Por fin, México ha dicho “basta”. Bajo la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal ha activado una Estrategia Nacional contra la Extorsión, una de las prácticas criminales más normalizadas, menos denunciadas y más lucrativas para el crimen organizado. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo ocho entidades concentran el 66% de los casos registrados: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
“Vivimos con miedo. No puedes tener un negocio sin pagar ‘cuota’, sin recibir amenazas o llamadas. A veces ya ni denunciamos porque nadie hace nada”, confiesa Lucía Ramírez, comerciante de Iztapalapa, Ciudad de México.
Este tipo de testimonios se repite en mercados, empresas, hoteles, talleres y hasta en pequeños negocios familiares. La extorsión ya no es solo telefónica o virtual: es presencial, sistemática y violenta. Se ha convertido en un impuesto criminal que las autoridades ahora intentan desmantelar.
¿Qué propone la Estrategia Nacional?
La nueva estrategia —coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las fuerzas armadas— se apoya en dos pilares: operaciones de inteligencia y acciones preventivas. Todo ello con base en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y el artículo 21 constitucional, que fortalecen la capacidad de investigación del Estado.
Principales líneas de acción:
- Detenciones mediante inteligencia y trabajo coordinado.
- Creación de Unidades Antiextorsión locales (UECS).
- Atención prioritaria en 8 estados críticos.
- Campañas de prevención y denuncia anónima.
- Capacitación a cajeros, recepcionistas y personal vulnerable.
- Bloqueo de cuentas bancarias ligadas al delito.
- Operativos sorpresa en penales para incautar celulares.
Estas medidas se complementan con la designación del 089 como línea nacional exclusiva para denuncias de extorsión, garantizando anonimato y atención especializada dependiendo del tipo de extorsión (directa o indirecta)
Una amenaza que se adapta
La extorsión ya no es un delito menor ni aislado. Es una fuente de financiamiento constante y descentralizada para bandas criminales, muchas veces incluso más rentable y menos arriesgada que el narcotráfico.
“El cobro de piso, el secuestro exprés y las amenazas virtuales son mecanismos sistemáticos del crimen organizado para controlar territorio sin disparar un solo tiro”, explica el criminólogo Eduardo Guerrero, exasesor de seguridad pública.
En Morelia, Michoacán, autoridades detuvieron a tres personas cuando realizaban el cobro de una extorsión, portando 100 mil pesos en efectivo y volantes amenazantes. Casos similares se documentan en Ecatepec, Apatzingán, Villahermosa, Tulum, Querétaro y otras regiones.
En algunos lugares, la extorsión se ha dirigido a sectores específicos: productores de limón y aguacate, transportistas, hoteleros y hasta familias comunes que caen víctimas de secuestros virtuales.
El papel de la inteligencia financiera
Una de las novedades más relevantes es el ingreso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la estrategia. Su función será detectar, congelar y bloquear cuentas bancarias donde se depositan los pagos de extorsión. Además, se solicitarán órdenes judiciales para bloquear líneas y equipos celulares utilizados por extorsionadores, especialmente desde las cárceles.
Esto representa un cambio de paradigma: atacar el delito desde su sustento económico y logístico, no solo mediante operativos.
Capacitación, prevención y denuncia: clave del enfoque social
La estrategia contempla una campaña nacional de concientización. Esto incluye:
- Pláticas con recepcionistas de hoteles para detectar secuestros virtuales.
- Capacitación a cajeros bancarios y de tiendas de conveniencia para detectar transferencias sospechosas.
- Convenios con la iniciativa privada para difundir medidas preventivas.
“Muchos empleados han evitado extorsiones simplemente porque supieron identificar un patrón de amenaza. La capacitación es fundamental”, afirma Lourdes Arriaga, encargada de recursos humanos en una cadena de hoteles del Bajío.
Resultados preliminares: avances y desafíos
El gobierno reporta una serie de operativos exitosos en varias entidades. En Michoacán, por ejemplo, se detuvo a Gerardo “N” y Joana “N”, presuntos extorsionadores de productores agrícolas, y se desarticuló una célula criminal en Apatzingán. En Tabasco, seis miembros del grupo “La Barredora” fueron arrestados. En la Ciudad de México, Manuel “N”, objetivo prioritario por extorsión y homicidio, fue detenido en Iztapalapa.
Sin embargo, organizaciones ciudadanas como el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México, que opera ya en 20 entidades, advierten que se necesita una evaluación periódica de la estrategia y participación más activa de la sociedad. Según su propio reporte, gracias a la colaboración ciudadana se han canalizado más de 60 casos de extorsión o secuestro a las autoridades desde marzo.
La extorsión en México no solo es un delito: es una forma de control social. Su normalización y la impunidad han creado un ecosistema donde miles de familias y negocios pagan por “protección” sin cuestionarlo.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión es, sin duda, un paso necesario y urgente. Pero su efectividad dependerá de su aplicación sostenida, la transparencia en resultados y la participación decidida de ciudadanos, autoridades locales y empresas.
“Mi esperanza es que ya no vivamos con miedo. Que mi hija no tenga que cerrar su negocio por amenazas. Que el gobierno no solo prometa, sino que actúe”, dice con voz firme Lucía, quien ahora conoce el 089, pero aún duda si servirá.
La batalla contra la extorsión ya comenzó. Falta saber si esta vez, la sociedad mexicana podrá ganarla.
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