En un país donde la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, un nuevo informe lanza una señal de advertencia, tan contundente como esperanzadora. El Índice de Paz México 2025, presentado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), revela un escenario nacional marcado por una tenue mejora de la paz, pero también por cifras alarmantes que evidencian que la violencia en México está lejos de ser una página superada.
En su duodécima edición, el estudio arroja un dato aparentemente alentador: la paz en México mejoró un 0.7 por ciento durante 2024, encadenando su quinto año consecutivo de mejora moderada. Sin embargo, este avance es apenas un suspiro frente a un deterioro acumulado del 13.4 por ciento desde 2015. Detrás del aparente progreso, se esconde una dolorosa realidad: México sigue siendo un país menos pacífico que hace una década.
El precio de la violencia
El costo económico de la violencia en 2024 ascendió a 4.5 billones de pesos, equivalente al 18 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. En términos individuales, cada mexicano “pagó” 33 mil 905 pesos, más que el salario mensual promedio. A pesar del gasto colosal, el país destina apenas el 0.7 por ciento de su PIB a seguridad pública y justicia, menos de la mitad del promedio regional e internacional.
La cifra es escandalosa si se considera que México cuenta con solo 4.4 jueces por cada 100 mil habitantes, una cuarta parte del promedio global. Esto ha generado una crisis de impunidad: miles de personas permanecen en prisión sin haber recibido sentencia. En este contexto, la reciente reforma que permitirá la elección popular de jueces y magistrados, aprobada en 2024, despierta más dudas que esperanzas. Aunque busca la rendición de cuentas, expertos temen que la justicia se politice aún más, debilitando su independencia.
Colima encabeza, por tercer año consecutivo, la lista de los estados más violentos, con una tasa de más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes. Lo siguen Guanajuato, Morelos, Baja California y Quintana Roo. En el extremo opuesto, Yucatán mantiene su estatus como el estado más pacífico, seguido de Tlaxcala, Durango, Chiapas y Nayarit.
La delincuencia organizada sigue siendo el motor principal de la violencia en México. Desde 2007, los homicidios vinculados al crimen organizado se han multiplicado por seis, pasando de tres mil a 18,000 al año. Mientras tanto, los homicidios no relacionados con estos grupos han mostrado escasa variación. Esta violencia se intensifica con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en particular de fentanilo, en un flujo binacional tan lucrativo como letal.
Políticos en riesgo
El año 2024, marcado por elecciones históricas, fue el más letal para figuras políticas: al menos 201 asesinatos con motivación política, una quinta parte de ellos en el mes previo a las votaciones. La mayoría de las víctimas eran actores municipales, blanco preferido del crimen organizado por el control territorial que representa el poder local.
A esto se suma una crisis de desapariciones que no da tregua. Desde 2010, se han reportado cerca de 292 mil personas desaparecidas, más de la mitad en los últimos seis años. El hallazgo de fosas comunes, especialmente en Jalisco –donde se concentra un tercio de los cuerpos encontrados en entierros clandestinos–, mantiene a la sociedad en estado de indignación permanente. El reciente descubrimiento de un sitio de ejecución masiva en Teuchitlán, en marzo de 2025, encendió nuevas protestas nacionales ante el fracaso institucional para prevenir estas atrocidades.
La violencia ya no es solo una exportación. El narcomenudeo ha crecido 161 por ciento desde 2015, y las extorsiones, 45.5 por ciento. El mercado interno de drogas se ha expandido, con más mexicanos buscando tratamiento por consumo de metanfetamina y éxtasis. Paradójicamente, el uso de alcohol y marihuana muestra una leve disminución, lo que indica una transformación en los patrones de consumo.
La Paz Positiva, que mide las estructuras que sostienen la paz –como instituciones sólidas, bajo nivel de corrupción y buenas relaciones comunitarias– se ha deteriorado 2.4 por ciento en la última década. Los pilares más afectados: el buen funcionamiento del gobierno y los bajos niveles de corrupción. La correlación es clara: donde hay corrupción, hay violencia.
Y sin embargo, hay señales de que la tormenta podría estar perdiendo fuerza. Algunos flujos ilícitos, como los relacionados con migración y drogas, muestran indicios de haber alcanzado su punto máximo en 2022–2023. Pero para que esta esperanza se consolide, México necesita mucho más que estadísticas.
Combatir la impunidad, erradicar la corrupción, reconstruir el tejido institucional y ofrecer un futuro a sus jóvenes: esa es la verdadera ruta hacia la paz. El Índice de Paz México 2025 no solo documenta una crisis. También lanza un reto urgente a quienes tienen el poder de cambiar el destino de un país que, pese a todo, sigue buscando la paz.
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