La Ciudad de México, históricamente concebida como un lugar de paso o refugio para personas migrantes, enfrenta hoy una crisis silenciosa que ha ido tomando forma en calles céntricas, hoteles de bajo costo y departamentos improvisados. Lejos de los reflectores, una red de explotación sexual ha encontrado terreno fértil en la vulnerabilidad de mujeres migrantes, principalmente sudamericanas, atrapadas entre la necesidad de sobrevivir y la ausencia de mecanismos reales de protección. Detrás de esta trama se encuentra una alianza criminal entre un grupo trasnacional, el Tren de Aragua, y una organización local con profundo control territorial, La Unión Tepito.
El fenómeno no se explica desde la violencia explícita, sino desde la desigualdad. Mujeres que llegaron a México huyendo del colapso económico, la persecución política o la falta de oportunidades en sus países fueron incorporadas a esquemas de deuda, control y explotación. La promesa inicial suele ser trabajo, ayuda para cruzar fronteras o incluso apoyo para regularizar su situación migratoria. Lo que sigue es una cadena de obligaciones que las despoja de la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo y su futuro.
Las investigaciones más recientes de autoridades federales y capitalinas han documentado que el Tren de Aragua recluta a mujeres desde países como Venezuela, Colombia y Perú, muchas de ellas desde el inicio de la ruta migratoria. El grupo, surgido en Venezuela y expandido por Sudamérica y Centroamérica, opera como una red criminal flexible que se adapta a cada país mediante alianzas locales. En México, no controla territorios por sí mismo: se inserta en estructuras ya existentes.
Ahí aparece La Unión Tepito, una organización criminal con décadas de presencia en la capital. Con conocimiento profundo del entorno urbano y control de actividades ilícitas, este grupo habría facilitado espacios, protección y operación logística a cambio de una parte de las ganancias generadas por la explotación sexual.
La red opera principalmente en colonias céntricas, cerca de zonas comerciales y de transporte, donde el flujo constante de personas permite pasar desapercibidas estas dinámicas. Las víctimas son obligadas a pagar supuestas deudas que pueden superar los 12 mil dólares, además de cuotas semanales por “derecho de piso”. Para muchas, la deuda nunca termina: se recalcula, se incrementa y se convierte en un mecanismo de sometimiento permanente.
El impacto humano es profundo. Algunas mujeres logran escapar y denunciar, otras desaparecen del radar institucional. Organizaciones civiles que trabajan con población migrante advierten que muchas víctimas no se reconocen a sí mismas como tales, ya que la explotación se normaliza como única vía de subsistencia. El miedo a ser deportadas, criminalizadas o abandonadas por las autoridades inhibe la denuncia y refuerza el control de las redes.
Esta situación ha generado una crisis humanitaria localizada pero persistente. No se trata solo de delitos aislados, sino de un patrón que afecta derechos fundamentales: libertad, integridad, acceso a la justicia y a una vida digna. La ciudad, que recibe cada año a miles de personas en tránsito, carece de un sistema sólido de detección temprana y protección especializada para víctimas de trata migrantes.
Ante la presión mediática y el trabajo de investigación periodística, las autoridades han comenzado a responder. En enero de 2026 se realizaron operativos coordinados que derivaron en la detención de al menos seis personas vinculadas directamente con el Tren de Aragua en la capital, incluidas figuras identificadas como enlaces con La Unión Tepito. También se han reportado recapturas de líderes locales y aseguramientos de inmuebles utilizados para la explotación.
Sin embargo, la efectividad de estas acciones es limitada. Especialistas en seguridad y derechos humanos coinciden en que las detenciones golpean a células operativas, pero no desmantelan el modelo de negocio. La fragmentación de los grupos y su capacidad para reconstituirse rápidamente hacen que el problema persista. A ello se suma la falta de una política integral que priorice a las víctimas sobre la persecución penal aislada.
Hasta ahora, la respuesta institucional ha estado centrada en operativos y detenciones, pero no en la reparación del daño ni en la prevención. La mayoría de las mujeres rescatadas no cuenta con estatus migratorio regular, atención psicológica suficiente ni garantías de seguridad para no ser revictimizadas. Sin alternativas reales, muchas regresan a circuitos clandestinos o quedan expuestas a nuevas formas de explotación.
El caso de la alianza entre el Tren de Aragua y La Unión Tepito revela una falla estructural: la incapacidad del Estado para proteger a las personas migrantes como sujetos de derechos en un contexto urbano cada vez más complejo. Mientras las rutas migratorias sigan siendo peligrosas y las opciones legales limitadas, estas redes encontrarán nuevas formas de operar.
Lo que ocurre hoy en la Ciudad de México no es un episodio aislado ni una anomalía pasajera. Es una advertencia. La crisis humanitaria que enfrentan las personas migrantes explotadas sexualmente no se resolverá solo con arrestos, sino con políticas públicas que reconozcan su dignidad, garanticen protección efectiva y rompan el vínculo entre vulnerabilidad social y crimen organizado. Detrás de cada caso hay una historia de búsqueda de futuro que no debería terminar en el silencio.
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