México enfrenta una crisis de seguridad que se ha profundizado en los últimos años, marcada por la violencia, la impunidad y la desconfianza ciudadana. Aunque las autoridades han presentado cifras que sugieren mejoras, la realidad en las calles y comunidades cuenta una historia diferente. La transparencia y el reconocimiento de los problemas son esenciales para implementar soluciones efectivas.
Estado Actual de la Seguridad
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer trimestre de 2024, el 58.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad era inseguro . Aunque esta cifra representa una disminución en comparación con años anteriores, sigue siendo alarmante.
Además, el país registró un promedio de 83 homicidios diarios durante el primer semestre de 2024, con una tasa nacional de 11.7 homicidios por cada 100 mil habitantes . Estados como Colima, Morelos y Baja California presentan tasas significativamente más altas, reflejando focos críticos de violencia.
Problemas No Reconocidos
Uno de los aspectos más preocupantes es la expansión del crimen organizado. El número de organizaciones criminales involucradas en al menos una muerte aumentó de 4 en 2007 a 25 en 2022 . Estas organizaciones han diversificado sus actividades, incluyendo extorsión y narcomenudeo, lo que ha incrementado la violencia en diversas regiones.
La percepción de impunidad también es alta. Un estudio de Impunidad Cero revela que el 63% de la población considera que los responsables de un delito son llevados ante el juez solo algunas veces . Esta percepción se ve alimentada por casos como la liberación de más de 100 presuntos criminales por resoluciones judiciales cuestionables .
Causas Ocultas y Factores Complejos
La inseguridad en México no puede entenderse sin considerar factores estructurales como la pobreza y la desigualdad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2022, el 43.9% de la población vivía en situación de pobreza . La falta de oportunidades y la debilidad institucional crean un caldo de cultivo para la violencia.
Además, la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia agrava la situación. En 2024, México obtuvo una calificación de 26 puntos de 100 posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en la posición 140 de 180 países evaluados .
Consecuencias del Encubrimiento
La falta de reconocimiento de la gravedad de la situación tiene consecuencias directas en la política pública y la confianza ciudadana. La percepción de inseguridad y la desconfianza en las autoridades dificultan la implementación de estrategias efectivas. Además, la imagen internacional de México se ve afectada, lo que puede tener repercusiones económicas y diplomáticas.
El aumento de desplazamientos forzados es una muestra de la crisis. En 2024, se duplicaron los desplazamientos a causa de la violencia, alcanzando las 26,000 personas . Esto refleja la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Lo que Debe Admitirse
Es urgente que las autoridades reconozcan la magnitud de la crisis de seguridad. La transparencia y la autocrítica son necesarias para implementar cambios efectivos. Fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y abordar las causas estructurales de la violencia son pasos esenciales.
Además, se requiere una estrategia integral que incluya la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. La militarización de la seguridad pública ha demostrado ser insuficiente y, en algunos casos, contraproducente.
María López, madre de un joven desaparecido en Jalisco, comparte su experiencia:
“Mi hijo desapareció hace un año y las autoridades no han hecho nada. Solo me dan largas y excusas. Siento que estoy sola en esta lucha. Necesitamos que el gobierno nos escuche y actúe.”
Su testimonio refleja el dolor y la desesperanza de miles de familias mexicanas que buscan justicia en un sistema que, muchas veces, les da la espalda.
Negar la realidad de la inseguridad en México solo perpetúa la violencia y la impunidad. Es necesario un cambio de enfoque que priorice la transparencia, la justicia y el bienestar de la población. Solo mediante una evaluación honesta y acciones responsables se podrá avanzar hacia un país más seguro y justo.
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