En 2025, México cerró el año con un balance de seguridad marcado por contrastes. Mientras el gobierno federal sostuvo que los homicidios dolosos disminuyeron de manera significativa, especialistas en seguridad, organizaciones civiles y representantes empresariales advirtieron que la violencia persiste en otras formas y que el país aún enfrenta problemas estructurales graves en materia de justicia e impunidad.
De acuerdo con información difundida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de homicidios dolosos registró una caída de 37 % entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Según la titular del organismo, Marcela Figueroa Franco, el promedio pasó de cerca de 87 homicidios diarios a poco menos de 55, lo que colocó a noviembre de 2025 como uno de los meses con menor número de asesinatos en la última década.
Las autoridades federales también destacaron que, durante ese mismo periodo, se logró la detención de más de 38 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de más de 20 mil armas de fuego y el decomiso de grandes cantidades de drogas. Estos resultados fueron presentados como evidencia de que la estrategia de seguridad basada en operativos federales y coordinación entre fuerzas armadas y civiles estaba dando resultados.
Sin embargo, incluso en los propios reportes oficiales se reconoce que la violencia sigue concentrada territorialmente. Siete estados acumularon alrededor del 51 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país, entre ellos entidades del Bajío, el Pacífico y la frontera norte, donde las disputas entre grupos criminales continúan siendo intensas.
Para especialistas en seguridad pública, esta concentración regional es una señal de que la reducción nacional no implica una mejora generalizada. Bernardo León Olea, analista en temas de seguridad y justicia, ha señalado que existen inconsistencias en los datos reportados por algunas fiscalías estatales y que las cifras de homicidios no siempre coinciden entre registros locales y federales. A su juicio, la falta de criterios homogéneos y de auditorías independientes debilita la confianza en los datos oficiales.
Además, diversos expertos advierten que el homicidio no es el único indicador relevante para evaluar la violencia. Durante 2025, otros delitos de alto impacto mostraron una tendencia al alza, particularmente la extorsión y el cobro de piso. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, ha sido enfático en señalar que no puede hablarse de pacificación cuando otros delitos crecen. En declaraciones públicas, Rivas sostuvo que la violencia se ha transformado y que muchas de sus expresiones no se reflejan en la estadística de homicidios.
El fenómeno de las desapariciones refuerza esta preocupación. Organizaciones civiles y centros de análisis han documentado un aumento de personas desaparecidas durante 2025, así como el hallazgo constante de fosas clandestinas en distintas regiones del país. Para especialistas en derechos humanos, estas cifras revelan una crisis humanitaria que no se refleja plenamente en los indicadores tradicionales de seguridad.
En este punto, la impunidad aparece como un factor central. Informes y análisis independientes coinciden en que sólo una minoría de los homicidios y desapariciones deriva en procesos judiciales exitosos. La falta de investigaciones sólidas, de capacidades forenses suficientes y de sentencias firmes contribuye a que la violencia se reproduzca. Para expertos en justicia penal, sin castigo efectivo no hay disuasión posible.
El sector empresarial también alzó la voz durante el año. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la extorsión alcanzó niveles históricos en 2025, con miles de víctimas registradas, principalmente pequeños y medianos negocios. Su presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, señaló que este delito se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la actividad económica y la inversión en varias regiones del país.
La percepción ciudadana confirma este diagnóstico. Aunque los homicidios bajaron, una mayoría de la población siguió considerando inseguro vivir en su ciudad. El miedo cotidiano a ser asaltado, extorsionado o quedar atrapado en un hecho violento continúa siendo parte de la experiencia diaria, lo que muestra una brecha entre las cifras oficiales y la sensación de seguridad de la población.
De cara a 2026, especialistas coinciden en que el principal reto será consolidar los avances sin descuidar los problemas de fondo. Mejorar la calidad y transparencia de los datos, fortalecer fiscalías y policías locales, invertir en capacidades forenses y atender de manera integral a las víctimas son tareas urgentes. De lo contrario, advierten, la reducción de homicidios podría convertirse en un alivio temporal y no en el inicio de una pacificación duradera.
Al cierre de 2025, México muestra menos homicidios en las estadísticas, pero sigue enfrentando una violencia compleja y multifacética. El desafío para el próximo año no será sólo mantener la tendencia a la baja, sino lograr que la seguridad deje de ser un dato y se convierta en una realidad palpable para la ciudadanía.
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