Cada 30 de enero —fecha vinculada al legado de Mahatma Gandhi— el mundo recuerda el Día Mundial de la No Violencia y la Paz. En México, la efeméride llega en medio de cifras persistentes de homicidio doloso, desaparición forzada y extorsión que no solo saturan las estadísticas, sino que definen la vida diaria de millones. De acuerdo con registros oficiales de INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país mantiene desde hace años niveles de violencia letal que colocan a la seguridad como una de las principales preocupaciones ciudadanas. La conmemoración, más que un acto protocolario, se convierte así en un llamado urgente a revisar qué entendemos por paz y cómo se construye.
Panorama de la violencia en México
La radiografía es compleja y multidimensional. A los homicidios se suman desapariciones —con un registro acumulado que supera decenas de miles—, extorsiones que asfixian economías locales y desplazamientos internos provocados por la violencia criminal. La Comisión Nacional de Búsqueda ha advertido que la crisis de personas no localizadas impacta de manera directa a familias completas y a comunidades enteras. En paralelo, informes de la Organización de las Naciones Unidas han señalado que la violencia en México tiene raíces estructurales: desigualdad, impunidad, economías criminales y debilidad institucional.
Impacto en la vida cotidiana
La violencia no es un fenómeno abstracto. Se traduce en cambios de rutina, cierres tempranos de negocios, cancelación de actividades comunitarias y una percepción constante de riesgo. En colonias de ciudades medias y grandes, padres de familia ajustan horarios escolares; en zonas rurales, productores abandonan tierras ante amenazas; en corredores turísticos, comerciantes invierten más en rejas que en crecimiento. El costo económico —pérdida de inversión, empleos y productividad— convive con un costo emocional que erosiona la confianza y la convivencia.
Uno de los efectos más graves es la normalización. La repetición de hechos violentos en la conversación pública puede anestesiar la sensibilidad social: cifras que ya no conmueven, relatos que se consumen con distancia. Expertos en cohesión social advierten que cuando la violencia se vuelve “parte del paisaje”, se debilita el tejido comunitario y se reduce la exigencia de rendición de cuentas. El riesgo es profundo: una sociedad que se acostumbra al miedo pierde capacidad de indignación y de acción colectiva.
Las víctimas en el centro
La paz parte de la dignidad humana y de la opción preferencial por los más vulnerables. Las víctimas no son números: son personas con nombre, historia y derechos. María —nombre cambiado por seguridad— busca a su hijo desaparecido desde 2019. “La paz para mí sería saber la verdad”, dice. Su testimonio coincide con el énfasis ético en verdad, justicia y reparación integral. Colocar a las víctimas en el centro implica escuchar, acompañar y garantizar acceso efectivo a la justicia.
Las estrategias de seguridad han oscilado entre enfoques reactivos y preventivos. Si bien ha habido esfuerzos por fortalecer capacidades operativas, especialistas subrayan límites claros cuando no se atienden causas estructurales ni se reduce la impunidad. La paz —recuerdan académicos y líderes sociales— no se decreta: se construye con instituciones confiables, investigación eficaz, sanción a responsables y políticas sociales focalizadas que prevengan la violencia desde la raíz.
Aportaciones de la sociedad civil y la Iglesia
En ausencia de soluciones inmediatas, la sociedad civil ha desarrollado respuestas comunitarias: acompañamiento a víctimas, mediación local, prevención con jóvenes y memoria colectiva. La Conferencia del Episcopado Mexicano ha reiterado en diversos pronunciamientos que “la paz es fruto de la justicia” y ha llamado a reconstruir la convivencia desde la verdad y la reconciliación. Parroquias, organizaciones y redes ciudadanas sostienen —con recursos limitados— espacios de contención y esperanza.
La evidencia comparada señala tres pilares para una paz sostenible: educación, justicia y prevención. Educación en valores cívicos, resolución pacífica de conflictos y legalidad; justicia que investigue y sancione; y prevención que reduzca riesgos en territorios vulnerables. Invertir en estos frentes no es idealismo: es política pública costo-efectiva. La experiencia internacional muestra que donde hay escuela de calidad, empleo digno y justicia accesible, la violencia retrocede.
Conmemorar el Día Mundial de la No Violencia y la Paz en México exige honestidad. La paz no es ausencia de conflicto ni un lema anual; es resultado de la justicia, la verdad y la responsabilidad compartida. Estado, empresas, escuelas, iglesias y ciudadanía tienen un papel irrenunciable. Recordarlo es el primer paso; asumirlo, el verdadero desafío.
Facebook: Yo Influyo
comentarios@yoinfluyo.com
