La estrategia de regionalización del gobierno federal ha perdido consistencia, hoy el gobierno federal replica la utilizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: ONC.
El panorama de seguridad en el país muestra un deterioro significativo que se refleja en el comportamiento de la incidencia delictiva y en la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Si bien, existen delitos que no se han incrementado en los últimos meses, como lo aseguró el gobierno federal, algunos como los homicidios dolosos y la extorsión se mantienen en máximos históricos, aseguró Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Durante la presentación del Reporte Semestral de Incidencia Delictiva 2021 que elabora este organismo, Rivas Rodríguez señaló que sigue sin haber un aprendizaje de los errores propios y del pasado, aunque afirmó que se está privilegiando la comunicación política.
De acuerdo al análisis, se detectó que la estrategia de regionalización del gobierno federal ha perdido consistencia y hoy el gobierno federal replica la utilizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El informe puntualiza que en 2020 el titular interino de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, anunció la puesta en marcha de un Plan anticrimen en 15 municipios, de acuerdo con instrucciones del presidente consistente en un decálogo de acciones y la selección de los municipios consideró la cantidad absoluta de homicidios dolosos.
Ya como titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, se ha dado a la tarea de informar periódicamente sobre los avances del plan anticrimen en los 15 municipios, pero constantemente cambia las métricas y periodos de referencia, por lo que todos sus informes contienen sesgos.
El director del ONC mencionó que el 15 de julio tras una reunión que Andrés Manuel López tuvo con algunos gobernadores, se anunció la puesta en marcha de una estrategia de seguridad pública conjunta para disminuir la incidencia de homicidios dolosos en los 50 municipios más violentos del país, esta idea, Rivas Rodríguez, es similar a la anunciada el 30 de agosto de 2016 cuando Enrique Peña Nieto ordenó al Gabinete de Seguridad la implementación de una estrategia integral en 50 municipios que concentraban 42 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en el país.
Advirtió que se requiere mucho más que discursos políticos para resolver los problemas de seguridad en las 15 entidades con nuevo gobernador
Francisco Rivas consideró que las próximas discusiones presupuestales para 2022, el arranque de 15 gobiernos estatales, el de la nueva legislatura del Congreso de la Unión, así como de otros cargos públicos, son una oportunidad para corregir el camino. “Esto empieza por un ejercicio de autocrítica y de genuino interés por el bienestar de la población”, subrayó.
Por otra parte, mencionó que es probable que la medición de la pobreza que se presentará en agosto, muestre una mayor cantidad de personas en situación de pobreza, también dijo que no existe evidencia de que la actual política de desarrollo social funcione para prevenir el delito y la violencia.
“Los programas sociales no se focalizan con base en indicadores de incidencia delictiva. La cobertura promedio de los programas sociales en los 15 municipios prioritarios no corresponde con lo anunciado por el gobierno federal. De los 50 municipios prioritarios con más homicidios dolosos, 37 (74 por ciento) tiene una cobertura promedio de los principales programas sociales inferior a la de su población en situación de pobreza”, observó.
Francisco Rivas advirtió que hay que tomar con reservas el informe de gobierno que en septiembre presentará Andrés Manuel López Obrador, ya que es posible que en este se publiciten logros que no corresponden con la realidad.
Asimismo, consideró que las discusiones presupuestales en el Congreso deben tomar en cuenta que la federación está ejerciendo un porcentaje significativo de recursos sin una efectividad probada y con el riesgo de que se conviertan en dispendios para la hacienda pública, más cuando la política federal de desarrollo social, estampa de la actual administración, no está alineada con los problemas de incidencia delictiva.
Por último, el director del ONC urgió a la administración pública federal a publicar y poner en marcha los cinco programas nacionales que se desprenden del Programa Sectorial. “Sin estos, la política federal de seguridad está a la deriva”, consideró.
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