En México, el derecho a saber está escrito en la Constitución desde el artículo 6º: cualquier persona puede pedir información al gobierno y recibir respuesta clara y oportuna. Durante dos décadas, el órgano encargado de que ese derecho fuera real y no solo letra muerta fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo autónomo creado y fortalecido entre 2002 y 2014 como pieza clave de la transición democrática.
En marzo de 2025, el Congreso consumó su desaparición y aprobó la creación de Transparencia para el Pueblo, un ente administrativo dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La reforma permite que el propio gobierno decida, en casos de “proyectos prioritarios”, “paz social” o “seguridad nacional”, cuándo sí y cuándo no entregar información, convirtiéndose en juez y parte en los recursos de las y los ciudadanos.
La pregunta de fondo, especialmente para jóvenes de 18 a 35 años que viven hiperconectados pero desinformados, es brutalmente sencilla: ¿Qué perdemos cuando se ataca –y finalmente se desmantela– el principal contrapeso de transparencia del país?
Del bloqueo silencioso al apagón: anatomía de los ataques
Falta de nombramientos: el INAI incompleto
Por ley, el INAI debía funcionar con un pleno de siete comisionadas y comisionados. Sin embargo, desde 2019 el Senado comenzó a retrasar nombramientos, hasta que en marzo de 2023 el pleno quedó reducido a cuatro integrantes, insuficientes para sesionar y resolver recursos.
La Suprema Corte intervino y, en agosto de 2023, autorizó al INAI a sesionar de manera extraordinaria con un pleno incompleto, pero al mismo tiempo dio un plazo al Senado para hacer los nombramientos pendientes. El plazo venció y el Senado simplemente no cumplió.
Organizaciones como Artículo 19 y Fundar calificaron esta omisión como una “parálisis inducida” del órgano garante: sin pleno, el INAI no podía ordenar la entrega de información en casos sensibles –obras emblemáticas, contratos, violaciones a derechos humanos–, aun cuando la ley siguiera reconociendo el derecho de acceso a la información.
Críticas y descalificaciones: “no sirve para nada”
Mientras se bloqueaban nombramientos, desde la tribuna presidencial se instalaba una narrativa de desprestigio. En varias conferencias mañaneras, Andrés Manuel López Obrador calificó al INAI como “un cero a la izquierda” y “un aparato burocrático que no sirve para nada” y que solo da empleo a “amigos y conocidos”.
La entonces candidata y hoy presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó públicamente la existencia del Instituto: “¿quién cuida la corrupción del INAI?”, preguntó, para argumentar que no se necesitaban más órganos autónomos sino fortalecer controles internos.
En paralelo, la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra respondía que el INAI “es insustituible” y que le costaba al país apenas alrededor de 7 pesos al año por persona, desmontando la idea de un organismo “carísimo” y sin resultados.
Más que un debate técnico, lo que se instaló fue la idea de que la transparencia era un lujo neoliberal y no un componente básico de cualquier democracia que quiera presumir de Estado de derecho.
Recortes y asfixia presupuestal
Los ataques no fueron solo discursivos. El presupuesto del INAI se mantuvo prácticamente estancado desde 2018, pese a que el número de solicitudes de información y de recursos de revisión se multiplicó por cinco desde 2003.
Entre 2018 y 2023, los recursos del Instituto oscilaron entre 900 y poco más de 1,060 millones de pesos, lo que equivalía a menos de un peso al mes por habitante. En 2024, el presupuesto aprobado fue de alrededor de 1,168 millones, aún dentro de ese rango.
Ante el anuncio presidencial de una reforma para desaparecer al INAI, el propio instituto propuso una reingeniería que implicaba recortarse 30% del gasto (unos 300 millones de pesos) para seguir operando con menos estructura pero conservando autonomía.
La respuesta política no fue negociar ese ajuste, sino avanzar hacia la extinción. Para dimensionar el golpe: el proyecto de Presupuesto 2026 otorga a Transparencia para el Pueblo apenas 25 millones de pesos, es decir, alrededor del 2% de lo que tuvo el INAI en 2024.
Reformas legislativas: de órgano autónomo a ventanilla del Ejecutivo
El 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales en el que incluyó la desaparición del INAI y otros órganos autónomos. A finales de 2024 y principios de 2025, la mayoría oficialista en el Congreso sacó adelante la reforma y sus leyes secundarias.
El nuevo modelo establece que:
- Transparencia para el Pueblo será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;
- los recursos de inconformidad ya no serán revisados por un órgano independiente, sino por las propias autoridades involucradas;
- se amplían las causales para reservar información vinculada con “proyectos prioritarios”, “paz social” o “seguridad nacional”.
Académicos como María de Lourdes López Salas y el jesuita Óliver Zazueta resumen así el problema: al desaparecer al órgano garante autónomo y trasladar sus funciones a las propias autoridades obligadas a ser transparentes, el Estado se vuelve “juez y parte” y vacía de contenido práctico el derecho a saber.
Obstaculización de investigaciones y uso abusivo de la “seguridad nacional”
Aun cuando el INAI estaba vivo, el gobierno federal empezó a blindar información alegando “seguridad nacional” o “interés público” en temas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Diversos reportes de Artículo 19 y Fundar documentan un crecimiento del uso de estas reservas para impedir el escrutinio de megaproyectos.
En otros casos, el Instituto tuvo que litigar para obtener información: por ejemplo, para que Semar entregara una versión pública de su estrategia de ciberseguridad, que la dependencia quiso mantener completamente en secreto.
El mensaje implícito es claro: mientras más poder concentró el Ejecutivo, más resistencia mostró a la transparencia, incluso a costa de incumplir resoluciones de un órgano autónomo.
Desacato de resoluciones e impugnaciones constantes
En la práctica, muchas dependencias comenzaron a retrasar o simplemente ignorar resoluciones del INAI, obligando a las personas a emprender largos litigios o a resignarse a la opacidad. Organizaciones como México Evalúa y Artículo 19 han señalado un patrón de desacato, especialmente en temas de seguridad y Ejército.
La reforma que extingue al instituto llega en este contexto: un órgano debilitado por falta de comisionados, descalificado desde el poder, con presupuesto a la baja y con sus decisiones cada vez más impugnadas por quienes deberían cumplirlas.
Voces y rostros de una transparencia en riesgo
No se trata solo de un pleito entre élites. Detrás de cada tabla estadística hay historias muy humanas.
La periodista Norma Julieta del Río, hoy ex comisionada, ha recordado que gracias a solicitudes de información se conocieron escándalos como la Estafa Maestra, la Estela de Luz o las irregularidades millonarias de Segalmex.
En un análisis sobre la desaparición del INAI y su par jalisciense, el académico Óliver Bautista advierte: “Lo que está ocurriendo es un debilitamiento de los contrapesos de poder. Sin un órgano independiente no hay quien supervise al gobierno y eso va en detrimento de los ciudadanos”.
El impacto llega hasta las luchas más dolorosas del país. Un reportaje de Gatopardo recuerda que, en 2018, el medio A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab demostraron con datos obtenidos vía transparencia que México era prácticamente una gran fosa clandestina con cerca de 2,000 entierros ilegales.
Para las madres buscadoras, esos datos han sido brújula. Sin embargo, hoy viven más expuestas y con menos información. “Vivimos más atemorizadas que nunca porque estamos más perseguidas”, dice Ana Enamorado, quien busca a su hijo desde 2013.
La desaparición del INAI no es un tema técnico: es un golpe directo a quienes necesitan saber qué pasó con sus seres queridos, cómo se usan los recursos públicos o quién autorizó una obra que destruyó su comunidad.
Lo que está en juego: rendición de cuentas, democracia y derechos
Rendición de cuentas: Sin un órgano autónomo de transparencia, exigir cuentas se vuelve mucho más difícil. Si un estudiante quiere saber cómo se gastó el presupuesto de su universidad pública, o un vecino busca los contratos de una obra que afectará su colonia, ahora debe enfrentar a las mismas autoridades que quizá tienen incentivos para ocultar información.
En 2022, el INEGI reportó más de 21,800 solicitudes de acceso a la información a nivel federal y un crecimiento de 88% en recursos de revisión por inconformidad con las respuestas oficiales. Ese crecimiento muestra una ciudadanía más activa… justo cuando el principal árbitro para resolver controversias desaparece.
Democracia: México se ha mantenido en los últimos años en la parte baja del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con calificaciones cercanas a 31/100 y posiciones por debajo del lugar 120 de 180 países.
En ese contexto, golpear a la institución que obligaba al Estado a publicar contratos, auditorías, bases de datos y expedientes es, en los hechos, un retroceso democrático. Como resume un artículo académico sobre el nuevo modelo de transparencia: al “atomizar” las funciones en miles de áreas del propio gobierno, se sustituyen los contrapesos por controles internos siempre vulnerables a la línea política del momento.
Participación ciudadana: La participación informada –votar, organizarse, proponer, denunciar– requiere datos confiables. En la lógica de la subsidiariedad de la Doctrina Social de la Iglesia, el Estado debe facilitar que la sociedad civil pueda vigilarlo, no cerrarle puertas.
Si jóvenes emprendedores, colectivos vecinales o parroquias que trabajan por el bien común no pueden conocer cómo se asignan contratos, qué pasa con los recursos de programas sociales o cuáles son los criterios para militarizar la seguridad, su capacidad de incidencia se reduce a la intuición y al rumor.
Derechos humanos: La opacidad no es neutra. Golpea más fuerte a quienes ya están en situación de vulnerabilidad. Sin acceso a expedientes, protocolos, estadísticas desagregadas o dictámenes periciales, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen menos herramientas para buscar justicia.
Informes de organizaciones como el Centro Prodh, Artículo 19 y colectivos de víctimas han insistido en que la transparencia es una condición para avanzar en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o violencia institucional.
Cuando la autoridad que debe ser investigada controla también el acceso a la información, se rompe un principio básico del Estado de derecho.
¿Qué hacer? Cuatro tareas inaplazables
A) Para el gobierno federal
- Garantizar de facto la autonomía técnica y presupuestal de cualquier instancia que sustituya al INAI, aunque dependa administrativamente del Ejecutivo.
- Eliminar o precisar las causales vagas que permiten negar información con pretexto de “proyectos prioritarios” o “paz social”.
- Comprometerse públicamente, desde la presidencia y las secretarías, a cumplir sin simulaciones el artículo 6º constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos.
B) Para el Congreso
- Revisar la reforma que extinguió al INAI a la luz de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y acceso a la información.
- Fortalecer los mecanismos de control parlamentario sobre el uso de la clasificación de información reservada.
- Escuchar a universidades, organizaciones, empresarios y organizaciones de fe que advierten del riesgo de dejar a la ciudadanía “sin garantías”.
C) Para las instancias de transparencia (viejas y nuevas)
- Defender su independencia técnica, incluso en tribunales, cuando se les presione para negar información que debería ser pública.
- Mantener viva la Plataforma Nacional de Transparencia como repositorio histórico y herramienta accesible para jóvenes, periodistas y organizaciones.
- Trabajar de la mano con sociedad civil, parroquias, universidades y medios locales para formar una nueva generación de “activistas del dato”: personas capaces de usar la transparencia para defender el bien común.
D) Para la sociedad civil (y para ti)
- Seguir preguntando. Usar las plataformas de transparencia que sigan operando para pedir información sobre becas, obras, contratos, seguridad, salud, medio ambiente.
- Apoyar campañas como #LoQueYaNoVamosASaber y las acciones de organizaciones como Artículo 19, Fundar o México Evalúa, que monitorean el desempeño del sistema de transparencia.
- Desde la lógica de la solidaridad y la dignidad humana, acompañar a víctimas y colectivos –como las madres buscadoras– que dependen de datos oficiales para sostener sus demandas de verdad y justicia.
Sin verdad pública, no hay bien común
La historia del INAI es, en el fondo, la historia de un país que quiso tomarse en serio la transparencia… y luego se fue acostumbrando a desmontarla pieza por pieza.
Primero vinieron los recortes y la narrativa del desprestigio. Después, el bloqueo de comisionados, el desacato silencioso de resoluciones incómodas y el uso expansivo de la “seguridad nacional”. Al final, la reforma que apagó la luz del organismo y la encendió en una oficina bajo control del propio poder político.
No puede haber justicia ni paz social sin verdad: la transparencia es una forma concreta de decirle al poder que no puede decidir solo y en la oscuridad. Para la legalidad democrática, el derecho a saber no es un privilegio de periodistas, sino una herramienta para que cualquier joven pueda vigilar cómo se gasta su futuro.
Defender la transparencia –y exigir que México recupere un órgano verdaderamente autónomo que la garantice– no es nostalgia institucional: es una tarea urgente para quienes creemos en la dignidad de cada persona, en la solidaridad con las víctimas y en un país donde el gobierno recuerde que manda obedeciendo.
El reto está sobre la mesa: o normalizamos vivir como “ciudadanos sin garantías” o decidimos, desde la sociedad, que nuestro derecho a saber no se negocia.
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