En México, millones de trabajadores sostienen la economía con largas jornadas, bajos salarios y sin garantías reales de seguridad laboral. Mientras el discurso oficial presume avances y reformas, la realidad muestra un país donde la precariedad, la informalidad y la desigualdad son el común denominador. Las leyes prometen mejores condiciones, pero para la mayoría los derechos laborales siguen siendo una aspiración lejana.
Más de la mitad de la población ocupada (54.3 por ciento) trabaja en la informalidad, sin contratos, prestaciones ni seguridad social, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta situación no sólo limita el crecimiento económico de las familias, sino que también perpetúa un sistema que mantiene a millones en un estado de vulnerabilidad constante. Planear a futuro es prácticamente imposible cuando el ingreso apenas alcanza para lo básico y el empleo carece de estabilidad.
A esto se suman las jornadas laborales extenuantes. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revela que durante el primer trimestre de 2024, uno de cada cuatro trabajadores labora más de 48 horas a la semana. En sectores como el comercio, la industria y los servicios personales, el exceso de horas es la norma y cobra factura en la salud física y emocional de los trabajadores. Aunque el gobierno ha prometido reducir la jornada a 40 horas semanales, la implementación gradual hasta 2030 significa que, para millones, el cambio tardará demasiado en llegar.
Las reformas laborales de los últimos años han generado expectativas. En el caso de los repartidores y conductores de plataformas digitales, se aprobaron medidas que reconocen su derecho a la seguridad social, al aguinaldo y a la sindicalización. También se avanzó en la regulación de contratos colectivos y en la democratización sindical con la reforma laboral de 2019. Sin embargo, estos cambios todavía no se reflejan de manera generalizada. Las viejas prácticas persisten y, en muchos casos, los trabajadores siguen sin contratos escritos, sin prestaciones y con sueldos que no cubren la canasta básica.
Las desigualdades de género profundizan el problema. Sólo el 51 por ciento de las mujeres en edad de trabajar participa en el mercado laboral, frente al 81 por ciento de los hombres, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y quienes logran un empleo suelen enfrentar brechas salariales y violencia en el entorno laboral. Casi una de cada cinco mujeres (20.8 por ciento) ha sido víctima de acoso o violencia en su centro de trabajo, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Estas situaciones, con frecuencia, quedan impunes y frenan su desarrollo profesional.
El trabajo infantil sigue siendo una deuda histórica. Alrededor de 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan en México, empujados por la pobreza y la falta de oportunidades. La mayoría lo hace en condiciones de explotación, alejándolos de la escuela y condenándolos a repetir un ciclo de desigualdad que pocas políticas públicas han logrado romper.
El país ha logrado avances normativos que lo colocan mejor posicionado en indicadores internacionales de derechos laborales, pero la brecha entre lo que dictan las leyes y lo que ocurre en la práctica es enorme. La falta de inspección y supervisión, junto con el temor de los trabajadores a exigir sus derechos, mantiene a millones en una situación de indefensión.
México arrastra una cultura laboral que privilegia largas jornadas, flexibilidad unilateral para los empleadores y escasa protección para los empleados. La informalidad, que décadas atrás se consideraba transitoria, hoy se ha normalizado como parte del paisaje económico y social.
Reducir la jornada laboral, ampliar la cobertura de la seguridad social y garantizar un salario digno son pasos urgentes, pero insuficientes si no se acompañan de mecanismos efectivos que aseguren su cumplimiento. Sin inspección real, recursos institucionales y una estrategia integral que combata la desigualdad, las reformas corren el riesgo de quedarse en buenas intenciones sin impacto tangible.
México necesita políticas que enfrenten de raíz los rezagos laborales y que reconozcan la realidad de millones de trabajadores que, día a día, sostienen al país en condiciones adversas. Los discursos sobre progreso laboral ya no bastan; lo que el país requiere son acciones contundentes que garanticen que el trabajo digno deje de ser un pendiente y se convierta en una realidad palpable.
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