, y la subsidiariedad demanda fortalecer redes locales (clínicas jurídicas, iglesias, ONG) que proveen asistencia y documentación cuando el aparato estatal falla.
Justicia cooptada y uso del TSJ
La arquitectura de la represión descansa en una justicia cooptada. Informes técnicos de la OEA describen la falta de independencia del árbitro electoral y el rol del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para convalidar, a puertas cerradas, decisiones claves del poder: inhabilitaciones políticas previas y la validación del resultado sin publicar actas.
Esa opacidad contraviene estándares interamericanos y convierte a la justicia en instrumento de criminalización: se imputan delitos de “terrorismo” o “instigación al odio” a manifestantes comunes, con procesos sin debido proceso. HRW y Amnistía registran traslados arbitrarios, audiencias sin defensa y restricciones de acceso a expedientes.
Sin verdad ni debido proceso no hay justicia. La DSI sostiene que el bien común requiere instituciones confiables y accesibles; cuando los tribunales sirven para silenciar, lesionan la paz social.
Casos emblemáticos y estándares internacionales
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (ONU) reportó en septiembre de 2025 nuevos patrones: detención de familiares de opositores para infundir miedo y castigar por “vínculos”. Entre los casos difundidos figura Rafael Tudares, yerno del candidato Edmundo González, detenido en enero de 2025 y cuyo paradero se ignora. La Misión subraya que no son hechos aislados sino parte de una política.
Estos patrones chocan con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Desaparición Forzada. Amnistía ha pedido la liberación de personas detenidas arbitrariamente y el fin de la desaparición forzada como herramienta de control.
En el frente electoral, la UE reiteró el 4 de agosto de 2024 que no reconoce resultados sin actas y que solo aceptará datos completos y verificados independientemente; el Departamento de Estado de EE. UU. calificó a González como ganador y “presidente electo”.
La verdad electoral –publicar actas, auditar y verificar– es precondición de reconciliación. Ocultarla alimenta el círculo de represión y descrédito.
Rutas de rendición de cuentas
- Mecanismos internacionales.
- Corte Penal Internacional (CPI): continúa un examen por crímenes de lesa humanidad; HRW insta a los Estados a cooperar con la fiscalía y aplicar jurisdicción universal donde proceda.
- Sistema Interamericano: medidas cautelares, casos ante la CIDH y la Corte IDH para proteger a víctimas y exigir sanciones al Estado por desapariciones y torturas. (Véase base jurisprudencial interamericana mencionada por OEA y organizaciones técnicas).
- Condicionalidades democráticas.
- UE y OEA mantienen el no reconocimiento del resultado sin actas; recomiendan auditoría independiente y publicación total. Sanciones selectivas a responsables directos de abusos pueden enfocarse en mandos que ordenan o encubren crímenes.
- Apoyo a víctimas y documentación.
- Protocolos de documentación (cadena de custodia, entrevistas seguras) y clínicas legales para litigar casos estratégicos. Iglesias, universidades y ONG locales son nodos clave de subsidiariedad. HRW y Amnistía subrayan la importancia de plataformas seguras para denunciar y preservar evidencia.
- Puentes humanitarios.
- Con 7.7–7.9 millones de venezolanos fuera, la plataforma R4V pide más financiamiento para regularización, salud, educación y protección. En mayo de 2025 registraba 6.87 millones en América Latina y el Caribe, y más de 7.7 millones globalmente.
Un hecho nuevo: el Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado
El 10 de octubre de 2025, el Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado por su “incansable labor promoviendo los derechos democráticos… y su lucha por una transición justa y pacífica”. La distinción elevó el escrutinio internacional y funciona como escudo simbólico para la oposición cívica, sin eliminar riesgos internos.
La narrativa del Nobel subraya que “la democracia es condición de la paz”. En clave de DSI, la paz es “obra de la justicia”; sin verdad electoral, sin garantías a la vida y la integridad, y sin instituciones confiables, no hay paz duradera.
Propuestas
- Verdad electoral ya: publicación íntegra de actas mesa por mesa y auditoría independiente (UE/OEA/Carter Center). La verdad es condición de la reconciliación.
- Cese inmediato de desapariciones y tortura: acceso a abogados y familiares en menos de 24 horas, registro público de detenidos y prohibición absoluta de tratos crueles. Justicia sin excepciones.
- Liberación de detenidos por motivos políticos y revisión judicial con estándares interamericanos; cooperación con la CPI. Subsidiariedad: fortalecer defensorías locales y redes eclesiales.
- Puentes humanitarios y regularización en países de acogida (salud, educación, trabajo) y aumento de financiamiento R4V. Solidaridad efectiva con familias desplazadas.
Venezuela vive un ciclo de opacidad y represión que partió de la negación de la verdad electoral. Entre julio de 2024 y 2025 se consolidó un patrón de criminalización: asesinatos en protestas, detenciones masivas, desapariciones forzadas y torturas. Las fuentes convergen.
Romper el ciclo exige verdad, justicia y solidaridad. La presión internacional –ahora amplificada por el Nobel de la Paz a María Corina Machado– puede abrir ventanas para una auditoría seria, alivio a víctimas y rutas de rendición de cuentas. La dignidad de cada persona y el bien común son los criterios últimos: sin ellos, ninguna victoria política es auténtica
Referencias clave
UE (04/08/2024): “Sin evidencia que la respalde, la publicación del CNE no puede ser reconocida.” Consilium
OEA (30/07/2024): Informe técnico que declara no confiables los resultados y señala opacidad. OEA
HRW (30/04/2025): “Widespread abuses since the July 28, 2024 elections.” Human Rights Watch
Amnistía (15/07/2025): Desapariciones forzadas como política de Estado. Amnesty International
ONU-FFM (09/2025): Detención de familiares como método de represión; caso Rafael Tudares. Reuters+1
R4V (2025): 6.87 millones en ALC; >7.7 millones globalmente. R4V+1
Nobel (10/10/2025): Premio Nobel de la Paz a MCM. NobelPrize.org
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