En un continente que presume su creatividad, su solidaridad y su profunda tradición comunitaria, la realidad económica de millones de mujeres sigue siendo una herida abierta. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de cada cuatro mujeres no tiene ingresos propios, y entre las más vulnerables la cifra aumenta a cuatro de cada diez. La pandemia no solo profundizó estas desigualdades: las volvió más visibles, más dolorosas y más urgentes.
La falta de ingresos propios no es únicamente un problema laboral. Es, como advierte CEPAL, “una barrera estructural que afecta la capacidad de decisión, la movilidad, la participación social y la libertad real de las mujeres”. Y en un continente que, desde los valores cristianos y humanistas, afirma la dignidad igual de todas las personas, estas cifras representan una contradicción ética que exige acción colectiva.
Pero más allá de las estadísticas, está la vida cotidiana de millones de mujeres que sostienen hogares, economías y comunidades —muchas veces sin recibir reconocimiento ni remuneración. Una de ellas es María del Carmen, madre mexicana de 34 años, quien trabaja limpiando casas en Nezahualcóyotl. “Yo no quería depender de nadie, pero durante la pandemia me quedé sin trabajo tres meses. No tener un peso propio te hace sentir que desapareces”, relata. Su testimonio resume lo que los informes reflejan: la autonomía económica es, antes que nada, una forma de libertad humana.
. La desigualdad económica femenina: una deuda histórica
La CEPAL documenta desde hace años una tendencia persistente: las mujeres en América Latina participan menos en el mercado laboral, ganan menos y tienen menos acceso a protección social. En 2023, la brecha salarial promedio fue del 17%, cifra que aumenta en sectores de baja calificación o en economías altamente informalizadas.
Además:
- El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que las mujeres realizan en una proporción tres veces mayor que los hombres, limita su disponibilidad para trabajos formales.
- La informalidad laboral afecta especialmente a mujeres jóvenes: en algunos países supera el 60%.
- Según ONU Mujeres, solo 1 de cada 10 mujeres tiene acceso a licencias de maternidad dignas o a esquemas formales de cuidados para sus hijos.
La economista argentina Mariana Caminotti señala: “No se trata solo de inserción laboral, sino del sistema completo que sostiene nuestra economía. Sin servicios de cuidado, sin corresponsabilidad familiar y sin estructuras de apoyo, las mujeres siguen atrapadas en un círculo que limita su desarrollo”.
Estas desigualdades tienen un impacto directo en la pobreza: los hogares encabezados por mujeres presentan mayores tasas de pobreza extrema, una tendencia que se agrava en zonas rurales e indígenas.
La pandemia: un retroceso que dejó cicatrices profundas
Entre 2020 y 2022, América Latina vivió el mayor retroceso laboral femenino en dos décadas. De acuerdo con CEPAL:
- Más de 18 millones de mujeres salieron del mercado laboral.
- El tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados aumentó hasta 8 horas diarias en promedio.
- Muchas mujeres no regresaron a sus empleos por falta de servicios de cuidado o porque sus sectores tardaron más en reactivarse.
En palabras de Alicia Bárcena, entonces secretaria ejecutiva de CEPAL: “La pandemia hizo explícito lo invisible. Si paramos nosotras, se detiene la economía”.
El caso de Norma, hondureña de 29 años, ilustra este retroceso. Antes de la pandemia trabajaba en un pequeño restaurante; cuando cerró, se dedicó al cuidado de sus hijos mientras su esposo buscaba ingresos informales. “Me acostumbré a no tener nada mío. Ahora que quiero trabajar otra vez, no puedo pagar quién cuide a los niños”, explica. Lo que para muchos es un dato estadístico, para ella es una barrera emocional, social y económica.
Autonomía económica: una cuestión de derechos, no solo de empleo
“La dignidad de la persona humana exige condiciones que permitan el desarrollo integral”. Esto incluye la posibilidad real de generar ingresos propios, decidir sobre ellos y participar plenamente en la vida social y económica.
En la misma línea, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) define la autonomía económica como un derecho básico para garantizar igualdad sustantiva.
En términos prácticos, la autonomía económica significa:
- Poder tomar decisiones sin dependencia obligada.
- Tener movilidad física y social.
- Romper ciclos de pobreza y violencia.
- Acceder a ahorro, crédito, propiedad y protección social.
Sin ingresos propios, muchas mujeres carecen de estas opciones. De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las mujeres sin autonomía económica tienen 2.5 veces más probabilidades de sufrir violencia de pareja. La dependencia económica puede convertirse en una trampa que limita la capacidad de salir de relaciones violentas.
La socióloga mexicana Regina Tamés lo sintetiza: “La autonomía económica es un antídoto contra la violencia y una herramienta de libertad. Sin ella, la igualdad es solo una palabra”.
El costo económico de ignorar la autonomía de las mujeres
Más allá del argumento ético, existe un argumento económico contundente: la región pierde miles de millones de dólares por mantener fuera del mercado laboral formal a millones de mujeres o por subvalorarlas.
El Banco Mundial estima que cerrar la brecha de género en participación laboral podría aumentar hasta 22% el PIB regional. McKinsey Global Institute calcula que la economía latinoamericana podría sumar US$1.1 billones adicionales para 2030 si se incorporaran plenamente mujeres al mercado laboral con condiciones equitativas.
En otras palabras: apostar por la autonomía económica femenina no solo es justo, es inteligente. La empresaria mexicana Carmen Ríos, lo expresa así: “Cuando una mujer tiene ingresos propios, no solo mejora su familia. Mejora la economía local, el barrio, la comunidad. Empieza un círculo virtuoso que el país entero necesita”.
Los valores mexicanos: comunidad, esfuerzo y dignidad
México y muchos países latinoamericanos presumen valores que se han transmitido por generaciones: la solidaridad, el trabajo digno, la familia, el apoyo mutuo. Pero estos valores se ponen a prueba cuando se trata de reconocer el valor del trabajo femenino, especialmente el que no se ve.
La justicia exige igualdad de oportunidades, respeto al trabajo y apoyo a quienes más lo necesitan. Es lo contrario al paternalismo y la dependencia.
El desafío cultural es grande: aún persisten estereotipos que consideran natural que las mujeres “ayuden” en la economía familiar, cuando en realidad sostienen una parte esencial de ella.
¿Qué se necesita para garantizar autonomía económica real?
Expertos y organismos coinciden en un paquete mínimo de políticas públicas:
- Sistemas nacionales de cuidados (como los que ya existen en Uruguay o Chile).
- Licencias parentales igualitarias y corresponsables.
- Trabajo formal accesible y flexible, especialmente para mujeres jóvenes y madres trabajadoras.
- Educación financiera y acceso al crédito.
- Programas de inserción laboral para mujeres en situación de violencia.
- Cierre de brechas salariales con mecanismos verificables y sanciones.
- Incentivos a empresas que integren políticas reales de equidad laboral.
El economista del BID Fabrizio Opertti afirma: “Los países que invierten en cuidado y participación laboral femenina tienen economías más resilientes. No es gasto: es inversión con retorno garantizado”.
Si América Latina quiere un futuro más próspero, más justo y más humano, debe empezar por reconocer un hecho irrefutable: la autonomía económica de las mujeres es una condición indispensable para el desarrollo. No es un tema de ideología, ni de moda, ni de discursos institucionales: es una cuestión de dignidad humana.
Las mujeres no necesitan concesiones. Necesitan oportunidades reales. Como dice María del Carmen, la mujer mexicana cuyo testimonio abrió este reportaje: “Yo solo quiero ganar lo mío, decidir yo, sentir que valgo. No estar esperando que alguien más me diga si puedo o no puedo.”
Ese anhelo —tan sencillo, tan humano— debería ser prioridad para gobiernos, empresas, organizaciones y comunidades. Porque cuando una mujer puede sostenerse por sí misma, toda la sociedad se levanta con ella.
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