En los más de 3 200 km que abarcan los estados fronterizos de México, la delgada línea entre desarrollo económico y colapso social se está volviendo cada vez más frágil. En un año marcado por el aumento del delito de extorsión —que registró 8 585 víctimas entre enero y septiembre de 2025, un alza del 5.2 % respecto al año anterior— la franja que colinda con Estados Unidos ya no sólo se mide por sus cifras de exportación o empleo, sino por el peso de la sombra criminal que crece sobre sus negocios y ciudadanos.
Este fenómeno —que golpea en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), clave para el tejido productivo del país— no es un tema auxiliar: es una señal de que el desarrollo local está en riesgo cuando la seguridad, el Estado de Derecho y la confianza institucional se debilitan.
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, que llama a proteger la dignidad humana, el bien común y la solidaridad, esta crisis posee un doble impacto: económico y moral. Porque cuando los ciudadanos no pueden trabajar, producir o invertir sin temor, se erosiona no sólo la economía, sino el tejido social y la esperanza de una vida digna.
Contexto histórico y geográfico: la frontera norte como motor económico y zona vulnerable
La franja norte de México —que incluye los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas— ha sido por décadas el principal motor exportador de México: producción industrial, maquilas, comercio transfronterizo, integración con la economía de EE. UU. Gratificante en sus rendimientos, esta región también posee una historia marcada por desafíos de seguridad, rutas de contrabando y disputas territoriales.
Dicen los estudios que en las zonas fronterizas “la ubicación estratégica facilita actividades delictivas transnacionales y amplifica la vulnerabilidad de los negocios locales”.
De ahí que este corredor de desarrollo esté experimentando un doble juego: por un lado, un alto valor económico; por el otro, una alta exposición al riesgo por inseguridad, extorsión y violencia.
Los datos más recientes y alarmantes
– Conforme a datos agrupados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y reportados por medios, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 8 585 víctimas de extorsión en todo el país, un crecimiento de 5.2 % respecto al periodo similar del año anterior.
– En los 43 municipios fronterizos la proporción fue de 11.8 % del total nacional, con un aumento del 15.2 % respecto al año anterior.
– De las 59 283 llamadas registradas por la Estrategia Nacional Antiextorsión entre julio y septiembre de 2025, aunque el 74 % no se concretó, 5 959 fueron consumadas o tenían datos suficientes para investigación.
– La cifra negra —es decir, el porcentaje estimado de casos que nunca se denuncian— se ubica en 97 %. Es decir: sólo el 3 % de los delitos de extorsión efectivos llegan a ser atendidos.
Estos números señalan una crisis de atención y gobernabilidad tan profunda como evidente: no sólo sube el delito, sino que la mayoría permanece oculta e impune.
Para ilustrar el rostro humano detrás de la estadística, conversamos con María (nombre ficticio por seguridad), propietaria de una pequeña fábrica de autopartes en Tijuana.
“Empezaron los llamados con amenazas: ‘o pagas o no trabajo más’. Teníamos la nómina, los proveedores, pero el miedo fue lo que nos hizo cerrar un turno completo. Me sentía sola. No sabía a dónde más acudir. Una amiga que denunció, desapareció unos días. Yo decidí hacer silencio, pero también dejar de invertir. MiPyMEs como la mía somos el corazón de esta ciudad, pero también carne de cañón.”
Este testimonio evidencia cómo el cobro de piso y la extorsión no son sólo una cuestión de cifras: son decisiones que llevan a recortes, cierres de jornadas, despidos y retrocesos en vida digna.
Cómo la extorsión mina el desarrollo económico
1. Pérdida de inversión y empleo. La inseguridad causa un efecto inmediato: las empresas y los inversionistas se retraen, los plazos de expansión se cancelan, y en la frontera más que en otras zonas, los negocios concentran su estrategia en sobrevivir. Según Coparmex: “La franja fronteriza es clave para el comercio exterior y la industria nacional. Cuando la seguridad se deteriora, se afecta la inversión, la generación de empleo y la confianza empresarial.” El cierre forzado de empresas, o la reticencia de nuevas inversiones, conduce a pérdida de empleos, menor desarrollo local y vulnerabilidad social.
2. Tejido social debilitado. Cuando la gente —empresarios, trabajadores, jóvenes— no percibe que puede prosperar sin ser extorsionada o amenazada, la confianza en las instituciones se debilita. El capital social, se resquebraja. Un estudio en las fronteras señala que en entidades como Baja California, Tamaulipas o Sonora la percepción de extorsión es “muy alta”, lo que genera un círculo de miedo y resignación colectiva. Además, la presencia de violencia —más de uno de cada cuatro homicidios dolosos y feminicidios ocurre en esta región— agrava un contexto donde la certidumbre para trabajar y vivir dignamente se hace escasa.
3. Estado débil y crecimiento bloqueado. Cuando la tasa de denuncia es tan baja (3 % de los casos denunciados), la impunidad reina. Esto daña la credibilidad de la legalidad y la gobernabilidad. El papel del Estado es clave, tal como lo enseña la Doctrina Social de la Iglesia: garantizar la justicia, la paz y la protección de los derechos humanos. Pero las herramientas, los procesos y la coordinación parecen insuficientes hasta ahora.
Desafíos estructurales y obstáculos
Coordinación institucional. La propuesta de un marco legal unificado es una prioridad. Por ejemplo, el envío al Congreso de una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión busca homologar criterios en todo el país y dotar de herramientas a las fiscalías estatales. Sin embargo, la transición entre la aprobación de la Cámara de Diputados y el dictamen en el Senado se retrasa.
Además, la dispersión jurisdiccional entre federación, estado y municipios provoca que muchos casos no se investiguen bien, ni se castigue con efectividad.
Inteligencia financiera y desarticulación del delito. Eliminar la extorsión implica intervenir el flujo de dinero sucio, detectar servidores públicos cómplices, proteger a la víctima para que denuncie, y profesionalizar a las policías. Estudios sugieren que las dinámicas de extorsión en la frontera implican redes de corrupción, rutas de salida de recursos y una articulación con el narcotráfico o grupos criminales que detectan vulnerabilidad empresarial. Un Estado de Derecho sólido requiere estos elementos.
Cultura de denuncia y apoyo al agredido. El miedo, la falta de confianza en las autoridades y la repercusión social hacen que muchas víctimas no se atrevan a denunciar. Según un análisis mediante text-mining, las publicaciones en redes sociales muestran cómo la percepción de inseguridad y la resignación crecen en la frontera norte. Desarrollar campañas que empoderen al denunciante, generen rutas seguras y garanticen protección es parte del camino.
La sociedad y el Estado tienen el deber de promover la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. En el caso que nos ocupa:
- La dignidad humana se ve amenazada cuando el trabajo productivo queda sujeto al temor, la coacción y el cobro ilegal.
- El bien común resulta dañado cuando el desarrollo de comunidades fronterizas —que deberían ser motor de progreso— se vuelve área de retroceso.
- La solidaridad exige que empresarios, trabajadores, sociedad civil y Estado colaboren para romper el ciclo de la extorsión.
- La subsidiariedad interpela a que los niveles locales —municipios, estados— asuman sus responsabilidades pero también trabajen coordinadamente con la federación.
Desde esta visión, la extorsión no es sólo un asunto económico o policial: es un asunto de justicia social, de fraternidad y de construcción de comunidades donde se pueda vivir con esperanza.
Propuestas y recomendaciones para revertir la tendencia
- Aprobar con urgencia la Ley General contra la extorsión, dotándola de instrumentos claros: investigación de oficio, protección a víctimas, coordinación entre fiscalías, protocolos de congelamiento de recursos.
- Fortalecer las unidades de inteligencia financiera y criminal, especialmente en la frontera norte, para intervenir las redes que alimentan el delito.
- Impulsar la denuncia segura y el acompañamiento a víctimas, generando rutas confidenciales, protección a denunciantes y seguimiento efectivo de casos.
- Promover la cultura de la legalidad y la confianza institucional, mediante campañas en redes sociales, en empresas, en comunidades, alertando sobre los efectos de la extorsión y sensibilizando al ciudadano.
- Incentivar la inversión y el desarrollo económico en la frontera, vinculando la seguridad con la competitividad, para que no se vea como zona de riesgo sino como zona de oportunidad.
- Articular el rol del Estado, la empresa y la sociedad civil, construyendo espacios de participación donde los afectados tengan voz, los empresarios se sientan protegidos y las autoridades rindan cuentas.
La frontera norte de México se encuentra en una encrucijada: por un lado es zona clave para el crecimiento nacional; por otro, está bajo presión por la violencia, la extorsión y la impunidad. Los datos son contundentes: miles de víctimas de extorsión, crecimiento sostenido del delito en los municipios fronterizos, impunidad cercana al 97 % y un efecto pernicioso en la inversión, el empleo y la dignidad humana.
Para los jóvenes de hoy —Millennials y Centennials— que buscan un país de oportunidades, este panorama exige un compromiso: no basta con quejarse, sino que es momento de involucrarse, exigir transparencia, potenciar la denuncia y generar redes de respaldo comunitario.
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, la cuestión no se limita al delito o a la economía, sino a la vida digna, al bien común y a la fraternidad social. Un México que permita que las pequeñas empresas prosperen sin extorsión es un México que avanza en justicia, legalidad y esperanza.
La estabilidad, la paz y el desarrollo no pueden depender de factores informales ni de la tolerancia al crimen. Cuando decimos #YoSiInfluyo, nos comprometemos a ser parte activa de la solución y no espectadores del problema. Si queremos recuperar la confianza en nuestras instituciones, generar empleo y construir comunidades fuertes, es preciso actuar ahora: proteger a los empresarios, respaldar a las víctimas, fortalecer al Estado y exigir que la ley sea realmente para todos.
Porque sin seguridad no hay inversión. Y sin inversión, no hay empleo. Pero sobre todo: sin empleo digno no hay esperanza.
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