Un operativo de alto impacto reveló lo que muchos mexicanos ya intuían: el huachicol, lejos de ser una práctica en declive, sigue creciendo como una enfermedad crónica dentro del sistema energético nacional. El lunes 7 de julio, autoridades federales informaron el aseguramiento de 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de gasolina robada en dos puntos estratégicos del estado de Coahuila, una operación sin precedentes en el actual sexenio.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, confirmó que el decomiso fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Sedena, Guardia Nacional, FGR, Semar y Pemex. Pero más allá del golpe mediático, los datos evidencian que la estructura del huachicol está lejos de ser desmantelada: las pérdidas por robo de combustibles aumentaron un 13% en lo que va del año, alcanzando los 3 mil 347 millones de pesos solo en enero y febrero de 2025, según datos de EL UNIVERSAL.
La nueva estrategia: tecnología contra el crimen
Como parte de la respuesta oficial, el gobierno federal presentó una nueva estrategia para combatir el robo de hidrocarburos, basada en la modernización del sistema de monitoreo de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). También se implementarán regulaciones más estrictas para las pipas y autotanques, a fin de garantizar que el combustible sea transportado únicamente desde instalaciones oficiales.
“La estrategia implica un rediseño completo del sistema logístico de Pemex, incorporando inteligencia artificial y monitoreo satelital en tiempo real”, declaró Víctor Ramírez, analista energético en entrevista para Expansión. Sin embargo, reconoció que el reto no es solo tecnológico, sino profundamente estructural: “El huachicol no es sólo piquetes en ductos. Es un modelo de negocio paralelo al del Estado”.
Huachicol: un cáncer que muta
Durante años, el imaginario del huachicolero se vinculaba con comunidades empobrecidas ordeñando ductos con cubetas. Hoy, la realidad es otra. Redes criminales cada vez más sofisticadas emplean tecnología de punta, estructuras empresariales fachada y hasta estrategias fiscales simuladas, en lo que se ha denominado “huachicol fiscal”: importaciones subvaluadas, facturas falsas y operaciones trianguladas.
Francisco Barnés de Castro, presidente del Observatorio Ciudadano de Energía, advierte: “Durante el sexenio pasado, el valor del combustible robado alcanzó los 24 mil 850 millones de dólares, una cifra tan alta que habría bastado para pagar la refinería de Dos Bocas o salvar a Pemex de su deuda con proveedores”.
Óscar es trailero desde hace 18 años. Ha trabajado para contratistas de Pemex y también, sin saberlo, para intermediarios del mercado negro. “Una vez me pidieron llevar una pipa desde Salamanca a una bodega en Coahuila. La guía de transporte parecía legal, pero me pagaron el doble en efectivo”, relata. Luego se enteró que el combustible nunca pasó por una terminal oficial.
“Yo solo manejo. No tengo cómo saber qué hay en la pipa o si es robado. Pero a veces me doy cuenta por el tipo de presión con la que te tratan, por los horarios, por las amenazas”, confiesa con nerviosismo. Como él, decenas de conductores son engañados, amenazados o comprados para mover combustible ilegal sin dejar rastro.
¿Dónde se pierde el control?
Los puntos vulnerables del sistema petrolero mexicano son múltiples:
- Terminales de almacenamiento y reparto sin suficiente vigilancia digital.
- Falsificación de guías de transporte por parte de empresas fachada.
- Corrupción en aduanas y puntos de internación fronteriza.
- Falta de trazabilidad entre origen, destino y volumen de producto.
De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cada litro robado genera una triple pérdida: fiscal (por impuestos no cobrados), operativa (por daño a infraestructura) y ambiental (por derrames y contaminación de suelos).
Los estados más golpeados
Coahuila, Guanajuato, Puebla y Veracruz siguen siendo los estados con mayor incidencia en tomas clandestinas, aunque el fenómeno se ha extendido a entidades como Jalisco, Hidalgo y Estado de México. En palabras de Mónica Hernández, investigadora de la UNAM en temas de seguridad energética, “el mapa del huachicol se mueve con los intereses del crimen organizado, no con la logística de Pemex”.
Esto se confirma con los datos del Sistema de Información Energética (SIE): en 2024, se reportaron más de 11 mil tomas clandestinas en el país, muchas de ellas reincidentes. Y aunque el número disminuyó ligeramente con respecto a 2023, el valor del combustible robado sigue creciendo.
La dimensión moral y social del robo
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, el robo de combustibles no puede entenderse solo como delito económico, sino como un pecado social que afecta el bien común, debilita la confianza institucional y condena a comunidades enteras a la violencia.
“El huachicol corrompe no sólo estructuras, sino también conciencias. Normaliza la ilegalidad y la impunidad como forma de sobrevivencia”, explicó el sacerdote Juan Carlos Zepeda, de la diócesis de Salamanca, en una homilía reciente. “El Estado debe defender el bien común, pero también debe acompañar con justicia y opciones reales a quienes caen en este sistema por desesperación”.
Una urgencia nacional
A pesar del decomiso récord en Coahuila, el huachicol no ha sido erradicado, sólo ha mutado. La sofisticación de sus redes, el volumen de pérdidas y la infiltración en estructuras legales lo convierten en una amenaza de primer orden para la economía nacional, la seguridad pública y la legalidad institucional.
Urge, por tanto, una respuesta integral que combine tecnología, fiscalización, justicia social y fortalecimiento ético del Estado. Porque mientras sigamos perdiendo miles de millones en gasolina robada, seguiremos siendo un país que se desangra por sus propios ductos.
Y como diría Óscar, el trailero: “Mientras el negocio siga siendo bueno para algunos, a los demás nos toca aguantar el peligro… o quedarnos sin chamba”.
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