México está educando a menos jóvenes de los que presume el gobierno federal y aprendiendo menos de lo que necesita. De acuerdo con el Observatorio de la Educación, que elabora la organización ciudadana Educación con Rumbo, casi un millón de estudiantes (994 mil 219) abandonaron la escuela durante el ciclo escolar 2024-2025, una cifra que sintetiza el mayor problema del sistema educativo: la incapacidad para garantizar trayectorias completas, especialmente a partir de la adolescencia. No se trata de una crisis coyuntural, sino de un desgaste estructural que distintas organizaciones civiles y analistas llevan años documentando.
En ese contexto, el marco del Día Internacional de la Educación (que se celebra cada 24 de enero) se cruza con una realidad incómoda. México ha logrado sostener niveles relativamente altos de cobertura en educación básica, pero pierde a sus estudiantes conforme avanzan los niveles educativos. Los datos oficiales del ciclo 2024-2025 muestran que la cobertura fue de 89.3 por ciento en educación básica, descendió a 80.6 por ciento en media superior y cayó a 45.1 por ciento en educación superior, una brecha que revela que el sistema no acompaña de manera efectiva a los jóvenes en el tramo decisivo de su formación.
Para el Observatorio de la Educación, el cuello de botella se localiza claramente en la educación media superior. Sus estimaciones de 2024-2025 indican que más de tres de cada 10 estudiantes que ingresan al bachillerato no lo concluyen, un fenómeno que se repite desde hace años y que convierte a este nivel en el punto más frágil del sistema. La consecuencia es directa: jóvenes sin certificación, con menor acceso al empleo formal y con opciones educativas cada vez más limitadas.
La desigualdad educativa amplifica este problema. En 2025, alrededor de 6.4 millones de niñas, niños y jóvenes entre 3 y 18 años permanecían fuera de la escuela, una exclusión concentrada en comunidades indígenas, zonas rurales y contextos de pobreza urbana. La organización Mexicanos Primero ha advertido que esta brecha no responde a falta de interés de las familias, sino a condiciones estructurales: carencias económicas, distancia a los centros educativos, escuelas sin servicios básicos y ausencia de apoyos focalizados.
El análisis territorial confirma estas asimetrías. Mientras entidades con mayor desarrollo económico muestran mejores indicadores de permanencia, estados con altos niveles de marginación concentran las tasas más elevadas de abandono escolar. Para Sylvia Schmelkes, una de las especialistas más reconocidas en política educativa, este patrón demuestra que el sistema mexicano no compensa la desigualdad social, sino que la reproduce, al ofrecer trayectorias educativas profundamente diferenciadas según el origen social.
Las proyecciones refuerzan la gravedad del escenario. Con base en el ritmo observado hasta 2025, el Observatorio de la Educación estima que México tardaría al menos 36 años en alcanzar una cobertura universal real en todos los niveles educativos, si no se modifica de fondo la estrategia actual. Esta proyección coincide con análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que ha señalado que el país avanza demasiado lento en formación de capital humano frente a sus necesidades productivas y demográficas.
Desde una perspectiva internacional, el diagnóstico tampoco es alentador. El informe Education at a Glance 2025 de la OCDE señala que, aunque México ha reducido ligeramente el porcentaje de jóvenes que no concluyen la educación media superior, sigue por debajo del promedio del organismo en términos de inversión por estudiante y resultados educativos. El gasto educativo por alumno continúa rezagado, lo que impacta directamente en la calidad de los aprendizajes y en la equidad del sistema.
El problema no es únicamente de acceso o financiamiento. Analistas como Eduardo Andere, especialista en educación comparada, han insistido en que México enfrenta también una crisis de aprendizaje: estudiantes que permanecen en la escuela, pero no adquieren competencias suficientes en lectura, matemáticas y habilidades socioemocionales. Esta brecha silenciosa compromete la productividad futura y limita el impacto real de la educación como palanca de movilidad social.
A ello se suma la precariedad de la infraestructura escolar. Miles de planteles siguen operando sin agua potable, electricidad estable o conectividad, una situación que afecta principalmente a escuelas públicas en contextos vulnerables. Mexicanos Primero ha advertido que estas condiciones no sólo vulneran el derecho a la educación, sino que profundizan la desigualdad entre estudiantes que aprenden en entornos dignos y aquellos que lo hacen en condiciones adversas.
El Estado ha respondido con programas de becas y con la expansión de la oferta educativa, especialmente en educación media superior. Sin embargo, tanto el IMCO como organizaciones civiles coinciden en que estas medidas, aunque necesarias, no han sido suficientes para frenar el abandono ni para corregir las fallas estructurales del sistema. Las becas alivian la presión económica, pero no resuelven problemas de calidad, pertinencia curricular, formación docente o acompañamiento a estudiantes en riesgo.
México no enfrenta un problema de falta de discursos sobre educación, sino de políticas fragmentadas y resultados limitados. Mientras el sistema siga perdiendo estudiantes en los niveles clave y manteniendo brechas profundas según origen social y territorio, la educación seguirá siendo un derecho condicionado y no garantizado. Más que conmemoraciones, el país necesita asumir que su futuro se está definiendo en aulas que hoy se vacían.
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