El sistema de pensiones mexicano alcanzó en 2025 una cifra récord: 626 mil millones de pesos en apenas cinco meses, lo que representa el 24% del gasto programable del Gobierno federal, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La cifra es alarmante por sí sola, pero se vuelve crítica al compararse con los recortes que sufrieron otros rubros fundamentales para el presente y el futuro de los mexicanos: la salud y la educación.
Mientras las pensiones crecieron un 5.1% anual en términos reales, el gasto en salud se redujo en un 10.8% y el de educación en 8.0%, lo que en conjunto significa menos hospitales, menos medicinas, menos maestros, menos escuelas. En otras palabras: México está destinando más recursos a sostener su pasado que a preparar su futuro.
El tamaño del problema: cifras que inquietan
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 contempla 1.6 billones de pesos en pensiones. Esta cifra representa, en los hechos, casi uno de cada cuatro pesos del gasto programable federal. Para entender su magnitud:
- El IMSS absorbe el 59% del total (aproximadamente 944 mil millones).
- El ISSSTE, el 24% (alrededor de 384 mil millones).
- Las pensiones de Pemex y CFE suman otro 9% del total, lo que representa cerca de 144 mil millones de pesos.
Estas cifras duplican el presupuesto federal asignado en conjunto a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, dos pilares del bienestar social.
El economista y exsubsecretario de Hacienda, Jorge Suárez-Vélez, advierte que “el sistema actual es insostenible si no se reforma. No se trata de dejar desamparados a los pensionados, sino de evitar que, para 2030, el presupuesto entero esté comprometido en obligaciones pasadas”.
¿Qué se deja de hacer para pagar pensiones?
En la práctica, el crecimiento continuo del gasto en pensiones ha forzado al gobierno a recortar recursos en áreas que requieren inversión continua para mejorar las condiciones de vida. Según un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre 2015 y 2025:
- El gasto en pensiones creció un 93% en términos reales.
- El gasto en salud apenas creció 3.2%.
- La inversión pública cayó un 38%.
Estos datos explican por qué no hay nuevas escuelas en zonas rurales, por qué los hospitales operan con escasez de personal y medicinas, y por qué la infraestructura pública se ha deteriorado. “Parece que estamos eligiendo entre atender a nuestros abuelos o dar futuro a nuestros hijos”, afirma con preocupación Adriana Galván, madre soltera y trabajadora social de Ciudad Nezahualcóyotl.
La paradoja se vive todos los días. Cristina Ríos, de 33 años, trabaja como repartidora por aplicación. “Mi papá se jubiló con 40 años cotizados en el IMSS. Cobra casi 18 mil pesos al mes. Pero yo, que trabajo seis días a la semana, no tengo acceso a seguro médico ni ahorro para el retiro. Si me enfermo, voy a una farmacia similar”.
Cristina no está sola. Según el INEGI, sólo 30% de los trabajadores formales en México cotizan en el sistema de pensiones, y más del 60% del mercado laboral es informal. Esto significa que las nuevas generaciones no están construyendo una pensión propia, y que el modelo actual beneficia a quienes se jubilaron bajo esquemas más generosos, mientras deja fuera a millones.
¿Cómo llegamos aquí?
El sistema de pensiones en México está basado en dos grandes etapas:
- Esquema de reparto solidario (antes de 1997): los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados. Las pensiones eran vitalicias, con topes altos y beneficios definidos.
- Esquema de cuentas individuales (después de 1997): cada trabajador ahorra en su propia cuenta administrada por las Afores. No hay garantía estatal del monto final.
Los pensionados actuales pertenecen al primer esquema, que es mucho más costoso para el erario. En contraste, quienes se jubilen a partir de 2030, bajo el modelo de Afores, recibirán pensiones más bajas, muchas veces insuficientes para cubrir necesidades básicas. Esto genera un doble problema: el Estado carga con un gasto creciente por las viejas pensiones y no garantiza dignidad a las nuevas.
El caso Pemex y CFE: una bomba de tiempo
Otro componente crítico del gasto en pensiones está en las empresas productivas del Estado, particularmente Pemex y CFE. Los contratos colectivos que rigen desde décadas atrás permiten jubilaciones a edades tempranas y con montos elevados.
De los 1.6 billones de pesos asignados en 2025 a pensiones:
- Pemex representa 80 mil millones.
- CFE representa 64 mil millones.
Ambas empresas enfrentan problemas financieros serios, con pérdidas acumuladas y pasivos laborales crecientes. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el pasivo laboral total de Pemex en pensiones equivale a más de 2 billones de pesos, y el de CFE ronda los 600 mil millones.
“Estamos subsidiando jubilaciones de 55 años con dinero que no tenemos, mientras la población activa trabaja más y gana menos”, afirma Edgar Robledo, investigador del Tecnológico de Monterrey.
¿Es posible una reforma justa y sostenible?
La urgencia de una reforma al sistema de pensiones es evidente. Sin embargo, implica una alta complejidad política y social. Se tocan intereses de sindicatos poderosos, de trabajadores jubilados con derechos adquiridos, y de una población joven desencantada.
El CIEP y organismos como México Evalúa han propuesto tres líneas posibles:
- Revisar beneficios excesivos de pensiones del antiguo régimen, respetando derechos adquiridos, pero adecuando topes y condiciones.
- Ampliar la base de cotizantes, incentivando la formalización del empleo.
- Reforzar el pilar no contributivo, como la pensión universal para adultos mayores, con criterios de necesidad económica.
Además, urge mejorar la eficiencia del gasto y evitar duplicidades o abusos, como el caso de exfuncionarios que cobran pensiones de hasta 200 mil pesos mensuales, sin justificación proporcional a su aportación.
¿Y los jóvenes qué?
El modelo actual no es justo con las nuevas generaciones. Se exige a los jóvenes que sostengan con sus impuestos un sistema que no les garantizará los mismos beneficios. Se les recortan oportunidades en salud y educación, mientras pagan pensiones generosas a quienes tuvieron mejores condiciones laborales.
Desde la ética de la Doctrina Social de la Iglesia, la justicia intergeneracional exige equilibrios: “no puede haber desarrollo integral si no hay solidaridad entre generaciones”, afirma el documento Caritas in Veritate de Benedicto XVI.
México necesita un debate público serio, informado y honesto sobre su sistema de pensiones. No para quitar lo justo a quienes trabajaron una vida entera, sino para garantizar que también haya justicia para quienes hoy apenas empiezan.
Porque al final, como dice Cristina, “ni mi papá es culpable, ni yo soy irresponsable. Pero algo tiene que cambiar. Porque si no, ninguno va a tener futuro”.
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