Cada mañana, para alguien que no puede caminar, la jornada comienza con un recordatorio contundente de las barreras cotidianas: una banqueta sin rampa, un transporte que no se adapta, un edificio que excluye desde la entrada. Esa escena, repetida en miles de ciudades, sintetiza un problema profundo: no es la limitación física lo que aísla, sino un entorno que no se transforma. Por eso, más allá de la empatía, lo que falta es un sentido real de trato humano y la convicción de que la accesibilidad debe ser parte esencial del espacio público.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre, nació precisamente para evidenciar estas brechas y exigir que los derechos de millones de personas no sean postergados. La fecha busca promover la inclusión plena en todas las dimensiones de la vida social, económica, educativa y política, y recordar que la discapacidad no es un atributo individual aislado, sino una interacción entre las personas y los obstáculos del entorno. Este año, el lema “Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social” subraya que la inclusión no es un acto de buena voluntad, sino un factor indispensable para el desarrollo.
La magnitud del desafío es global. Los cálculos internacionales más recientes estiman que alrededor de 1.3 mil millones de personas, equivalentes a aproximadamente 16% de la población mundial, viven con alguna discapacidad. No sólo enfrentan barreras físicas, sino también desigualdades en educación, salud, empleo y participación ciudadana. Esto significa que uno de cada seis habitantes del planeta vive diariamente con entornos que todavía no responden a sus necesidades.
En México, las cifras también evidencian la urgencia del problema. Datos recientes señalan que 8.8 millones de personas de cinco años y más viven con al menos una discapacidad, lo que equivale al 7.2 por ciento de ese segmento poblacional. Si se incluyen las personas con limitaciones para realizar actividades cotidianas, la cifra total aumenta a más de 20 millones, lo que representa casi una quinta parte del país. Además, un porcentaje significativo reporta haber enfrentado discriminación en el último año, muchas veces directamente vinculada a su condición. Las consecuencias son claras: menor acceso a estudios, dificultades para conseguir empleo y una brecha persistente en ingreso y movilidad social.
¿Por qué estas cifras son relevantes para las familias, las escuelas, el gobierno y la sociedad? Porque la inclusión no puede recaer únicamente en la persona con discapacidad ni en su círculo cercano. Para las familias, contar con servicios de apoyo, atención médica accesible y entornos adaptados reduce cargas, evita aislamiento y mejora la calidad de vida. En el ámbito educativo, la inclusión implica asegurar que las niñas, niños y jóvenes con discapacidad reciban un trato equitativo, con materiales adecuados, docentes capacitados e instalaciones accesibles. La escuela es el primer espacio donde se construye, o se niega, la igualdad.
Para el gobierno, la responsabilidad es aún mayor: debe garantizar derechos, diseñar políticas públicas efectivas y asignar recursos suficientes para que la accesibilidad no sea una excepción, sino una norma. Esto incluye infraestructura urbana, transporte, servicios de salud, oportunidades laborales, sistemas de cuidados y mecanismos de participación política. No se trata de programas aislados, sino de una estrategia sostenida que reconozca la diversidad y responda de manera integral.
La sociedad también juega un papel determinante. La discriminación sigue siendo uno de los principales obstáculos, y combatirla requiere modificar actitudes, lenguaje y prácticas cotidianas. Abrir espacios laborales, asegurar accesibilidad en comercios, espectáculos y oficinas públicas, y escuchar a las personas con discapacidad en la toma de decisiones no sólo es justo: fortalece la cohesión social. La inclusión genera beneficios colectivos, desde mayor productividad hasta comunidades más seguras y solidarias.
Conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad no significa solamente recordar cifras. Significa reconocer que millones de personas en el mundo, y millones en México, reclaman el mismo derecho básico que todos: vivir con dignidad. La inclusión no es una concesión ni un favor; es una obligación que define qué tan justa es una sociedad. Este 3 de diciembre, el llamado es claro: transformar los entornos, adaptar las instituciones y cambiar las actitudes para que nadie quede fuera.
La discapacidad no limita la capacidad humana; lo hace la falta de accesibilidad. Y la dignidad que es el centro de esta conmemoración sólo se garantiza cuando cada persona puede participar plenamente en su comunidad. Una sociedad verdaderamente inclusiva es aquella que no espera a que alguien pida espacio, sino que lo construye desde el principio para todos.
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