La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrida a inicios de enero de 2026, marcó el cierre abrupto de un ciclo político que se extendió por más de dos décadas en Venezuela. El hecho no sólo puso fin al liderazgo personal del mandatario, sino que reconfiguró de manera inmediata el equilibrio de poder dentro y fuera del país, abriendo un escenario incierto sobre el rumbo institucional, la legitimidad del nuevo gobierno encargado y las condiciones reales para una transición democrática.
Tras años de crisis económica, erosión institucional y confrontación internacional, Venezuela entra en una fase inédita, en la que convergen actores del antiguo régimen, liderazgos opositores con respaldo popular y una intervención externa que condiciona el futuro político del país.
Del chavismo fundacional al colapso del régimen: de Hugo Chávez a Nicolás Maduro
El proceso político que derivó en la caída del régimen venezolano en enero de 2026 no puede entenderse sin revisar el ciclo histórico iniciado con Hugo Chávez. El chavismo emergió como respuesta al desgaste del sistema político establecido tras el Pacto de Puntofijo de 1958, acuerdo que consolidó un bipartidismo entre Acción Democrática y COPEI, garante de estabilidad durante décadas, pero crecientemente excluyente.
A finales de los años ochenta, la combinación de la caída de los precios del petróleo y una deuda externa insostenible obligó al gobierno de Carlos Andrés Pérez a aplicar un severo programa de ajustes económicos supervisado por el Fondo Monetario Internacional. Estas medidas detonaron el Caracazo del 27 de febrero de 1989, una revuelta social masiva reprimida por el Ejército, con un saldo oficial de 276 muertos y estimaciones no oficiales que superan los 3 mil.
En ese contexto de deslegitimación institucional, el 4 de febrero de 1992 el entonces teniente coronel Hugo Chávez encabezó un intento de golpe de Estado. Aunque fracasó, su discurso posterior — marcado por el “por ahora” — lo posicionó como una figura antisistema. Tras abandonar la vía armada, Chávez fundó el Movimiento V República y ganó las elecciones presidenciales de 1998 con el 56.2% de los votos, impulsado por un discurso contra la corrupción y la pobreza, que afectaba entonces al 85% de los hogares.
En 1999, Chávez impulsó una Asamblea Nacional Constituyente que refundó el Estado venezolano y dio origen a la República Bolivariana de Venezuela. Con el tiempo, el chavismo dejó de ser un liderazgo personalista para convertirse en una estructura de poder cívico-militar que gobernó de manera ininterrumpida desde 1999.
La muerte de Chávez en 2013 marcó un punto de quiebre. Nicolás Maduro heredó un proyecto que dejó de expandirse ideológicamente y pasó a centrarse en su propia supervivencia. El quiebre definitivo se produjo en 2015, cuando la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. La respuesta del gobierno fue desconocer el Parlamento, vaciarlo de funciones y crear estructuras paralelas, consolidando un autoritarismo cerrado.
Desde entonces, la persecución judicial, las elecciones sin garantías y la represión sistemática se convirtieron en prácticas habituales. Pese a ese control institucional, el 28 de julio de 2024 el oficialismo sufrió su mayor derrota política al perder ampliamente la elección presidencial frente a Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por María Corina Machado, quien no pudo competir directamente.
Delcy Rodríguez y la presidencia encargada: continuidad sin plazos claros
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de Venezuela. El acto se realizó durante la instalación de la nueva Asamblea Nacional, electa el 25 de mayo y dominada por el oficialismo, bajo la conducción de Jorge Rodríguez, presidente reelecto del Parlamento y hermano de la nueva mandataria interina.
El Tribunal Supremo de Justicia determinó que no existía una “falta absoluta” del presidente, interpretación que permitió evitar la activación del mecanismo constitucional que obliga a convocar elecciones en un plazo de 30 días cuando la vacante ocurre en los primeros cuatro años del mandato. Esta decisión abrió la posibilidad de un interinato indefinido, figura que no está prevista expresamente en la Constitución.
Los artículos 233 y 234 de la Carta Magna regulan las ausencias presidenciales, pero establecen límites temporales claros. No obstante, esta no es la primera vez que el máximo tribunal recurre a interpretaciones flexibles: una lógica similar permitió a Nicolás Maduro mantenerse como encargado durante la enfermedad de Hugo Chávez, sin activar los plazos constitucionales.
Las redes del poder tras la caída de Maduro
El nuevo escenario político mantiene intactos varios nodos clave del antiguo régimen. Delcy Rodríguez, hija del histórico dirigente de izquierda Jorge Rodríguez padre, ha emergido como la figura de transición aceptada por Washington, al no figurar en listas de recompensas de la DEA y fungir como interlocutora pragmática.
Jorge Rodríguez conserva el control del aparato legislativo y es considerado el principal estratega político del chavismo desde los años finales del madurismo. En el ámbito militar, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López ha sido decisivo al reconocer a Rodríguez, evitando una fractura inmediata dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, continúa controlando los aparatos policiales y de inteligencia. Su lealtad al nuevo esquema de poder es considerada crítica, pero no completamente asegurada.
En el plano internacional, la intervención del 3 de enero marcó un relanzamiento de la doctrina Monroe por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump condicionó su respaldo al nuevo gobierno a la ruptura total de relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, así como al control de los recursos energéticos venezolanos.
Frente a este bloque, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia representan el liderazgo opositor con mayor legitimidad electoral, al haber resultado vencedores en los comicios de 2024.
Expectativas sociales y opinión pública en un país dividido
Las expectativas ciudadanas reflejan una profunda división. Según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg News, el 51.6% de los venezolanos considera que María Corina Machado debería asumir el poder, frente al 14% que respalda a Delcy Rodríguez. Sin embargo, un segmento significativo manifiesta desencanto: cerca del 18% no quiere a ninguna de las dos figuras y un 17% no sabe a quién apoyar.
A nivel regional, alrededor del 60% de los latinoamericanos encuestados aprobó la salida de Maduro, aunque dentro de Venezuela el respaldo a la operación militar estadounidense es menor: solo el 47% la apoya, mientras que más de una cuarta parte la rechaza y casi un tercio se declara indeciso.
El reconocimiento de Washington a Rodríguez tomó por sorpresa a amplios sectores opositores, particularmente porque Machado — galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025 — es la figura política más popular del país.
María Corina Machado: legitimidad política sin respaldo internacional
Durante los últimos dos años, María Corina Machado ha enfrentado un proceso político errático. Tras quedar al margen de la intervención que culminó con la captura de Maduro, intentó acercarse a la administración Trump respaldando acciones controversiales, incluso dedicándole públicamente su Premio Nobel.
Sin embargo, la Casa Blanca optó por respaldar a Delcy Rodríguez, considerada una figura con mayor capacidad de garantizar estabilidad institucional y continuidad operativa, especialmente en relación con el sector energético. Machado denunció que Rodríguez enfrenta sanciones desde 2017 por violaciones a derechos humanos y la vinculó con la gestión de centros de detención como El Helicoide.
Para Washington, la prioridad parece estar centrada en la estabilidad y en las oportunidades económicas, más que en una transición inmediata liderada por la oposición democrática. En este escenario, Machado conserva legitimidad popular, pero carece del respaldo militar y diplomático necesario para asumir el control del Estado.
El fin del liderazgo, no del sistema
La salida de Nicolás Maduro del poder no representa, por sí misma, el desmontaje del entramado político que sostuvo al chavismo durante más de 25 años. Si bien su captura simboliza el colapso del liderazgo personal del régimen, las estructuras que permitieron su permanencia — el control institucional, la subordinación militar y las redes de poder interno — permanecen en gran medida intactas.
El nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada confirma una transición controlada, más cercana a una reconfiguración interna del poder que a una ruptura definitiva con el pasado. Al mismo tiempo, la exclusión de los liderazgos opositores que cuentan con mayor legitimidad electoral revela las tensiones entre la voluntad popular, los equilibrios internos del Estado venezolano y los intereses estratégicos de los actores internacionales involucrados.
En este contexto, el futuro de Venezuela no dependerá únicamente del relevo en la presidencia, sino de la capacidad real de transformar las instituciones, restablecer garantías democráticas y definir una hoja de ruta que trascienda la lógica de supervivencia del régimen. El fin de la dictadura, en términos formales, abre una etapa de transición; su desenlace, sin embargo, sigue siendo una incógnita.
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