En los últimos años, México ha implementado una de las estrategias de seguridad más intensas de su historia reciente, marcada por la participación activa de las Fuerzas Armadas, operativos masivos, reformas legales y la promesa constante de pacificación. Sin embargo, los resultados siguen siendo contradictorios: mientras el gobierno presume detenciones y golpes al crimen organizado, los ciudadanos viven atrapados entre el fuego cruzado, la impunidad y la desconfianza hacia las instituciones.
María Fernanda, una joven abogada de Guanajuato, lo resume con amargura: “Desde que tengo memoria, hay balaceras en la colonia. Ahora hay más militares en las calles, pero también más miedo. No sé si estamos más seguros o más acostumbrados al terror”.
Su testimonio refleja la paradoja de una nación que, pese al despliegue de fuerza, no logra restaurar el Estado de Derecho ni garantizar la paz.
El plan: militarización, operativos y asistencialismo
La estrategia de seguridad nacional que ha caracterizado al gobierno mexicano en los últimos años se fundamenta en cinco pilares: el uso intensivo de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, redadas y operativos de alto impacto contra cárteles, reformas legales que amplían las capacidades del Estado para actuar, programas sociales en zonas vulnerables y la cooperación con Estados Unidos y otros países.
Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y con la consolidación de la Guardia Nacional —una fuerza híbrida con mando militar—, el país ha apostado por una política de contención más que de transformación. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, más de 150 mil elementos militares participan hoy en tareas de seguridad pública, cuando originalmente la Constitución restringía estas funciones a cuerpos civiles.
Los objetivos han sido ambiciosos: desarticular redes criminales, pacificar territorios, reducir homicidios y mejorar la percepción de seguridad. Sin embargo, estos propósitos no se han alcanzado plenamente.
Avances aislados en medio de la tormenta
Es justo reconocer que ha habido resultados positivos. Estados como Yucatán, Baja California Sur y Chiapas presentan índices de homicidios por debajo de la media nacional. En zonas como Zacatecas o Michoacán se han reportado capturas de líderes criminales y decomisos importantes.
La coordinación interinstitucional también ha mejorado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que durante 2024 se redujeron ligeramente los secuestros y robos en carretera. Además, programas sociales como “Jóvenes Construyendo el Futuro” han ayudado a disminuir la participación de menores en actividades delictivas en ciertas regiones.
Aun así, estos logros parecen insuficientes frente a la magnitud del problema.
Costos ocultos: abusos, miedo y control criminal
Los aspectos negativos de la estrategia son graves y persistentes. Según cifras de México Evalúa, entre 2019 y 2024 se registraron más de 156 mil homicidios dolosos, y la tendencia continúa sin descender de manera significativa. La percepción ciudadana es elocuente: el 71% de los mexicanos se siente inseguro en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) de INEGI.
Más preocupante aún es la creciente evidencia de violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos militares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
En palabras del investigador Alejandro Hope (†), fallecido en 2022 pero cuyas ideas siguen siendo referentes en el debate de seguridad: “La militarización sin fortalecimiento institucional es como construir un castillo sobre arena. Se puede contener la violencia un tiempo, pero no se resuelven las causas”.
A este panorama se suma la consolidación de una “pax narca” en varios estados. En regiones de Guerrero, Tamaulipas o Sinaloa, el crimen organizado ha instaurado sistemas de control territorial, cobro de impuestos, regulación del comercio e incluso administración de justicia. El Estado, en esos lugares, está ausente o cooptado.
Evaluación general: ¿contención o transformación?
El impacto global de la estrategia de seguridad muestra un patrón de avances puntuales y retrocesos estructurales. La delincuencia organizada no ha sido desmantelada, sino que se ha fragmentado y adaptado. Los enfrentamientos entre cárteles continúan cobrando miles de vidas, mientras los ciudadanos comunes siguen siendo víctimas colaterales.
Los costos también son políticos y económicos. Según el Instituto para la Economía y la Paz, México gasta el 21% de su PIB en costos derivados de la violencia: desde atención médica hasta pérdida de productividad e inversión.
“El problema es que el Estado sigue siendo más violento que justo. No basta con patrullas; se necesita reconstruir la confianza social”, afirma Patricia Olamendi, jurista y defensora de derechos humanos.
Los desafíos: más justicia, menos guerra
De cara al futuro, los expertos coinciden en que México necesita una estrategia integral y humana. Esto implica fortalecer ministerios públicos, fiscalías, tribunales y policías locales, con salarios dignos, capacitación ética y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
También se requiere invertir en educación, salud, oportunidades productivas y cultura de legalidad. Como lo señala el Informe Latinoamericano sobre Seguridad Humana del PNUD (2023): “La seguridad sostenible sólo es posible cuando se atienden las causas estructurales del delito, no sólo sus manifestaciones”.
La participación ciudadana es crucial. Comités vecinales, observatorios civiles y medios de comunicación comprometidos pueden vigilar el uso del poder, exigir transparencia y denunciar abusos.
México entre el miedo y la esperanza
Los resultados de la estrategia de seguridad en México muestran una mezcla de avances parciales y fracasos sistémicos. La militarización ha sido efectiva en ciertos contextos, pero ha fallado en construir justicia duradera. La paz verdadera no se impone con armas, sino con instituciones fuertes, comunidades unidas y gobiernos éticos.
A los jóvenes de México —los más vulnerables al reclutamiento forzado, la violencia y la desesperanza— les corresponde también levantar la voz. Como escribió San Juan Pablo II: “La paz es el fruto de la justicia, y la justicia se construye con verdad, libertad, amor y solidaridad”.
Que la estrategia de seguridad no sea sólo un manual de operaciones, sino una promesa viva de un país en el que nadie tenga que huir, callar o morir por miedo.
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2024)
- INEGI – Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU, 2024)
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
- México Evalúa, Reporte de Homicidios 2019-2024
- Instituto para la Economía y la Paz (2024)
- Informe de Seguridad Humana en América Latina – PNUD (2023)
- Entrevista con Patricia Olamendi, junio 2025
- Testimonio de María Fernanda, Guanajuato, junio 2025
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
