En México, nacer no garantiza un inicio equitativo. Millones de niñas y niños en la primera infancia siguen creciendo entre carencias y desigualdades que comprometen su desarrollo y su futuro. Falta de acceso a servicios de cuidado, educación, salud, nutrición y entornos libres de violencia marcan los primeros años de vida de gran parte de la niñez mexicana, advierte el reporte ¿Cómo vamos con la Primera Infancia?, elaborado por Early Institute y SIPI México.
El documento dibuja un panorama contradictorio: entre 2018 y 2024, la pobreza infantil disminuyó 20 por ciento, pero las carencias sociales aumentaron 25 por ciento, y la mortalidad infantil creció 16.4 por ciento. Tres cifras que resumen un mismo problema: el rezago estructural que sigue golpeando los cimientos de la infancia más temprana, especialmente donde los servicios de salud se mantienen más débiles.
Aunque el país ha reducido los niveles generales de pobreza, el mapa revela una geografía profundamente desigual. En 2024, las entidades del sur-sureste concentran los porcentajes más altos de pobreza en la primera infancia: Chiapas (79 por ciento), Guerrero (72 por ciento) y Oaxaca (64 por ciento), seguidos de Puebla y Veracruz, con alrededor del 57 por ciento. En contraste, los niveles más bajos se ubican en el noroeste y norte, con Baja California (16.9 por ciento), Baja California Sur (17 por ciento) y Nuevo León (17.3 por ciento) a la cabeza, junto con Coahuila, Sonora y Chihuahua, todos por debajo del 25 por ciento.
Pero la pobreza no es el único desafío. La violencia también atraviesa la vida de los más pequeños. En 2023, el Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal reportó 17 mil 201 carpetas de investigación por delitos cometidos contra niñas y niños de 0 a 4 años, una cifra apenas 6.1 por ciento menor que la registrada un año antes. Aunque el descenso parece alentador, los especialistas advierten que detrás persiste una gran cifra negra de agresiones que no llegan a denunciarse.
En materia educativa, los avances son desiguales. El informe registra un incremento nacional de 6 por ciento en la cobertura de educación inicial entre los ciclos 2022-2023 y 2023-2024, un logro que, sin embargo, se distribuye de manera desigual. Colima (46 por ciento), Campeche (33 por ciento), Sonora (28 por ciento), Hidalgo (26 por ciento), Tabasco (23 por ciento) y Tamaulipas (21 por ciento) lideran la expansión. Pero otros estados retrocedieron: Querétaro (-13 por ciento), Chiapas (-11 por ciento), Quintana Roo (-9 por ciento), Michoacán (-6 por ciento) y Tlaxcala (-6 por ciento).
La desigualdad también se refleja en los hogares. Entre 2021 y 2023, el porcentaje de niñas y niños de 1 a 4 años que fueron sometidos a algún método de disciplina violenta apenas se redujo de 51.3 a 50.4 por ciento. En la Ciudad de México, el 41 por ciento de los menores vivió este tipo de prácticas, mientras que en el Pacífico Norte la cifra alcanzó un alarmante 65.1 por ciento.
Los hallazgos del reporte no sólo exponen los rezagos, también trazan una ruta posible. Early Institute y SIPI México recomiendan ampliar la cobertura de programas sociales a todos los niños y niñas de 0 a 5 años en situación de pobreza, con una estrategia de focalización territorial que aproveche los registros civiles, escolares y de salud. Sugieren además complementar los programas sociales para garantizar derechos básicos en educación, cuidado, alimentación, en los grupos más vulnerables: hogares indígenas, familias con discapacidad o migrantes.
Otro eje urgente es la coordinación entre procuración de justicia, sistemas de protección integral y políticas de prevención, para asegurar entornos libres de violencia desde los primeros años de vida.
El mensaje del informe es claro: los primeros cinco años son decisivos para el desarrollo físico, emocional y cognitivo. No actuar con urgencia, advierten los especialistas, significa perpetuar la desigualdad desde la cuna.
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