Durante el sexenio anterior, “Abrazos, no balazos” se convirtió en emblema de una política que apostó por atender causas sociales, programas para jóvenes y uso acotado de la fuerza. “Tiene que ver con abrazar a los jóvenes… para evitar que se vinculen con la delincuencia”, resumió el entonces presidente al describir el enfoque preventivo y social del paradigma.
Desde el 1 de octubre de 2024, Omar García Harfuch funge como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El exjefe de la policía capitalina —y sobreviviente de un atentado del CJNG en 2020— llegó con la promesa de fortalecer inteligencia, coordinación y Guardia Nacional, sin abandonar la prevención social.
La pregunta es inevitable: ¿la llegada de Harfuch supone un cambio de fondo o una estrategia mixta que combine prevención con contundencia operativa? El gobierno reporta 37% menos homicidios dolosos en promedio diario entre septiembre de 2024 y octubre de 2025, mientras que la percepción de inseguridad entre la población urbana sigue en 63%. Los datos dibujan avances y sombras que vale la pena desmenuzar.
Desarrollo | Tres capas para entender el momento
El enfoque abrazos no balazos, priorizó causas de la violencia (pobreza, desigualdad), programas sociales para jóvenes, diálogo comunitario y el uso proporcional de la fuerza con apego a derechos humanos. Su virtud: mover el centro de gravedad hacia la prevención y el bienestar, coherente con la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) cuando pide atender raíces del mal social, promover el bien común y la dignidad.
Resultados y tensiones: México cerró 2024 con 26,715 asesinatos, ~70 diarios; en 2025, la nueva administración comenzó a mostrar descensos significativos en el promedio mensual, que el gobierno cifra en -37% a octubre de 2025 (de 86.9 a 54.5 homicidios diarios). Sin embargo, el país arrastra deudas duras: personas desaparecidas, violencia contra periodistas y defensores, y un clima ciudadano que todavía se siente inseguro.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional insisten en que, aun con ajustes, persisten riesgos de abusos (tortura, agresiones a migrantes y periodistas). La DSI lo recuerda: sin legalidad y derechos humanos no hay paz verdadera.
Harfuch llega con un expediente conocido: liderazgo operativo, uso de inteligencia e investigación, y una narrativa pública de coordinación interinstitucional. En CDMX (2019–2023) la administración capitalina reportó una tendencia a la baja en varios delitos, atribuida a despliegues focalizados, investigación y cámaras. Ya como secretario federal, presentó la Estrategia Nacional de Seguridad con cuatro ejes: atención a causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación con estados y FGR.
En los primeros 13 meses del actual gobierno, el gabinete de seguridad presume miles de detenciones, decomisos de armas y drogas y el desmantelamiento de laboratorios; al tiempo, subraya la baja en homicidios. El énfasis operativo convive —en el discurso— con el refuerzo de programas sociales.
¿Continuidad, giro o mezcla? Tres escenarios
- Continuidad corregida
El gobierno mantiene el enfoque social y la contención del uso de la fuerza, pero afina ejecución: metas medibles por municipio, evaluación trimestral y mejor articulación con estados. Se profundiza el acompañamiento comunitario y la prevención terciaria (jóvenes en mayor riesgo), con mecanismos de verificación de impactos. Ventaja: preserva la base social de la paz y el lenguaje de la reconciliación. Riesgo: si la inteligencia y la coordinación no son consistentes, puede haber “efecto globo” (desplazamiento del delito). - Giro coercitivo
Una lectura “mano dura” pondría el foco en operativos, detenciones y presencia militar/policial, con menos peso relativo a lo social. Podría traer impactos rápidos en delitos de alto impacto, pero con riesgo de abusos si no se blinda el control civil, la rendición de cuentas y la capacitación en uso de la fuerza. Además, la cooperación internacional —en especial con EE. UU. contra fentanyl y armas— exigiría protocolos de derechos humanos para no comprometer extradiciones y asistencia. HRW y AI han pedido justamente controles más fuertes. - Estrategia mixta (probable)
Es la vía que el propio gabinete ha descrito: prevención social + inteligencia + coordinación y Guardia Nacional. El dato de -37% en homicidios alimenta la tesis de que “operación inteligente con contención social” puede funcionar. El talón de Aquiles está en la percepción: 63% de la población urbana aún se siente insegura y eso erosiona legitimidad. Sin comunicación transparente, servicios públicos visibles y justicia pronta, la ciudadanía no percibe el cambio.
Los cuatro desafíos de Harfuch
- Coordinación interinstitucional
La seguridad es federal–estatal–municipal. El IBD del Senado recuerda que a la SSPC le toca coordinar el gabinete de seguridad y proponer acciones. Aterrizarlo exige mesas regionales con metas comunes y un tablero público de cumplimiento. - Combate a la corrupción
Sin policías íntegras y ministerios públicos funcionales, la impunidad se recicla. Exige asuntos internos efectivos, patrimoniales abiertos y auditorías externas. Los descensos en homicidio deben “cerrar el ciclo” en vinculaciones a proceso y sentencias. - Derechos humanos como estándar operativo
México sigue siendo peligroso para periodistas y defensores; el Estado debe reforzar el Mecanismo de Protección, profesionalizar uso de la fuerza y evitar la militarización sin controles civiles. La paz, desde la DSI, implica legalidad, verdad y reparación. - Confianza ciudadana
Aunque bajen delitos, si la gente no lo siente, la política flaquea. La ENSU (INEGI) mide esa percepción: 63% de personas adultas en 91 áreas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad en septiembre de 2025. Necesitamos policía de proximidad, servicios urbanos y participación comunitaria.
Voces y datos | Lo que dicen los informes (y la calle)
- Gobierno federal: “En los últimos 13 meses […] el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 a 54.5; -37%”, informó Presidencia y replicaron medios nacionales.
- INEGI–ENSU: 63% de la población urbana se siente insegura; el miedo es mayor en cajeros, transporte, calles y carreteras.
- HRW/AI: Persisten violencias graves y abusos; la agenda de seguridad debe estar “anclada en derechos”.
- CDMX 2019–2023: la capital reportó una tendencia de reducción de delitos bajo la gestión de Harfuch en la policía local, con uso intensivo de inteligencia y coordinación.
Autoridad local (Uruapan, Michoacán): ante la violencia, el gobierno municipal canceló el desfile del 20 de noviembre “priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias”. La nueva alcaldesa prometió un gobierno “cercano a la gente… y orientado a reconstruir el tejido social”. La postergación de una celebración histórica retrata el peso cotidiano de la inseguridad.
Voz gubernamental (gabinete de seguridad): en conferencias, Harfuch ha subrayado los cuatro ejes y la continuidad de la atención a causas junto a la inteligencia y coordinación; el mensaje: bajar homicidios sin renunciar al enfoque social.
Estas voces muestran una realidad dual: mejoran los promedios nacionales de homicidio, pero la vida local aún se reorganiza alrededor del miedo. La paz social requiere datos y confianza.
Implicaciones políticas y sociales
Sociedad civil y víctimas. Colectivos celebran cualquier reducción real de homicidios, pero piden verdad, búsqueda de desaparecidos y límites claros a la militarización. La legitimidad democrática —enseña la DSI— descansa en proteger a los más vulnerables y en el imperio de la ley.
Debate político. Mientras el gobierno presume resultados, oposiciones y observatorios cuestionan la brecha entre estadísticas y percepción. La agenda se ordena así: contener homicidios, derrotar la extorsión, abatir la impunidad y blindar derechos humanos.
Gobernabilidad. Si la curva de homicidios se mantiene a la baja y la percepción mejora, el gobierno consolidará legitimidad. Si no, crecerán la desconfianza y la fractura social. Aquí el liderazgo de Harfuch se pondrá a prueba: coordinación, resultados verificables y transparencia.
Ni fuego ni slogans: seguridad con dignidad
Decir adiós a los slogans y abrazar la evidencia: eso exige el momento. Con Harfuch al frente de la SSPC, la apuesta más racional luce mixta: prevención social (las raíces), inteligencia (la cabeza), coordinación (el cuerpo) y derechos humanos (el corazón). El dato de -37% en homicidios es alentador, pero debe sostenerse con menos extorsiones, más justicia y mejor percepción.
La paz no es ausencia de conflicto sino obra de la justicia: dignidad humana, bien común, solidaridad y subsidiariedad. Eso implica instituciones confiables, policías cercanas, familias fuertes y comunidades que se organizan. La ciudadanía —empresarios, iglesias, escuelas, barrios— tiene un papel irrenunciable: prevenir, denunciar, acompañar y exigir rendición de cuentas.
Abrazos sí, pero también Estado de derecho: sin legalidad no hay abrazo que alcance; sin oportunidades no hay operativo que baste. El reto es sostener la curva a la baja con rostro humano y métricas públicas. De eso depende que el país deje de vivir entre el operativo de ayer y el miedo de mañana.
Fuentes clave citadas
- Nombramiento y perfil de O. G. Harfuch (SSPC). Wikipedia
- Reducción de homicidios (gobierno federal, prensa económica). Gobierno de México+1
- ENSU–INEGI (percepción de inseguridad). INEGI
- Animal Político (contexto “Abrazos, no balazos”). Animal Politico
- HRW / Amnistía (derechos humanos). Human Rights Watch+1
- CDMX 2019–2023 (tendencias con Harfuch). gobierno.cdmx.gob.mx
- Caso Uruapan (impacto local y decisiones de gobierno municipal). El País
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
