Meses, días y años pasan sin que miles de personas sean declaradas inocentes o culpables, otras tantas esperan que un juez dicte la reparación del daño que sufrieron, y cada día crece la pila de casos administrativos, penales, civiles o laborales que llegan a los distintos juzgados del país, sin que nadie sepa ni la hora, ni el día, ni el año en que puedan ser atendidos ante la saturación que existe en el sistema judicial mexicano, el cual no tiene fin.
Séneca decía que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, y México actualmente atraviesa por esta situación en sus sistemas judiciales el cual está saturado debido a problemas estructurales persistentes ocasionado por la falta de personal e infraestructura, sobrecarga de procesos, duración excesiva de los mismos y acceso limitado a la información.
Estos problemas, que impiden un acceso equitativo a la justicia, no están siendo resueltos por la reciente reforma judicial, que se enfocó en la elección popular de jueces y otras medidas que podrían debilitar la independencia judicial en lugar de mejorar la capacidad institucional.
La cifra de los casos retrasados es alarmante, entre enero y julio de 2025 se ingresaron un millón 619 mil nuevos asuntos al Poder Judicial Federal, frente a un millón 200, mil en el mismo periodo de 2024. Para entonces, los 936 órganos jurisdiccionales federales llevaban acumulados 552 mil 800 expedientes pendientes, un incremento de 25 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.
Estos números representan juicios en pausa, litigantes sin respuesta, ciudadanos que esperan decisiones que nunca llegan. Los juzgados penales en estados como Puebla tienen en promedio más de mil causas por juez, mientras que en Tabasco y Baja California la carga supera las 700. El promedio nacional es de 356 causas por juez.
En la Ciudad de México, un estudio de México Evalúa reveló que entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 disminuyó el número de jueces de 486 a 329. En ese mismo reporte se señala que el registro de personal del Poder Judicial de la Ciudad de México se redujo en más de 300 trabajadores.
La doctora en derecho, Francisca Pou Giménez, aseguró que la reforma judicial responde a fines políticos y no atiende los problemas del sistema de justicia; que impone jueces sin experiencia y compromete el Estado de derecho. Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte, acusó que la reforma judicial desmantela décadas de construcción institucional basada en la profesionalización y autonomía. La especialista en derecho, Laurence Pantin, advirtió que el nuevo Tribunal de Disciplina podría no ser independiente y tener miembros con afiliaciones políticas.
En junio de 2024, especialistas insistieron en que la reforma judicial debe incluir correcciones al sistema completo, no sólo elegir jueces. Pidieron atender la falta de personal, lograr una justicia expedita e imparcial, combatir el nepotismo, y fortalecer las denuncias.
El rezago judicial afecta áreas federales y locales. A finales de abril de 2025 había más de un millón de asuntos sin resolver en el ámbito federal, distribuidos entre órganos jurisdiccionales ordinarios, tribunales colegiados, juzgados de distrito y tribunales laborales federales.
Las declaraciones indican también que muchos juzgados locales están rebasados. En la Ciudad de México, en los juzgados laborales cada uno tiene más de mil 600 asuntos pendientes.
Fiscalías también son cuello de botella. Los problemas en la justicia penal no mejorarán únicamente con la reforma judicial porque el grave atraso institucional está en las fiscalías, donde muchas denuncias no prosperan o se archivan.
Las reformas recientes se centran en mecanismos visibles como la elección popular de jueces. Sin embargo, especialistas señalan que sin el personal necesario, sin infraestructura, sin mejoras tecnológicas, transparencia y capacitación, estas reformas podrían no resolver los problemas y hasta debilitarlos.
Lo urgente, según voces expertas, es incrementar personal judicial y administrativo para reducir la carga por juzgado; mejorar la infraestructura y avanzar en expedientes digitales; establecer plazos procesales máximos que se cumplan y garantizar acceso a la información; priorizar transparencia en elecciones judiciales; y fomentar coordinación con fiscalías y ministerios públicos.
Si la justicia no llega, no puede llamarse justicia. Los derechos, las garantías, los procedimientos sin respuesta se convierten en promesas incumplidas.
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