En los últimos meses, México y Estados Unidos han mantenido una relación bilateral compleja, marcada por avances clave y tensiones persistentes. Aunque no se han alcanzado grandes acuerdos formales, diversos gestos y gestiones han permitido mantener abiertos canales de diálogo en comercio, seguridad y justicia.
Primero, en materia comercial, se alcanzó una pausa significativa. Estados Unidos decidió suspender por 90 días la aplicación de nuevos aranceles los cuales podrían haber llegado hasta el 30 por ciento sobre productos mexicanos como autos, acero y aluminio. Esta moratoria permite que el comercio fluya mientras se negocian acuerdos que fortalezcan el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Los aranceles ya existentes de 25 por ciento sobre autos y fentanilo, 50 por ciento en algunos metales se mantienen durante esta etapa y mantienen presión sobre las partes para avanzar en una solución negociada.
Ese periodo de tranquilidad comercial es una concesión mutua: Washington gana tiempo para mostrar avances ante su base electoral, mientras que México evita un impacto grave en su industria manufacturera y cadenas de suministro, cruciales para su estabilidad económica y generación de empleo. Ambas partes enfatizan la necesidad de llegar a un acuerdo duradero que fortalezca la integración regional sin recurrir a medidas drásticas que lastimen la confianza entre socios comerciales y afecten el nearshoring que ha revitalizado plantas en ambos países.
En paralelo, emergió una agenda contundente en seguridad y justicia. En un hecho inédito, en febrero México extraditó a Estados Unidos, bajo procedimientos judiciales acelerados, a casi treinta presuntos narcotraficantes, incluyendo figuras históricas del crimen organizado como Rafael Caro Quintero. Meses después, en agosto, se enviaron otros 26 sospechosos con una condición explícita la de que no se solicitaría la pena de muerte. Este gesto fue interpretado como una muestra clara de cooperación judicial, y como un compromiso de México para enfrentar estructuras criminales transnacionales al tiempo que defiende sus principios contra la pena capital.
Estas extradiciones ocurren en un contexto donde Estados Unidos había aumentado la presión diplomática en la que amenazó con aranceles en caso de que no se detuvieran flujos de fentanilo y que no se actuara contra redes criminales con vínculos políticos. La postura mexicana ha sido estratégica: aceptar la colaboración cuando es legítima y efectiva, pero dejar claro que cada paso se da dentro del marco de su soberanía y del debido proceso legal nacional.
En otro frente relevante, se reveló un posible operativo binacional denominado “Proyecto Portero”, anunciado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), como una operación conjunta contra delitos fronterizos. México negó categóricamente que exista un acuerdo formal con esa agencia y aclaró que cualquier colaboración futura debe ser canalizada a través del Departamento de Estado. De esta forma, se reafirmó que la cooperación debe regirse por acuerdos diplomáticos oficiales, no por iniciativas unilaterales que puedan generar confusión o cuestionamientos sobre límites operativos y soberanía.
Adicionalmente, se ha señalado presión desde Washington para que México procesara a políticos con supuestos vínculos al narcotráfico, incluidos funcionarios de alto nivel o con fuero. Si bien esto generó polémica en el país, también empujó la aceleración de investigaciones internas y reformas legales que fortalezcan sistemas de justicia. El gobierno mexicano ha respondido que no se trata de cumplir con imposiciones sino de atender demandas urgentes de seguridad ciudadana, recabando resultados verificables sin renunciar a su independencia institucional.
En materia de contrainteligencia y tráfico humano, se ha reforzado la colaboración con agencias estadounidenses. Un ejemplo reciente fue la remoción de una red de trata de personas en la frontera de Nogales, donde autoridades mexicanas y estadounidenses trabajaron en conjunto para desmantelar operaciones criminales. Este tipo de acciones combinan experiencias, capacidades técnicas y enlaces institucionales, y reflejan un enfoque doble: proteger a las víctimas y priorizar el control de redes ilícitas transnacionales, sin comprometer la autonomía de cada país en su territorio.
En otro evento relevante, trascendió que “El Mayo” Zambada se prepara para presentar una nueva declaración ante tribunales estadounidenses. Se anticipa que esto ocurra en los días próximos, sin que se solicite la pena de muerte. La noticia es significativa pues implica un avance procesal importante, pero también subraya que hay límites claros a la colaboración judicial, especialmente cuando se trata de temas sensibles como derechos humanos y normativa penal internacional.
Estos diferentes frentes componen un mosaico donde la cooperación existe, pero con límites bien definidos. México ha desplegado acciones responsables y verificables para mantener el flujo comercial, mostrar avances en combate al crimen y defender su integridad institucional. Estados Unidos, por su parte, ha aprovechado herramientas económicas, como los aranceles, para incidir en políticas de seguridad y justicia, pero ha tenido que lidiar con la respuesta mexicana, que ha mantenido firme su posición sobre soberanía e insistencia en acuerdos multilaterales, no unilaterales.
Es importante señalar que en cuanto venza el plazo de 90 días para evitar nuevos aranceles, ambas administraciones deberán mostrar resultados sólidos que garanticen continuidad en el intercambio económico y avances en materia de seguridad. El éxito de una relación bilateral estable dependerá de la capacidad para convertir gestos tácticos en compromisos duraderos, sin ceder en soberanía ni debilitar estructuras institucionales; y sobre todo, sin volver a caer en confrontaciones que perjudiquen a millones de personas en ambos países.
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