El ecocidio podría tratarse de un delito cercano al genocidio porque desplaza a poblaciones enteras, provoca crímenes contra los defensores del medioambiente y se asocia a otros fenómenos globales como el cambio climático, aseguró el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gerardo Torres Salcido.
Indicó que la Máxima Casa de Estudios impulsa visiones nuevas sobre América Latina, por lo que cuenta con académicos destacados en los ámbitos nacional e internacional que investigan fenómenos como desplazamientos, despojos y violencias también contra las comunidades.
Durante el Seminario Internacional El delito de ecocidio en América Latina, señaló que los investigadores están interesados en los derechos humanos y en la interrelación entre la sociedad y los ecosistemas, porque es un problema creciente en la región.
Puntualizó que Stop Ecocidio Internacional es una asociación que busca desarrollar un trabajo global, intersectorial y colaborar con agentes clave para caracterizar ese ilícito como un crimen internacional. Se pretende que sea incorporado en la Corte Penal Internacional.
Por otra parte, la investigadora del CIALC, Eva Leticia Orduña Trujillo, dijo que la afectación climática y al medio ambiente se vincula con la de otros derechos: el primero de ellos, la vida.
La experta alertó que América Latina es la región del mundo donde se registran más agresiones a defensores de derechos ambientales: asesinatos y desapariciones forzadas se cuentan entre las situaciones más graves.
Indicó que desafortunadamente también se da la estigmatización, al tachar a estas personas como opositoras al desarrollo o “terroristas”, desacreditando su lucha; se les criminaliza con el brazo más potente del Estado: el encarcelamiento.
En Centroamérica, ejemplificó, los intereses económicos se contraponen a los de las comunidades, a la diversidad y tradiciones ancestrales. Se trata de la actuación de las empresas, del capitalismo en toda su expresión, pero “ello no sería posible sin la intervención de los agentes estatales”.
A su vez, la integrante del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Natalia Denise Alonso, advirtió que las condiciones estructurales de América Latina en el sistema-mundo deben ser consideradas y entendidas a la hora de hacer política ambiental, de articular demandas socioambientales y de legislar sobre el ecocidio.
Reconoció que la movilización social por la justicia ambiental en la región se ha ido apropiando del término “ecocidio” y construyendo la percepción de su riesgo, aunque no esté sucediendo y sin aplicar o no la definición técnica.
Existe la necesidad de trabajar en la definición de ecocidio situada en América Latina, desde y para las necesidades de nuestra región, que también puede ser relevante para otras del sur global. “Aunque cada una tiene sus historias, podemos tener problemáticas parecidas”, destacó.
Jojo Mehta, directora general de Stop Ecocidio Internacional, señaló que en el siglo XXI comenzamos a experimentar un nuevo consenso: que la naturaleza no es prescindible; “dependemos por completo de ella y somos responsables de ella”.
Recordó que nuestra cultura económica global creció a partir de una mentalidad dualista que está integrada en el pensamiento occidental al entender que la naturaleza es algo distinto y separado de los seres humanos.
Ello nos ha llevado a la explotación irrestricta de los recursos naturales, al punto de destruir los ecosistemas vitales que mantienen la vida, incluidas las nuestras, y los medios de existencia, subrayó.
En consecuencia, sostuvo, debemos buscar intervenciones sistémicas que pueden cambiar rápidamente las percepciones culturales. “La ley de ecocidio, que reconoce como delitos graves los daños más severos a la naturaleza, es una intervención de este tipo”.
La iniciativa de criminalizar esos actos ha ganado impulso considerable. Se han propuesto leyes en numerosas jurisdicciones nacionales, incluidos varios países de América Latina, y en septiembre de 2024 se presentó una propuesta para enmendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a fin de incluir al ecocidio como un delito internacional.
Las intervenciones en este encuentro ayudarán a aclarar el papel pionero que la región puede desempeñar en esta historia de esperanza para la vida en el planeta, aseveró Jojo Mehta.
Rodrigo Lledó, director para las Américas de dicha fundación, consideró que la tipificación del ecocidio como crimen internacional es una iniciativa más de las que se necesitan, y será parte de la solución de los problemas en ese ámbito.
Ha habido proyectos de ley en torno al tema en Bolivia, Brasil, Perú y Argentina, mientras que Chile tiene incorporado la “afectación ambiental grave” en su legislación. Colombia incorporó el ecocidio en el código penal desde hace tiempo, aunque con una definición más cercana a crimen de lesa humanidad.
México ha tenido proyectos de ley de ecocidio en 2018, 2020, 2021 y 2023, sin que haya “cuajado alguno”. A nivel estatal el flagelo está incorporado en el Código Penal de la Ciudad de México, Jalisco y Chiapas, pero no está regulado de manera tan armonizada, ni entre ellos ni en relación con la definición internacional.
En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no lo menciona, pero “se adelantan esfuerzos por penalizar a nivel nacional e internacional conductas que generan daños masivos y duraderos a nuestros ecosistemas”, resaltó.
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