En calles, carreteras rurales y avenidas metropolitanas de todo el país aparecen cráteres que no sólo devoran asfalto: exhiben las fallas estructurales y las decisiones políticas que han relegado las obras “invisibles”. Los socavones ya no son un problema exclusivo de la Ciudad de México, en 2025 las autoridades y reportes locales documentan un incremento sostenido de hundimientos urbanos y rurales, mientras gobiernos municipales, estatales y el federal priorizan acciones visibles y de corto plazo frente a inversiones técnicas y preventivas.
Los especialistas coinciden en el diagnóstico técnico: no hay una única causa sino una suma de factores que interactúan. Entre los más citados están las lluvias atípicas que saturan suelos, las fugas en las redes de drenaje y agua potable que erosionan la subrasante (la capa del suelo sobre la que se construye y apoya toda la estructura de un pavimento, ya sea una carretera o una vereda), y la sobreexplotación de acuíferos que provoca subsidencia (un asentamiento progresivo del terreno que abre cavidades bajo el pavimento). Estudios geofísicos y trabajos científicos han vinculado la extracción masiva de agua subterránea con hundimientos que aumentan la vulnerabilidad a socavones en zonas urbanas y periurbanas.
La magnitud del problema es ya cuantificable en algunas entidades: en la Ciudad de México se reporta un aumento de más del 100 por ciento en la aparición de hundimientos en comparación con el año anterior, y este fenómeno se replica en zonas metropolitanas con redes hidráulicas antiguas y crecimiento urbano no planificado. El registro público muestra que los socavones se han multiplicado en alcaldías y municipios con drenajes colapsados y suelos frágiles.
A pesar de que algunos baches y socavones son reparados, en muchas ocasiones vuelven a abrirse en un breve lapso debido a que solo se repara de manera superficial. La solución requiere de obras que “no se ven” como es la renovación de redes de agua y drenaje, el saneamiento del subsuelo, la reconstrucción de la base estructural de las vías, lo que a pesar de ser indispensable están “escondidas” y requieren presupuestos, estudios geotécnicos y tiempo, lo que suelen chocar con ciclos políticos, recortes y la presión por resultados inmediatos.
En los hechos, campañas públicas de bacheo masivo como la campaña del “bachetón” que se anunció desde el anterior gobierno de la Ciudad de México y fue relanzado en esta administración, funcionan como gestos visibles ante la ciudadanía, pero muchas veces se limitan a parchar la superficie sin intervenir a profundidad ni reparar tuberías rotas, por lo que el problema reaparece con la primera lluvia intensa o cuando pasa transporte de carga.
Investigadores y ingenieros señalan con urgencia la necesidad de retirar capas dañadas y reconstruir con normas técnicas, no sólo pavimentar por encima.
Las limitaciones presupuestales agravan la situación, los recortes y la falta de fondos para mantenimiento urbano reducen la capacidad de reparación profunda del territorio. En algunos estados se han tenido que reajustar partidas para atender socavones tras temporadas de lluvia, lo que evidencia que la respuesta frecuentemente llega a rebufo del daño y no con planes preventivos. Reportes señalan montos concretos destinados a reparaciones locales, por ejemplo, en la Ciudad de México se estima que alrededor de 100 millones de pesos se han usado este año para atender hundimientos registrados, sin contabilizar costos indirectos como la pérdida de productividad, daños a vehículos y cierres viales.
La calidad de los materiales y la supervisión de obra también están en entredicho. Contratos que privilegian precio sobre especificaciones técnicas, procesos de curado y compactación abreviados, y la colocación de asfalto sobre bases ya erosionadas condenan las reparaciones a una vida útil corta. En muchas localidades la contratación pública carece de supervisión técnica rigurosa o de pruebas de laboratorio que garanticen la resistencia del pavimento y la estabilidad del subsuelo; el resultado son intervenciones cosméticas que dejan intactas las causas del hundimiento.
Los daños son tangibles y variados: desde vehículos con suspensión y llantas destruidas hasta accidentes que en ocasiones han costado vidas; asimismo, los socavones cierran vías, encarecen rutas de transporte, perjudican comercios locales y elevan el costo logístico del país. A eso se suma el desgaste institucional: cuando la reparación depende de denuncias ciudadanas, el mapa de afectación queda sesgado y se atienden prioridades políticas antes que riesgos geotécnicos.
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