Revolución y vacunas

Mientras las balas cruzaban los campos y las ciudades se incendiaban en el México revolucionario, silenciosamente otro frente de batalla comenzaba a formarse: el de la salud pública. Lejos de ser una prioridad en los gobiernos anteriores, la protección sanitaria adquirió un lugar inesperado en la nueva agenda social. Entre 1910 y 1940, el país vivió uno de los procesos más intensos de reconstrucción institucional, y la salud emergió como un derecho en gestación.

María Antonia Juárez, nieta de un médico rural que prestó servicio social en los años 30, recuerda lo que su abuelo le contaba: “No había jeringas suficientes. Se esterilizaban con fuego, y caminaban horas para llegar a una comunidad. Pero todos sabían que estaban sembrando algo más grande que ellos”.

La Revolución, la enfermedad y el caos sanitario

La Revolución Mexicana (1910–1920) no solo dejó más de un millón de muertos por violencia armada, sino que exacerbó las ya precarias condiciones de salubridad: hambre, desplazamientos, falta de médicos y destrucción de infraestructuras sanitarias. Entre 1915 y 1916, brotes de tifus exantemático azotaron los campos de batalla. Y en 1918, la influenza española —que arrasaba Europa y América— encontró a México vulnerable, causando decenas de miles de muertes.

“El sistema sanitario colapsó”, señala la historiadora Claudia Agostoni, especialista en historia de la medicina en México. “No había coordinación entre autoridades locales, ni legislación clara, ni capacidad operativa para enfrentar epidemias”.

La Constitución de 1917: la salud como derecho y mandato

Pero la Revolución no solo fue violencia: también sembró el principio de justicia social. Por primera vez en la historia de México, una Constitución (la de 1917) reconoció la salubridad como asunto federal. El artículo 73, fracción XVI, facultó al Congreso de la Unión para legislar en salud en todo el país, y subordinó al Consejo Superior de Salubridad directamente al Presidente de la República, elevándolo a organismo de utilidad pública nacional.

Además, el artículo 123 incorporó derechos laborales vinculados a la salud: indemnización por enfermedad o accidente laboral, descanso prenatal y lactancia. Así nació el germen de la medicina del trabajo.

Nace el Departamento de Salubridad Pública

En 1917, el presidente Venustiano Carranza creó el Departamento de Salubridad Pública (DSP), un organismo autónomo y ejecutivo con funciones federales. Su mandato incluía desde la inspección sanitaria en puertos hasta campañas masivas de vacunación, control de alimentos y medicamentos, combate de epidemias, y moralización sexual.

Uno de sus primeros logros fue la producción nacional de la vacuna antivariólica desde 1916, y su aplicación masiva en la década de los 20, que permitió erradicar la viruela como epidemia regular en 1951.

El Dr. Rafael E. Silva, quien encabezó varias de estas campañas, documentó: “Llevábamos en tren las cajas refrigeradas de vacunas, y luego a lomo de mula. En cada pueblo, antes de la aplicación, dábamos charlas de higiene”.

Federalismo sanitario e internacionalismo médico

La nueva legislación reconocía la concurrencia entre federación y estados, pero el DSP actuaba principalmente en asuntos nacionales. Para profesionalizar el sistema, en 1922 se fundó la Escuela de Salubridad de México —hoy Escuela de Salud Pública— con apoyo de la Fundación Rockefeller, que también aportó tecnología, metodologías modernas y financiamiento para combatir enfermedades como la fiebre amarilla, el paludismo y la uncinariasis.

Este vínculo internacional marcó la entrada de México al diálogo sanitario global. Se aplicaron técnicas innovadoras como el drenaje de pantanos, el uso de aceite de chenopodio contra parásitos y becas para formar sanitaristas mexicanos en Estados Unidos.

Avances técnicos y campañas públicas (1920-1934)

Durante la década de los 20, el DSP expandió sus campañas:

  • Vacunación masiva contra viruela y tifo.
  • Certificado médico prenupcial obligatorio desde 1925.
  • Inspección sanitaria de mataderos y mercados.
  • Detección de tuberculosis en fábricas y escuelas.
  • Clausura de zonas de tolerancia como parte de campañas contra la sífilis.

En 1928 nacieron las Unidades Sanitarias —pequeñas clínicas móviles o fijas— y en 1932 se creó la Coordinación de Servicios Sanitarios, lo que permitió una gestión más eficiente y menos fragmentada entre niveles de gobierno.

Plan sexenal, servicio social y justicia médica rural

La llegada del general Lázaro Cárdenas en 1934 llevó el ideario revolucionario a una nueva etapa. En su Plan Sexenal, la salud fue prioritaria. El presidente entendía que sin atención médica rural no habría verdadera justicia social.

Así, en 1936, se instauró el Servicio Médico Social obligatorio: los estudiantes de medicina debían ejercer un año en comunidades rurales. Fue una medida visionaria que aún hoy sigue vigente. Más de 200,000 médicos han prestado servicio desde entonces, llevando salud donde no la había.

Para María Antonia, el testimonio de su abuelo resuena todavía: “Decía que el año en la sierra fue el más duro y el más feliz de su vida”.

En 1934 se promulgó un nuevo Código Sanitario que modernizó el de 1891. En 1937, la creación de la Secretaría de Asistencia Pública separó las funciones curativas (hospitales, orfanatos, asilos) de las preventivas (epidemias, vacunación). Esta división permitió una especialización funcional del aparato estatal, aunque también generó retos de coordinación.

En 1939, bajo la dirección del Dr. Manuel Martínez Báez, se fundó el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales (ISET), primer centro de investigación en salud en México. Desde ahí se estudió el paludismo, la oncocercosis (causante de la “ceguera de los ríos”) y la lepra. El Dr. Luis E. Mazotti descubrió una prueba cutánea para detectar oncocercosis que fue adoptada en América Latina.

Herencia de una transformación

Para 1940, México tenía un sistema de salud en proceso de consolidación. Si bien persistían desigualdades —como la escasa presencia médica en zonas rurales o la falta de hospitales accesibles—, el país contaba ya con estructura legal, campañas masivas, formación de personal y participación científica.

De una esperanza de vida de 30 años en 1910 se pasó a 40 en 1940. La viruela comenzaba a ceder y el paludismo dejaba de ser la principal causa de muerte en muchas regiones.

La semilla de un Estado garante del derecho a la salud había sido sembrada.

El legado revolucionario en salud

La Revolución Mexicana no solo transformó la política y la tierra, sino también el cuerpo social. Instituyó una visión de salud como derecho y no como limosna. El periodo 1910–1940 fue, con todos sus contrastes, el nacimiento de un modelo que colocó al ser humano en el centro de la acción pública.

Hoy, en tiempos de nuevas pandemias, carencias médicas y desigualdades persistentes, mirar hacia esta etapa es recordar que el acceso a la salud no es un lujo, sino una conquista social. Como decía el Dr. Gustavo Baz: “El médico del pueblo es más que un profesional: es un instrumento de justicia”.

 

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