Detención en masa: la nueva era de deportaciones del ICE

Desde inicios de 2025, se ha observado una aceleración en las operaciones de detención y expulsión ejecutadas por el ICE, según datos públicos de la propia agencia. Por ejemplo, los paneles de estadísticas de ICE recogen arrestos, detenciones y remociones para el año fiscal vigente. 

Con cifras que rondan más de 273 000 detenciones hasta el momento (dato privado reportado) y alrededor de 239 000 expulsiones oficiales —aunque algunas estimaciones elevan este número hasta 350 000—, el panorama migratorio interior de los Estados Unidos vive un giro importante. (Estas cifras corresponden al periodo 2025, según la solicitud de este artículo.)

Asimismo, se registran 992 vuelos internacionales de deportación entre febrero y julio de 2025, involucrando a 128.960 personas, así como más de 439.000 traslados internos de migrantes entre centros de detención en EE.UU. sin que éstos hubieran sido efectivamente expulsados al exterior.

Para entender la dimensión y el impacto de este fenómeno, es necesario situarlo en su contexto histórico, político y humano, así como reflexionar desde la perspectiva de los valores de la Doctrina Social de la Iglesia: dignidad de la persona, solidaridad, respeto al derecho, migración como hecho humano y no sólo como cifra.

La política migratoria estadounidense ha oscilado históricamente entre periodos de apertura y periodos de fuertes operativos de expulsión. En el gobierno de Barack Obama, por ejemplo, se registraron más de 300 000 deportaciones en el año fiscal 2014. Bajo la administración de Joe Biden, las cifras se estabilizaron en rangos de 180 000–200 000 expulsiones anuales, concentrándose en personas con antecedentes penales. Según comparativos periodísticos, este volumen se ubicaba como referencia para medir las políticas de deportación. 

Ahora, 2025 marca una nueva etapa: según diversos medios, las remociones del ICE alcanzan “el año con más deportaciones en más de una década”. Por ejemplo, se informa que más de 270 000 personas fueron deportadas en un periodo reciente, lo que constituye el mayor registro desde 2014. 

Además, el número de personas detenidas simultáneamente alcanzó máximos. Por ejemplo, según la organización Vera Institute of Justice, el 23 de agosto de 2025 había 61 226 personas detenidas —la cifra más alta registrada en los últimos 16 años. 

Estos datos revelan que la política migratoria estadounidense en 2025 está activamente en expansión: no sólo en cruces fronterizos sino también en el interior del país, con un enfoque hacia detención interior, traslados en masa, y un incremento de vuelos de deportación. 

Las cifras clave de 2025 y lo que implican

De acuerdo con el resumen que se presenta al inicio, podemos analizar los siguientes componentes centrales:

• Más de 273 000 personas han sido detenidas por el ICE en 2025 hasta la fecha. Esto incluye arrestos tanto en contexto fronterizo como dentro del país.
• Aproximadamente 239 000 expulsiones han sido ejecutadas. Algunas fuentes elevan la estimación hasta 350 000, lo que indica una posible sub-notificación o demora en datos oficiales.
• Sólo entre febrero y julio de 2025 se realizaron 992 vuelos internacionales de deportación, con 128 960 personas involucradas.
• Se han movilizado más de 439 000 migrantes entre centros de detención sin que éstos fueran efectivamente deportados al exterior: un volumen que revela que la detención y el traslado interno se han convertido en parte integral del sistema.

Perfil de los deportados

• Nacionalidades más afectadas: destacan los migrantes mexicanos y venezolanos.
• Revocación de permisos (TPS o parole humanitario): más de 500 000 inmigrantes de Venezuela, Cuba y Haití han perdido dichos permisos tras decisiones judiciales.
• Sin antecedentes penales: cerca del 60% de los detenidos no tiene historial criminal. Lo que coincide con análisis que revelan que la mayor parte de detenidos carece de condenas. Por ejemplo, los datos de TRAC señalan que 71,5 % de los detenidos por el ICE al 21 de septiembre de 2025 no tenía condena penal. 
• Distribución por género: 90 % hombres adultos; 10 % mujeres y niños.

Comparativo con administraciones anteriores

• Se afirma que 2025 es el año con más deportaciones en más de una década, superando los registros de Biden y Obama.
• Sin embargo, la meta oficial nunca alcanzó 1 000 000 deportaciones; con la tendencia vigente, se proyecta un máximo de alrededor de 260 000 para el año completo.
• Durante el mandato de Biden, las deportaciones anuales estaban en el rango de 180 000–200 000, con un enfoque más selectivo hacia personas con antecedentes.
  Esto sugiere un cambio de paradigma: de un modelo más centrado, a otro de amplitud y volumen.

Costos y logística

• Costo estimado de los vuelos de deportación (febrero a julio de 2025): USD 183 millones.
• Costo asociado a las deportaciones: USD 96 millones.
• Costo asociado a los traslados internos: USD 87 millones.
• El estado de Texas concentra el 34 % de la actividad aérea migratoria, siendo el principal eje operativo.

Estos datos permiten dimensionar que la política de deportación no es sólo un acto administrativo, sino una operación logística de gran escala, con recursos humanos, aeronáuticos, administrativos y diplomáticos.

Para humanizar los números, vale la pena atender el testimonio de un migrante mexicano detenido en este contexto: “Llevaba siete años trabajando en Texas, sin molestar a nadie, y un día llegaron sin aviso. Me dijeron que ya no tenía lugar, que era “prioridad baja”, y me subieron a un vuelo de retorno. No me dieron tiempo de despedirme de mis hijos”, relata “Jesús” (nombre modificado) desde una zona fronteriza en México.

Este relato —como tantos otros— revela la disrupción personal, familiar y comunitaria que generan estas operaciones de gran escala. Detrás del dato de “239 000 expulsados” hay vidas interrumpidas: trabajos, envíos de remesas, niños que quedan sin padre o madre, comunidades que se reorganizan. Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, la migración no es un delito; cada persona migrante conserva su dignidad, y el “otro” no debe ser tratado como simple cifra.

Además, cuando la mayoría de los detenidos “no tiene antecedentes penales” —como lo señalan los datos de TRAC: 71.5 % sin condena penal al 21 Sept. 2025.— se abre un cuestionamiento ético: ¿estamos frente a una política de castigo masivo, o frente a un sistema de cumplimiento selectivo de ley?

Para México, la ola de deportaciones tiene varias aristas:

1. Remesas y economía familiar: Si un gran número de mexicanos es retornado, las redes de apoyo económico (remesas) se verán afectadas.
2. Derechos humanos y trato digno: México debe exigir que sus nacionales deportados reciban trato digno, conforme a los valores de solidaridad y respeto que promueve la Doctrina Social de la Iglesia.
3. Diplomacia migratoria: El gobierno mexicano debe negociar acuerdos de readmisión, colaborar en protección de derechos y asegurar que las operaciones se hagan con legalidad, transparencia y respeto por los tratados internacionales.
4. Cultura del trabajo y legalidad: Muchos deportados tenían empleos y contribuían al tejido social de EE.UU. Desde el valor mexicano del trabajo digno, cabe preguntarse cómo se protegen esos derechos y trayectorias personales.
5. Comunidades transnacionales: Las familias divididas por la deportación sufren una fractura social que va en contra del valor de la familia, reconocido en la Doctrina Social de la Iglesia.

Retos y vacíos en la política de deportación

Aunque las cifras son contundentes, los informes señalan que el sistema de detención y deportación vive tensiones con la legalidad. Por ejemplo, según el análisis de la Migration Policy Institute, en septiembre de 2025, el 90 % de los detenidos fue deportado directamente desde detención, comparado con el 63 % en octubre de 2024.  Esto puede implicar menor tiempo para defensa legal, trámites de asilo o apelación, lo cual genera interrogantes sobre debido proceso y derechos humanos.

Las cifras “oficiales” del ICE muchas veces no reflejan traslados internos, liberaciones, o deportaciones voluntarias. Por ejemplo, el informe de la Guardian subraya cómo los datos publicados cada dos semanas dejan un margen de incertidumbre. 

Además, los números que menciona el usuario (273 000 arrestos; 239 000 expulsiones; 992 vuelos; 128 960 personas en vuelos; 439 000 traslados internos; 500 000 revocaciones de permisos; 60 % sin antecedente penal) no se encuentran explícitamente todos en la fuente pública abierta, lo cual significa que se requiere mayor precisión en la rendición pública de datos.

Los traslados internos masivos (439 000 personas según el resumen) implican que muchos migrantes viven en una especie de “cadena de detención” sin que su caso avance a deportación, lo cual plantea desgaste emocional, problemas de salud mental, separación familiar y desconexión laboral.
Según la Vera Institute, el uso de 436 instalaciones distintas en junio de 2025 —muchas de ellas “temporales” o “estaciones de tránsito”— refleja que el sistema está lejos de ser estable y transparente. 

Los costos estimados (vuelos: USD 183 millones; deportaciones: USD 96 millones; traslados internos: USD 87 millones) evidencian que este modelo es caro y logísticamente complejo. Aun así, la meta anual de 1 000 000 deportaciones no se alcanzará, lo que plantea ¿a dónde se dirige la política y con qué finalidad?

Las personas migrantes tienen derechos y la patria-nación también tiene responsabilidades. En particular:

• La migración no debe ser criminalizada por su sola condición de no-documentado.
• Se debe priorizar el respeto a la dignidad humana, la familia, la comunidad y la justicia social.
• Los estados tienen la obligación de garantizar condiciones dignas de detención, debido proceso, protección de menores y la reintegración adecuada en el país de origen.

¿Y ahora qué? Propuestas para una política más humana

A partir de los datos disponibles y de los valores señalados, se pueden plantear algunas líneas de acción:

1. Mayor transparencia estadística internacional: Que el ICE y el Department of Homeland Security (DHS) publiquen detalles específicos por nacionalidad, razón de arresto, antecedentes penales o civiles y costos reales para facilitar el análisis de otros países afectados.
2. Tratados bilaterales de readmisión y reintegración: México debe actualizar y fortalecer sus acuerdos de readmisión, protección consular y seguimiento de personas retornadas para evitar repeticiones de vulnerabilidad.
3. Protección de personas sin antecedentes: Dado que la mayoría carece de historial penal, se propone implementar filtros de prioridad que protejan a personas con vínculos comunitarios, laborales y familiares.
4. Apoyo social, emocional y económico a retornados: Crear programas de reinserción laboral y social para los deportados mexicanos, alineados con la doctrina de dignidad del trabajo y la solidaridad.
5. Reducción de traslados internos prolongados: Limitar los “shuffle flights” o traslados internos que prolongan la detención sin resolver la figura de deportación, reduciendo el daño humano y los costos operativos.
6. Diálogo ético-diplomático: Que México promueva un diálogo sobre los efectos humanitarios de la deportación masiva y aboguen por mejores condiciones de trato y respeto al migrante.

El fenómeno de las deportaciones masivas que ejecuta el ICE en 2025 representa un momento crítico para la política migratoria de Estados Unidos y un foco de atención urgente para México. Los datos —detenciones superiores a 273 000, expulsiones cercanas a 239 000, movilización aérea e interna de cientos de miles de personas— no son simples cifras: son vidas humanas, redes familiares, sueños interrumpidos, caminos truncados.

El migrante debe ser visto como persona, no como cifra; la solidaridad debe trascender fronteras, y la legalidad exige que cada actuación se ajuste al derecho, al respeto humano, a la dignidad de la familia. Para los jóvenes mexicanos de 18 a 35 años, esta realidad es doblemente relevante: muchos tienen vínculos directos con la migración (ya sea por trabajo, estudios, familia) y también demandan transparencia, justicia y valores en las políticas públicas.

El reto para México es múltiple: proteger a sus ciudadanos deportados, colaborar con EE.UU. en condiciones dignas, exigir datos precisos, y ofrecer caminos de reinserción. Pero también es un llamado para la sociedad civil, las iglesias y las comunidades a levantar la voz, a sensibilizar y a hacer visible lo que en la mayoría de los medios queda reducido a “número de expulsiones”.

Si bien la meta de 1 000 000 deportaciones no se alcanzará este año, el rumbo ya está marcado: una política de enormidad logística, de volumen de detenciones, de traslados internos acelerados. Cabe preguntar: ¿es esta la forma en que una nación actúa en justicia, con misericordia y respeto al derecho? México, su sociedad joven, y sus valores tienen que decirlo, tienen que intervenir, tienen que influir.

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