México se encuentra en una encrucijada: o continúa un camino de reformas fragmentadas y conflictos sociales, o inicia la construcción de un verdadero diálogo social institucionalizado. La experiencia internacional y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ofrecen un modelo probado: el tripartismo. Esta fórmula, que reúne en igualdad de condiciones a gobiernos, empleadores y trabajadores, no solo promueve el trabajo decente, sino que también fortalece la gobernabilidad democrática y mejora la calidad de las políticas públicas.
Institucionalizar el diálogo social: primer paso hacia el consenso
En países con democracias maduras, como Alemania, Suecia o Países Bajos, los consejos económicos y sociales tripartitos han permitido construir políticas laborales consensuadas y estables. Estos espacios no son reuniones simbólicas, sino foros permanentes donde se negocian reformas legales, se discuten salarios mínimos, y se definen estrategias para el empleo. La clave es que esas decisiones nacen del acuerdo, no de la imposición.
México carece hoy de un organismo de este tipo con alcance nacional, independiente y con capacidad deliberativa. Un Comité Económico y Social podría llenar ese vacío, permitiendo que las políticas públicas laborales tengan respaldo y legitimidad desde su diseño, evitando así resistencias y conflictos durante su implementación.
Condiciones habilitantes: libertad sindical y democracia
Para que el tripartismo funcione, deben garantizarse derechos básicos: libertad sindical, derecho a la organización empresarial, negociación colectiva y reconocimiento legal de los interlocutores sociales. Sin estas condiciones, el diálogo es ilusorio.
En palabras de Alma Rosa Muñoz, dirigente de una cooperativa de trabajadoras de la limpieza, “si no puedes hablar sin miedo a perder el trabajo, no hay diálogo. Solo obediencia”. Para empoderar realmente a trabajadores y empleadores, el Estado debe facilitar su desarrollo con registros accesibles, protección contra represalias y acceso a información pública clave.
Fortalecer a los actores sociales: clave para un diálogo genuino
No basta con sentar a los actores a la mesa. Deben estar preparados y ser representativos. Esto implica invertir en capacitación técnica para sindicatos y organizaciones empresariales, así como ampliar su representatividad hacia sectores tradicionalmente excluidos: jóvenes, mujeres, trabajadores informales y microempresas.
“Muchas veces las pequeñas empresas no tenemos voz en estos debates”, señala Gerardo Velasco, propietario de una tortillería en el Estado de México. “Pero las leyes nos afectan igual o más que a las grandes. Nos deberían considerar desde el inicio”. La inclusión fortalece el diálogo y genera soluciones más realistas y justas.
Políticas centradas en el trabajo decente
Un enfoque tripartito cobra verdadero sentido si se orienta hacia los pilares del trabajo decente: empleo productivo, derechos laborales, protección social y diálogo. Por ejemplo, al diseñar un plan nacional para reducir la informalidad, la participación tripartita garantiza que se equilibren los incentivos para la formalización con las capacidades reales de las microempresas, sin vulnerar derechos laborales.
Así se genera corresponsabilidad: empleadores, trabajadores y gobierno entienden su papel en la implementación de medidas y se comprometen con los resultados.
Mejor calidad y ejecución de las políticas públicas
Uno de los beneficios inmediatos del tripartismo es la mejora técnica de las políticas. Al involucrar a quienes viven las consecuencias cotidianas de la regulación, se identifican a tiempo obstáculos operativos y se ajustan los programas antes de su aplicación.
Además, al mantener canales tripartitos de seguimiento, se pueden resolver conflictos rápidamente, evitando que escalen. Esto se traduce en mayor eficiencia y eficacia.
Legitimidad y sostenibilidad política
Cuando sindicatos y cámaras empresariales apoyan una política pública –aunque haya sido fruto de concesiones mutuas– se envía un mensaje de estabilidad y confianza a la ciudadanía y al sector productivo. Estas políticas tienden a sobrevivir a cambios de gobierno, asegurando continuidad en temas estructurales como la seguridad social o la productividad laboral.
“Las reglas del juego claras y consensuadas nos permiten planear a largo plazo”, afirma Lucía Alcántara, directora de una empresa de manufactura. “No podemos seguir cambiando todo cada seis años”.
Diálogo también en crisis
La pandemia de COVID-19 mostró el valor de la concertación tripartita. En países como Uruguay y España, se lograron acuerdos para mantener empleos, facilitar el teletrabajo y apoyar a empresas mediante pactos firmados entre gobierno, sindicatos y empleadores. México no tuvo ese mismo nivel de coordinación y pagó un precio alto.
Tener estructuras de diálogo preexistentes y confianza construida entre las partes permite reaccionar con rapidez en momentos críticos. Simulacros, protocolos y análisis conjuntos deben formar parte de la preparación del Estado mexicano ante futuras crisis económicas o sociales.
Aprendizaje mutuo e innovación institucional
México puede y debe aprender de otras experiencias. La OIT y diversas redes internacionales ofrecen ejemplos de innovación: uso de plataformas digitales para mesas de diálogo, incorporación de mediadores neutrales, consejos sectoriales regionales, entre otros. La clave es adaptar, no copiar, buscando siempre la fórmula que mejor funcione para nuestra realidad.
Más allá de una metodología técnica, el tripartismo es una visión política del desarrollo con justicia social. Empodera, legitima y genera paz. Requiere tiempo, paciencia y madurez democrática, pero sus resultados son duraderos. Para México, construir un Comité Económico y Social nacional podría ser el primer paso hacia un nuevo modelo de diálogo que coloque a las personas –trabajadoras, empleadoras y ciudadanas– en el centro de las decisiones que les afectan.
La evidencia es clara: el diálogo social no es un lujo, es una necesidad. Como lo recuerda la OIT desde hace más de un siglo, “la paz universal y duradera solo puede basarse en la justicia social”. Hoy más que nunca, México necesita ese cimiento.
“Nunca pensé que mi voz importara para definir una política laboral. Pero cuando fui invitada a una mesa de diálogo sobre empleo informal, comprendí que sí podemos cambiar las cosas, si se nos escucha y se nos forma.” María Teresa López, vendedora ambulante y participante de un foro tripartito local en Oaxaca.
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