La deuda histórica con los indígenas de México

En cada bordado, palabra o rito de los pueblos indígenas vive una historia más antigua que el país que hoy llamamos México. Sin embargo, esa riqueza cultural convive con una realidad alarmante: discriminación, pobreza, despojo y olvido. Cada 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos invita no solo a celebrar su herencia, sino a mirar de frente la deuda histórica que como nación seguimos sin pagar.

“Somos herederos de un conocimiento que no está en los libros. Pero cuando pedimos agua potable o escuela para nuestros hijos, parece que pedimos demasiado”, cuenta Dolores Santiago, mujer tzotzil de Chiapas, madre de tres hijos y promotora comunitaria de salud. Su voz representa a más de 23 millones de personas en México que se autoidentifican como indígenas, según el Censo 2020 del INEGI.

¿Por qué se conmemora este día?

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1994, en el marco del primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Su objetivo: “fortalecer la cooperación internacional para solucionar los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en ámbitos como derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud”.

Lejos de una fecha simbólica o meramente cultural, este día busca visibilizar el rezago estructural en el que viven millones de personas originarias en todos los continentes. En el caso de México, esa marginalidad se entrelaza con siglos de racismo estructural y falta de inclusión.

Radiografía de una desigualdad persistente

Según el INEGI, el 19.4% de la población mexicana se autoidentifica como indígena, pero solo el 6.1% habla una lengua indígena. Esto significa que, mientras hay una fuerte conciencia étnica y cultural, muchas comunidades están perdiendo sus idiomas, que son vehículo de identidad, memoria y cosmovisión.

Las cifras revelan una situación crítica:

  • Pobreza: El 72.9% de la población indígena está en situación de pobreza, y el 30% en pobreza extrema (CONEVAL, 2022).
  • Educación: En comunidades indígenas, el promedio de escolaridad es de 5.5 años, frente al promedio nacional de 9.7 años.
  • Salud: La cobertura médica es precaria: 4 de cada 10 indígenas no tienen acceso regular a servicios de salud.
  • Territorio: La pérdida de tierras por megaproyectos, minería o turismo ha provocado desplazamientos forzados en estados como Oaxaca, Guerrero y Chihuahua.

Cultura viva que resiste

Los pueblos originarios han demostrado una resiliencia admirable. Sus lenguas, danzas, medicina tradicional y formas de organización comunitaria siguen vivas gracias a la transmisión intergeneracional y al esfuerzo cotidiano de miles de personas.

México reconoce 68 pueblos indígenas y 364 variantes lingüísticas. Sin embargo, 21 de estas lenguas están en riesgo de desaparecer. “Cada lengua indígena que se extingue es como si perdiéramos una biblioteca completa”, explica Yásnaya Aguilar, lingüista mixe y activista por los derechos lingüísticos.

Los pueblos indígenas no solo custodian tradiciones, sino saberes útiles para el presente: cuidado del medio ambiente, agricultura sustentable, medicina natural, prácticas de justicia restaurativa. Pero muchas veces, su conocimiento es descartado o apropiado sin su consentimiento.

Avances y retos: ¿qué se ha hecho?

En años recientes ha habido algunos avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. La Constitución Mexicana reconoce su autonomía, su derecho a conservar su cultura, y a elegir sus propias autoridades bajo sus usos y costumbres (artículo 2º). Existen instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y programas de becas, salud intercultural y derechos lingüísticos.

Sin embargo, las críticas son contundentes. “Las políticas públicas suelen ser asistencialistas o decorativas. No hay un verdadero enfoque de derechos ni de corresponsabilidad”, advierte el Dr. Pedro Uc Be, sociólogo y defensor maya. Agrega que muchas veces los megaproyectos se imponen sin consulta libre, previa e informada, como exige el Convenio 169 de la OIT, ratificado por México.

La falta de cumplimiento efectivo de estos marcos legales hace que comunidades enteras sigan siendo desplazadas, criminalizadas o ignoradas por los gobiernos.

¿Qué podemos hacer como sociedad?

El primer paso es mirar más allá del folclor y de las celebraciones superficiales. Apreciar un huipil o una ceremonia tradicional es válido, pero insuficiente si no va acompañado del reconocimiento pleno de los derechos de quienes los crean y preservan.

Algunas acciones posibles desde la sociedad civil:

  • Apoyar proyectos educativos bilingües y biculturales.
  • Consumir productos elaborados directamente por comunidades originarias, sin intermediarios que exploten su trabajo.
  • Denunciar el racismo cotidiano y el clasismo que sigue vigente en medios, instituciones y discursos.
  • Presionar a autoridades locales y federales para que cumplan con las consultas indígenas y protejan sus territorios.

El respeto a la dignidad humana, la subsidiariedad y la justicia social exigen que los pueblos originarios no sean vistos como grupos “vulnerables” a quienes se ayuda desde arriba, sino como sujetos plenos de derechos con voz, historia y visión del bien común.

Juana Poot, joven maya de 26 años, estudiante de pedagogía intercultural, lo resume con claridad: “No queremos que nos vean como pobres o como adornos turísticos. Queremos decidir sobre nuestra educación, defender nuestras tierras y hablar nuestra lengua sin miedo. Nuestra historia no necesita lástima, necesita justicia”.

Juana participa en un colectivo de jóvenes indígenas en Yucatán que promueve el uso del maya entre niños y adolescentes. Con videos, juegos y redes sociales, están revitalizando su lengua y cuestionando los estereotipos. “No somos del pasado. Somos el presente y queremos ser parte del futuro”, afirma con convicción, “somos mexicanos como los demás y así queremos ser tratados”

Celebrar la diversidad, garantizar los derechos

Este 9 de agosto, más que celebrar con actos simbólicos, es necesario actuar con responsabilidad política y ética. Los pueblos indígenas son custodios de una sabiduría milenaria, pero también ciudadanos mexicanos que merecen justicia, servicios, respeto y oportunidades reales.

Proteger sus derechos no es una concesión: es una obligación constitucional, moral y humana. Y reconocer su aporte no es un favor, sino una forma de sanar como nación.

Porque sin justicia para los pueblos originarios, no hay verdadero desarrollo. Sin ellos, México pierde su alma.

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